Durante la vigencia de la LCSP, distintos acontecimientos inesperados (pandemia de Covid 19 del período 2020-21, alza inflacionista derivada de la invasión rusa de Ucrania de 2022) han puesto de manifiesto los límites regulatorios de un ordenamiento jurídico, el ordinario, pensado para una normalidad que nuestro tiempo histórico altera cada vez con más frecuencia; y, al mismo tiempo, los límites de nuestro ordenamiento de excepción para afrontar aquellos acontecimientos.

Tras el ataque terrorista de Hamas del 7 de octubre de 2023, la respuesta israelí sobre la población de Gaza ha ido escalando hasta extremos que han llevado a que, durante 2023 y 2024, varios países remitiesen la situación en Palestina a la Fiscalía de la Corte Penal Internacional, por considerar que en su contexto podrían haberse cometido crímenes de guerra y crímenes contra la humanidad. El 19 de julio de 2024, la Corte Internacional de Justicia aprobaba una demoledora opinión consultiva contra Israel, que que declaró ilegal la presencia continuada de Israel en el Territorio Palestino Ocupado y señaló las obligaciones correspondientes para Israel, los demás Estados y las Naciones Unidas. En noviembre de 2024, la CPI emitió dos órdenes de arresto contra el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, y el ministro de Defensa, Yoav Gallant, por crímenes de guerra y crímenes contra la humanidad. El 16 de septiembre de 2025, la Comisión Internacional Independiente de Investigación sobre los Territorios Palestinos Ocupados, hacía público su Informe sobre la existencia de un genocidio en Gaza.

Este informe desarrolla las consecuencias jurídicas “erga omnes” de sus conclusiones para toda la comunidad internacional y, en particular, para los Estados que han ratificado la Convención Internacional para la prevención y sanción del delito de Genocidio de 9 de diciembre de 1948. Tal es el caso de España.

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