Sumidos todavía en plena resaca por los efectos de la COVID-19, todas las unidades promotoras o coordinadoras de contratos intentábamos volver a recuperar el ritmo y el pulso,  a la vista que la contratación de emergencia e imperiosa urgencia por suerte para todos ya no era la tramitación habitual.
 
Pero los efectos económicos de la COVID se hicieron patentes y apareció como gran objetivo de todo el sector público promover la recuperación económica. La necesidad de tramitar gran cantidad de nuevos contratos relacionados y financiados con los fondos next generation y concretamente los famosos PERTE, nos obliga en el sector público a ser más eficientes y rápidos en la tramitación de los expedientes y a dotarnos de modelos “estandarizados” de todo tipo de documentación, aunque siempre orientada y dirigida a dar solución a los “juristas”. De hecho aunque parezca un poco caótico somos los que más organizados estamos; nadie nos puede negar que no disponemos de una gran oferta de órganos oficiales autonómicos y estatales de supervisión, fiscalización y revisión que van fijando también la interpretación de la norma, con toda la crítica buena y mala que se les pueda exponer.

No obstante, se está volviendo a repetir un error que lastra la tramitación de los expedientes y ofrece toda una serie de patologías que se sufren en la licitación y ejecución de los contratos. La LCSP -como también su anterior predecesora más inmediata (Ley 30/2007 y el texto refundido 3/2011)-, no va dirigida a juristas, o al menos exclusivamente a estos, sino que es una norma que exige al personal técnico un conocimiento del mercado, de las externalidades negativas y positivas que puede generar cada prestación que se necesite contratar, y de cómo valorar o rechazar esas externalidades para orientar la adjudicación del contrato a la mejor relación calidad-precio. La LCSP es una norma que habla mucho en dos lenguajes, el técnico y el jurídico, que se tienen que entender en paralelo para tener una visión general y entender su objetivo y finalidad. Es necesario que se produzca la traducción de lo jurídico a lo técnico y viceversa.

Ese continuo dialogo técnico y jurídico exige la profesionalización de las unidades técnicas y jurídicas que tramitan contratos y realizan el seguimiento de los mismos. Por un lado, al personal técnico le exige que se actualice permanentemente y que sean auténticos expertos periciales en la materia que contratan, que conozcan el estado de la ciencia y del mercado de las prestaciones que quieren contratar, de tal forma que se sitúen siempre en la vanguardia del desarrollo tecnológico y sobretodo que sean capaces de utilizar ese poder de influencia en la contratación como estrategia para arrastrar al sector privado hacia una nueva orientación, modelo o forma de fabricar los productos o servicios, alineada con las políticas públicas y las finalidades de interés general. Por otro lado, los juristas tienen la misión de ordenar esas demandas o requerimientos técnicos y ver su acomodación en la norma. En definitiva, deben colaborar y coordinarse de una forma ágil y natural.

Una de las tareas que tenemos encomendadas en la Dirección de Coordinación de Contratación, consisten en proporcionar a la organización todos aquellos modelos de documentos, manuales y guías, que faciliten en algún aspecto, aunque sea mínimo, la gestión de los contratos públicos. Lo hacemos constantemente con los modelos de pliegos, pero también ofreciendo actualizaciones de modelos de cláusulas, guías de aplicación, o a través de anuncios o noticias de actualización normativa que trasladamos a todas las unidades promotoras internas. En este orden de cosas y de cara a ganar agilidad en la tramitación de los contratos detectamos la necesidad de que las unidades técnicas y jurídicas dispusieran también de un catálogo o repositorio de criterios técnicos de adjudicación, de tal forma que sobretodo las unidades promotoras de contratación y los responsables técnicos tuvieran un amplio abanico de posibilidades a escoger como criterio de adjudicación en el diseño de sus pliegos o que les incitara a pensar en nuevos criterios, habida cuenta de las dificultades que en esta cuestión se dan entre las unidades técnicas para encontrar aspectos valorables, no discriminatorios, relacionados con el objeto de la prestación y que además incidan en su calidad o eficiencia técnica, social y medioambiental, o fomenten en su caso la innovación.
 
No queríamos bajo ningún pretexto que fuera solo un proyecto nuestro, sino que resultara de un trabajo compartido por otras personas, entidades y organizaciones, que tuvieran alguna relación con la contratación, ya fuera como técnicos o juristas, poderes adjudicadores o potenciales licitadores. Para ello, hicimos difusión de un primer documento editable  a través de las redes sociales, así como en la lista de contactos de que disponíamos y generamos un documento plantilla para estructurar las propuestas de una forma ordenada y comprensible. Después de unos ocho meses el resultado es este recopilatorio de 180 propuestas que ponemos a disposición de todo el mundo, con la idea de mantenerlo, actualizarlo e incluir más criterios.  Por ello, si alguien se le ocurren nuevas propuestas le pedimos por favor que nos las envíe por mail a la dirección: direccio_contractacio@bcn.cat.

Adjuntamos link donde pueden encontrar ese repositorio en castellano y catalán: t.ly/phcr.

Nuestro agradecimiento a las personas que han animado y  han dedicado su tiempo en esta idea para el beneficio de todos.

El equipo de Dirección de Coordinación de Contratación Ayuntamiento de Barcelona.