Este mes de octubre de 2021 se cumplen 10 años del inicio de la trayectoria del Observatorio de Contratatación Pública (www.obcp.es). Quiero recordar que esta iniciativa surgió como resultado de un Proyecto de investigación concedido por el Ministerio de Ciencia e Innovación, con el grupo de investigación formado por José Antonio Moreno Molina, Isabel Gallego Córcoles, Miguel Angel Bernal Blay, Teresa Medina Arnaiz y yo mismo (constituidos como asociación sin ánimo de lucro con esta denominación y sede en la Facultad de Derecho de la Universidad de Zaragoza) y de la colaboración con la consultora multinacional everis (ahora NTT DATA), que, vía convenio de mecenazgo, da el soporte material de la web y de la gestión técnica con Marta Cano. Estructura redimensionada con la incorporación de otras personas al grupo de investigación y al comité científico técnico. El propósito principal consistía en integrar al mayor número de conocedores de la contratación pública, tanto profesionales como académicos, comprometidos con el objetivo de implantar una nueva cultura de la contratación pública con el fin funcionar como “laboratorio de ideas” y presentar propuestas de mejora de la actividad contractual del sector público, desde el convencimiento de su valor como instrumento para un mejor desarrollo de las políticas públicas.
En estos 10 años la iniciativa se ha consolidado como un referente del "think tank", con una amplia red de colaboradores, nacionales e internacionales y un notable apoyo y reconocimiento institucional, público y privado (con acuerdo de colaboración con Transparencia Internacional/España). Y las distintas secciones han permitido sumar y ampliar la estructura con implicación directa a otros compañeros como Patricia Valcarcel, Rafael Acevedo, José Pernas, Carmen de Guerrero, Ximena Lazo, Javier Miranzo, Asunción Sanmartin o Ramon Camp.
Estos diez años de Observatorio deben servir, en primer lugar, de agradecimiento. A todos aquellos que creyeron en la iniciativa (en especial quiero recordar a Sergi Biosca, actual CEO España de everis (ahora NTT DATA), o a personas que animaron y consolidaron el proyecto como Alfonso Ruiz de Castañeda, Juan José Pardo, Francisco Blanco, Vicente Lopez-Ibor o Alfonso Peña), a los colaboradores que se han querido sumar al proyecto y, claro, a las instituciones y sociedad civil que han visto en este proyecto cooperativo y de pensamiento proactivo en red una herramienta de transformación de la contratación pública y de las políticas públicas a las que se vincula. Las más de 600.000 visitas anuales son un aval del interés y valor que se aporta por el Observatorio.
La actividad desplegada ha sido intensa, tanto desde una perspectiva cuantitativa como, principalmente, cualitativa. En especial, más allá de las colaboraciones de opiniones semanales, las noticias o los monitores, querríamos destacar las siguientes:
- Participación en la consulta pública impulsada por la Comisión Europea con motivo de la publicación del Libro Verde sobre la modernización de la política de contratación pública de la UE Hacia un mercado europeo de la contratación pública más eficiente COM(2011) 15 final
- Participación en la consulta pública impulsada por el Gobierno de España con motivo de la publicación del Anteproyecto de ley de transparencia, acceso a la información y buen gobierno.
- Presentación de comunicación en la 5th International Public Procurement Conference:Exploring New Frontiers in Public Procurement celebrada en Seattle (US), sobre las nuevas propuestas de Directiva en materia de contratación Pública.
- Edición del Observatorio de Contratos Públicos, publicado con la editorial Civitas, correspondiente a las anualidades 2010 a 2020.
- Organización Seminarios específicos en contratación pública, en especial los Congresos Internacionales celebrados en Albacete y Cuenca y los Seminarios del Pirineo aragonés (Formigal y Panticosa).
- Celebración del Congreso anual (2017), (2018) y (2019).
- Celebración del Seminario "Retos jurídicos y oportunidades de transformación en la gestión de los fondos Next Generation EU" (noviembre de 2020).
- Celebración del I Congreso Internacional "El desafío de la recuperación y el papel de la contratación pública", en formato presencial en Zaragoza.
En segundo lugar, estos 10 años deben servir de reivindicación del proyecto, con el impulso a una red global de observatorios de contratos públicos (y de mejora de los canales de comunicación) y de suma de instituciones a este proyecto. Que la contratación pública es importante, tanto desde una perspectiva dogmática como práctica no necesita ya de especial justificación. Basta recordar el documento del Consejo de la Unión Europea “Conclusiones del Consejo: inversión pública a través de la contratación pública: recuperación sostenible y reactivación de una economía de la UE resilente” (DOUE de 30 de octubre de 2020), donde se reafirma al máximo nivel político el carácter estratégico de la contratación pública para el impulso de políticas públicas. En el actual contexto postpandemia y de una “diferente” gestión contractual derivada de los fondos next generation, el contrato público debe servir para movilizar inversiones sostenibles que permitan la reconstrucción y la resilencia carece de fundamento jurídico un modelo de colaboración público-privada alejada de lo que son los nuevos canones de una gestión estratégica y responsable de los modelos concesionales como pilar de garantía de los derechos sociales de la ciudadanía. Aunar seguridad jurídica, transparencia, buen gobierno y movilización eficaz y eficiente de las inversiones son esenciales en el “norte” de la nueva brújula en la gestión de los fondos europeos y en la concreta arquitectura de las distintas soluciones de contratación pública que se adopten.
La necesidad de reactivar un nuevo modelo económico (utilizando el contrato público) atendiendo a la lógica de los objetivos ODS, debe ser una oportunidad para avanzar hacia un nuevo modelo productivo más sostenible y más “inteligente”. Corresponde a los poderes públicos liderar la nueva “cultura verde” que permita, desde la planificación, un nuevo escenario económico y social respetuoso con el medio ambiente. Los ODS son la oportunidad para relanzar este nuevo modelo de servicios públicos inteligentes y “circulares”, que integren lo social, ambiental y la equidad como señas de identidad del modelo económico para conseguir un adecuado reequilibrio de riqueza y de derechos y deberes, para avanzar en una sociedad realmente inclusiva. La compra pública tiene la oportunidad de relanzar un nuevo modelo de servicios públicos inteligentes y circulares, que integren lo social, ambiental y la equidad para avanzar en una sociedad realmente inclusiva. Por ello debe promover proyectos que cumplan con los objetivos de la Agenda Verde Europea, proyectos que permitan descarbonizar la economía, cumplir con los objetivos del Tratado de París, luchar contra la degradación de la naturaleza y de los ecosistemas, combatir la contaminación y promover la economía circular. De igual modo, los contratos públicos deben servir como escudo económico para proteger a los sectores productivos más castigados con la crisis Covid-19, en especial pymes y autónomos.
El futuro de la nueva regulación de los contratos públicos aconseja un "big bang" que permita impulsar la necesaria regeneración democrática y rediseño de la contratación pública como estrategia de liderazgo público que pivote sobre los principios de eficiencia, transparencia y buena administración. Por eso, más que nunca, necesitamos una contratación pública abierta, caracterizada por la mayor transparencia, la extensión práctica de los medios electrónicos como herramienta ineludible en la gestión de las decisiones públicas, la adecuada cooperación administrativa para desarrollar “economías de escala organizativas” y, por supuesto, una estrategia de profesionalización horizontal en la contratación pública, delimitando de forma adecuada los distintos roles y funciones en la gestión contractual. Las exigencias de eficiencia y de integridad en las decisiones públicas, como nuevos paradigmas del liderazgo institucional público, exigen la mejor transparencia en la contratación pública y, en consecuencia, la reducción a su mínima expresión de los espacios de opacidad o inmunidad, incompatibles con las exigencias de ética y ejemplaridad de nuestros tiempos.
Frente a inercias o dogmatismos, la situación “global” obliga a repensar soluciones jurídicas en la contratación pública que promuevan la eficacia de las políticas públicas y que concilien los interesen públicos en juego, diseñando procedimientos eficaces y eficientes (que importante las nuevas tecnologías, como los modelos blockchain), que pongan el acento en la calidad de la prestación y que eviten una indebida deslocalización empresarial. Lo que obliga también a una correcta depuración conceptual -con los parámetros del derecho europeo- que permita ver más allá del contrato público (como lo es la cooperación vertical y horizontal, o los negocios excluidos del ámbito de las Directivas de contratación), y superar las inercias del “contrato administrativo”.
Desde el Observatorio creemos en un futuro de la gestión pública desde una óptima utilización del contrato público lo que obliga a una nueva cultura de contratación pública que responda a los siguientes tópicos: responsable, abierta, innovadora, cooperativa, profesionalizada, tecnológica y transformadora. Una contratación pública si so si, estratégica y proactiva, que supere la visión economicista anclada en el precio y ponga en valor la calidad de la prestación.
Una última reflexión. Más allá de cambios normativos (sería deseable la “estabilidad” jurídica) conviene “educar” en una nueva interpretación finalista y no meramente formal (en una mal entendida burocracia). Los desafíos de la utilización de los fondos europeos next generation deben servir para esta nueva visión. El interés general, como parte del ADN de cualquier Administración pública, descansa en el mejor resultado de las prestaciones a los ciudadanos, que no debe confundirse con la tramitación y sus principios que, siendo importantes, son instrumentales al servicio del interés público.
Toca, por ello, tensar al máximo las costuras de nuestra gestión pública y del derecho público, para ir más allá de la inercia y del mantra de siempre se ha hecho así y utilizar interpretaciones finalistas y no formales en la utilización del contrato público. Frente a la amenaza de riesgos de corruptelas (y donde no tendría justificación la tramitación de emergencia) puede ser suficiente una moderna política de rendición de cuentas ex post, realmente transparente, y la articulación de un mecanismo funcional de seguimiento del cumplimiento de los hitos y objetivos de cada proyecto. Simplificación y agilidad como nuevos referentes, para consolidar los desafios de una eficaz política en la utilización del contarto público dirigida a la recuperación, reconstrucción y resilencia, que pivote sobre la sostenibilidad social y ambiental, que piense en pequeña escala (como son las PYMEs) y donde el desafío de fijar inversión productiva estable pueda ser una realidad.
El contrato público (y su necesaria interpretación en una dimensión funcional) debe ser el instrumento para reconstruir las murallas del Derecho público, concebido como garante del interés general al servicio de los ciudadanos (y de la necesaria transformación social). Lo que puede ayudar a corregir el actual "gap" entre ciudanía e instituciones públicas y para asentar el modelo institucional cimentado sobre el buen gobierno. En ello nos implicaremos desde el Observatorio de contratación pública.
