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Reforzar la compra pública estratégica: la Comisión publica la Comunicación COM(2021) 245
20/09/2021
La Comisión ha publicado la Comunicación COM(2021) 245 final, referida a su informe «Aplicación y mejores prácticas de las políticas nacionales de contratación pública en el mercado interior»

La Comisión ha publicado el 20 de mayo la  Comunicación COM(2021) 245 final, referida a su informe «Aplicación y mejores prácticas de las políticas nacionales de contratación pública en el mercado interior». En el Informe se concluye que "resulta fundamental aplicar de manera más estricta las consideraciones de la contratación pública estratégica a fin de contribuir a una recuperación integradora, promover una transición justa y fortalecer la resiliencia socioeconómica, en consonancia con el Pacto Verde Europeo como nueva estrategia de crecimiento para la UE.

Este Informe contiene las aportaciones realizadas por los Estados miembros durante el primer ejercicio de información y supervisión en virtud de los artículos 83 y 85 de la Directiva 2014/24/UE sobre contratación pública, del artículo 45 de la Directiva 2014/23/UE relativa a la adjudicación de contratos de concesión, y de los artículos 99 y 101 de la Directiva 2014/25/UE relativa a la contratación por entidades que operan en los sectores del agua, la energía, los transportes y los servicios postales (En España el Informe Trienal).

El informe europeo tiene un indudable interés, máxime en el contexto de movilización de los fondos europeos Next Generation, en tanto resume tanto los problemas generales, así como los más particulares relativos a prevención corrupción, compra ecológica y socialmente responsable, compra de innovación y contratación pública y PYMES.


Los problemas generales detectados con mayor frecuencia son los siguientes:

  • a) un conocimiento insuficiente de las normas por parte de los profesionales de la contratación pública, en particular de aquellas que no han sido aclaradas por la jurisprudencia;
  • b) una dotación inadecuada de personal (en cuanto a la calidad necesaria y a la variedad de los perfiles) y la retención de personal, sobre todo a escala local; 
  • c) la falta de competencias en materia de contratación pública y un conocimiento insuficiente del mercado; 
  • d) presiones para asegurar un determinado resultado del procedimiento por parte de la jerarquía política; 
  • e) presiones para garantizar resultados rápidamente, que se traducen en menos tiempo para planificar y ejecutar el procedimiento de forma adecuada;
  • f)    la ausencia de centrales de compras o medios insuficientes a disposición de unas entidades adjudicadoras de tamaño reducido y faltas de personal.

Asimismo, advierte que se detecta, frente a lo que exige la normativa europea, “preferencia de los poderes adjudicadores por el criterio de adjudicación del precio más bajo, por considerarse más sencillo y objetivo; el criterio de la mejor relación calidad-precio se aplica en pocos casos, por temor a los riesgos que puede entrañar en auditorías de conformidad”.

En relación a la compra pública ecológica indica como buenas prácticas:

  • a) incluir criterios u objetivos de CPE obligatorios en la legislación sectorial nacional; 
  • b) crear un catálogo de criterios de CPE para diferentes productos y servicios, de acceso gratuito y con distintos criterios en función del grado de atención al medio ambiente;
  • c) imponer la obligación de presentar informes anuales sobre los aspectos medioambientales en los procedimientos de contratación al objeto de garantizar la transparencia y facilitar la recogida de datos;
  • d) impartir formación sobre la CPE a los poderes adjudicadores y las empresas;
  • e) colaborar con las agencias para la protección del medio ambiente (u otros organismos que desempeñen funciones similares) en la puesta en práctica de la CPE.

Por supuesto se presta atención a la compra pública socialmente responsable, que es un eje de la política de contratación pública. Algunos Estados miembros incluso han ido un paso más allá y han incorporado mecanismos de evaluación adecuados en el Derecho nacional, han elaborado orientaciones o han designado un organismo para ayudar a los poderes adjudicadores a aplicar la CPSR y evaluar las repercusiones sociales de las ofertas.

También se detectan debilidades en la compra pública de innovación (aquí la llamada de atención es importante, dada la indudable capacidad transformadora con esta modalidad contractual), advirtiendo que los obstáculos más frecuentes que han encontrado los Estados miembros a menudo tienen que ver con los recursos y la capacidad administrativa necesarios para la aplicación de la CPI, por ejemplo: 

  • a) la falta de concienciación; 
  • b) una insuficiente competencia metodológica por parte de los compradores públicos; 
  • c) la baja tolerancia al riesgo del gasto público; 
  • d) la escasez o ausencia de financiación destinada a la innovación en los organismos públicos;  
  • e) la resistencia al cambio derivada de la cultura organizativa.

Por último, sobre la corrupción y la importancia del principio de integridad se indica que los Estados miembros son conscientes de que la actividad en el ámbito de la integridad y la lucha contra la corrupción exige, además de barreras jurídicas, una influencia positiva en la cultura administrativa, la conducta personal y los valores.