1. La consulta europea

La Comisión Europea inició en diciembre de 2024 una consulta sobre la eficacia y adecuación de las Directivas 2014/23/UE, 2014/24/UE y 2014/25/UE en materia de contratos públicos y concesiones. El objetivo es recopilar datos, opiniones y comentarios para luego formular una propuesta de revisión del marco normativo, orientada a la modernización y simplificación, especialmente en sectores estratégicos, tecnológicos e innovadores. En este contexto, la Comisión presentó un cuestionario en línea abierto a operadores, autoridades, interlocutores sociales e individuos, compuesto por más de 50 preguntas de selección múltiple y con la posibilidad de expresar observaciones libres. La consulta se cerró el 7 de marzo de 2025 y los resultados se presentarán en otoño.

2. L’iniziativa dell’Osservatorio dell’Università di Trento

El Osservatorio di Diritto Comunitario e Nazionale sugli Appalti Pubblici dell’Università di Trento (Italia) participó en la consulta, aportando la opinión de diversos actores involucrados en el mercado de los contratos públicos. Con este fin, se identificó una muestra de 100 profesionales cualificados, representativos de cuatro categorías (académicos y magistrados; abogados y otros profesionales; entidades adjudicadoras; operadores económicos), invitados a completar un cuestionario en línea, anónimo y similar al europeo.

Los resultados fueron incorporados en la consulta de la Comisión, reflejando la opinión mayoritaria de las respuestas recibidas. El objetivo fue ofrecer una visión plural sobre los temas analizados, privilegiando interlocutores expertos en la materia.

A partir de los datos recopilados, se elaboró un Informe que describe los puntos clave de las posiciones expresadas por los participantes. Dicho Informe se basa en un análisis cuantitativo y cualitativo de las respuestas, organizadas por áreas temáticas (simplificación y flexibilidad; digitalización; transparencia, integridad y anticorrupción; profesionalización; sostenibilidad ambiental y social; innovación; apoyo a las pequeñas y medianas empresas). La participación de distintas categorías permitió comparar diferentes sensibilidades y perspectivas, destacando convergencias y divergencias. 

El Informe elenca una serie de indicaciones y propuestas sometidas al debate que animará en los próximos meses el proceso de revisión de las directivas.

El Informe también incluye una serie de Anexos con los resultados de la consulta, tanto de forma agregada como desglosada por categoría de participante. Estos documentos están disponibles en línea en la web del Observatorio.

3. Algunos resultados

Del análisis de los datos cuantitativos y cualitativos emerge un panorama con luces y sombras. Las directivas han incrementado la conciencia sobre la importancia de criterios estratégicos (ambientales, sociales, innovadores) y han proporcionado mayor flexibilidad a las entidades adjudicadoras. Sin embargo, la implementación real de estos objetivos sigue siendo fragmentada y desigual, debido a factores culturales, organizativos y jurídicos.

Simplificación y flexibilidad

Uno de los objetivos de la revisión de las directivas es hacer que los procedimientos de licitación sean más ágiles y adaptables. Sin embargo, solo el 43% de los participantes percibe una mejora efectiva en términos de simplicidad, mientras que el 19,5% considera que las normas siguen siendo demasiado complejas y el 28% se mantiene neutral. Entre los aspectos positivos se citan la digitalización y la introducción del Documento Europeo Único de Contratación (DEUC), mientras que los obstáculos incluyen formalismos excesivos y dificultades interpretativas.

En sentido contrario a la simplificación, se han identificado: dificultades interpretativas en la transposición nacional, formalismos excesivos (por ejemplo, en relación con las causas de exclusión) y la coexistencia de normativas nacionales fragmentadas.

Digitalización y eProcurement

La digitalización ha sido bien recibida por el 51,1% de los encuestados, que reconocen su potencial para reducir la carga burocrática. Sin embargo, solo el 8,9% cree que ha acelerado efectivamente los tiempos de adjudicación. En muchos casos, la coexistencia de procedimientos digitales y en papel ha aumentado la complejidad en lugar de reducirla.

Muchos comentarios indican que la transición a lo digital a menudo ha complementado, en lugar de reemplazar, los procedimientos en papel, provocando un aumento de la burocracia en lugar de una verdadera simplificación. En otras palabras, una situación híbrida en la que la digitalización se implementa de manera parcial, superponiéndose a los procesos en papel. Algunas entidades contratantes, especialmente las de menor tamaño, tienen dificultades para utilizar plataformas avanzadas de eProcurement debido a la falta de formación o de recursos tecnológicos.

Transparencia y lucha contra la corrupción

El 66% de los participantes reconoce que las directivas han mejorado la transparencia de las licitaciones; solo el 19,1% considera que han reducido significativamente el riesgo de corrupción y, lo más sorprendente, el 34% se mantiene neutral y el 36% está en desacuerdo, argumentando que persisten fenómenos colusorios y abusos de poder.

Según algunos profesionales, el problema no radica tanto en las normas, sino en su aplicación efectiva y en los controles.

Profesionalización de las entidades adjudicadoras

Un dato positivo emerge en el ámbito de la competencia de las administraciones adjudicadoras: más del 50% de los participantes ha observado una mejora en la profesionalización, especialmente en las grandes centrales de compra. Sin embargo, las entidades más pequeñas tienen dificultades para implementar procedimientos complejos como el diálogo competitivo y la asociación para la innovación.

Sostenibilidad ambiental y social

Las directivas han incentivado la adopción de criterios ambientales y sociales en la contratación pública, con una respuesta positiva por parte del 55% de los participantes.

Sin embargo, no faltan reservas sobre el tema: muchos advierten que el aumento de certificaciones obligatorias y de los CAM (Criterios Ambientales Mínimos), aunque útiles para la protección del medio ambiente, a veces se traduce en costos adicionales para las empresas y en una mayor complejidad de las ofertas, especialmente para las pymes.

Innovación

Solo el 30% considera que las directivas han promovido efectivamente soluciones innovadoras en las licitaciones.

En este sentido, se destaca que el partenariado para la innovación y el diálogo competitivo son mecanismos poco utilizados debido, entre otras razones, a la complejidad contractual y organizativa, las incertidumbres sobre la propiedad intelectual, la falta de competencias específicas en las entidades adjudicadoras, el temor a impugnaciones por “excesiva discrecionalidad” y la renuencia a experimentar con métodos de contratación fuera de los esquemas tradicionales.

Acceso de las PYMEs y competencia

Más del 56% afirma que el nivel de competencia garantizado por las directivas es elevado. Sin embargo, en respuesta a otra pregunta, se evidencia que las PYMEs siguen enfrentando barreras significativas, especialmente en relación con: requisitos de capacidad técnica y financiera demasiado exigentes, poca disposición a dividir los contratos en lotes, y procedimientos largos y costosos en términos de documentación.

4. Revisión de las Directivas

A partir de los resultados de la consulta, se ha elaborado una serie de propuestas para la revisión de las directivas, que resumimos a continuación, con la invitación a consultarlas en detalle en el § 3.4. del Informe. En particular, se espera que el proceso de revisión contemple soluciones orientadas a:

• Fortalecer la coordinación normativa entre los Estados miembros, favoreciendo una transposición menos desigual;
• Invertir en formación y en una cultura de integridad y eficiencia, en lugar de simplemente endurecer las normas formales;
• Simplificar los procesos, apostando por la digitalización integral y la reducción de trámites duplicados;
• Fomentar contrataciones más inclusivas y sostenibles, equilibrando criterios económicos con objetivos de desarrollo verde y responsabilidad social;
• Establecer mecanismos de gestión de emergencia que garanticen rapidez y transparencia al mismo tiempo.