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ObCP - Noticias
Nueva modificación del TRLCSP
27/01/2014
Esta vez es el turno del art 271 TRLCSP

El Real Decreto-ley 1/2014, de 24 de enero, de reforma en materia de infraestructuras y transporte, y otras medidas económicas modifica el artículo 271 TRLCSP, que quedaría con la siguiente redacción:

Artículo séptimo. Modificación del texto refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, aprobado por el Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre.

Se modifica el artículo 271 del texto refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, aprobado por Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 noviembre, añadiéndose un nuevo apartado 7 con la siguiente redacción:

«7. Si el concesionario no cumpliera con las obligaciones del beneficiario en las expropiaciones y en virtud de resolución judicial, cualquiera que fuera su fecha, la Administración concedente tuviera que hacerse cargo de abonar las indemnizaciones a los expropiados, ésta quedará subrogada en el crédito del expropiado. En todo caso, desde el momento en que se declare la obligación de pago a cargo de la Administración concedente, las cantidades que no le sean reembolsadas minorarán el importe global que corresponda de conformidad con lo dispuesto en el apartado primero de este artículo.»

Nuestro colaborador José Manuel Cantera Cuartango señala que para poder entender esta modificación es necesario traer a colación el artículo sexto de dicho Real Decreto 1/2014, de 24 de enero, que modifica a su vez la Ley 8/1972, de 10 de mayo, de construcción, conservación y explotación de autopistas en régimen de concesión. A través de este artículo se modifica el apartado dos del artículo diecisiete de la Ley 8/1972, de 10 de mayo, de construcción, conservación y explotación de autopistas en régimen de concesión, que queda redactado en los siguientes términos: "En el procedimiento expropiatorio, el concesionario asumirá los derechos y obligaciones del beneficiario y, en consecuencia, satisfará las indemnizaciones de toda índole que procedan por razón de las expropiaciones y ocupaciones temporales necesarias para la ejecución del proyecto. No obstante, si el concesionario no cumpliera dichas obligaciones y en virtud de resolución judicial, cualquiera que fuera su fecha, el Estado tuviera que hacerse cargo de abonar tales indemnizaciones a los expropiados, éste quedará subrogado en el crédito del expropiado. En todo caso, desde el momento en que se declare la obligación de pago a cargo del Estado, las cantidades que no le sean reembolsadas minorarán el importe global que corresponda en concepto de responsabilidad patrimonial de la Administración". Es decir, se ha alterado un artículo de la ley de contratos a partir de un cambio legislativo en la Ley 8/1972, de 10 de mayo, de construcción, conservación y explotación de autopistas en régimen de concesión, pues no tendría sentido que en una materia concreta - la concesión de obra pública de autopista - la Administración asumiera el pago de las indemnizaciones de los expropiados, mientras que en el resto de concesiones de obra pública - de diferentes sectores de múltiples servicios públicos- fueran los concesionarios quiénes tuvieran que asumir este gasto. Se ha aplicado el principio de igualdad y no discriminación que debe presidir todo contrato administrativo recogido en el art.1 del , Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público.

Por último, sorprende - pero así lo ha redactado el legislador- que la aplicación de estas modificaciones legislativas tendrán carácter retroactivo.  Lo establece expresamente la disposición transitoria segunda del Real Decreto-ley 1/2014, de 24 de enero, de reforma en materia de infraestructuras y transporte, y otras medidas económicas - relativa a las normas transitorias en relación con las modificaciones en materia de autopistas en régimen de concesión y con los contratos de concesión-: "Lo dispuesto en los artículos sexto y séptimo de este real decreto-ley - y que se acaban de transcribir-será aplicable a los contratos de concesión cualquiera que sea su fecha de adjudicación".

De este cambio legislativo merece la pena resaltar tres aspectos: 

  • Primero: es la séptima modificación legislativa que sufre - nunca mejor dicho- el Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público en el último año (ya se modificó por Ley 11/2013, de 26 de julio, de medidas de apoyo al emprendedor y de estímulo del crecimiento y de la creación de empleo, por Real Decreto-ley 4/2013, de 22 de febrero, de medidas de apoyo al emprendedor y de estímulo del crecimiento y de la creación de empleo, por Ley 14/2013, de 27 de septiembre, de apoyo a los emprendedores y su internacionalización, por la Ley 19/2013, de 9 de diciembre Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Buen Gobierno, por la Ley 25/2013, de 27 de diciembre, de impulso de la factura electrónica y creación del registro contable de facturas en el Sector Público y por la Ley 22/2013, de 23 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2014) lo que indica la mala técnica legislativa y lo poco serio que se toma que el legislador - en este caso el gobierno de la nación, a través de la figura del Derceto Ley- una norma de tanta trascendencia en todas las Entidades del Sector Público como es Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público 3/2011.
  • Segundo: la modificación contrcatual va a tener un impacto económico negativo - de gran trascendencia- en los presupuetos de las entidades del Sector Público, puesto que es la Administración la que asumirá los gastos de las indemnizaciones que se deban pagar a los expropiados si el concesionario no cumpliera dichas obligaciones y así lo estableciera una resolución judicial, cualquiera que fuera su fecha. Es decir, en vez reducir el gasto público vía contractual, se va a aumentar.
  • Tercero: la aplicación de estas alteraciones normativas tiene carácter retroactivo, contradiciendo, por un lado, el principio general de la irretroactividad de las leyes recogido en el art. 3.3 del Código Civil según el cuál "Las leyes no tendrán efecto retroactivo si no dispusieren lo contrario", y, por otro lado, el principio de riesgo y ventura de los contratos de concesión de obra pública recogido en el art. 215 del Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público según el cuál "La ejecución del contrato se realizará a riesgo y ventura del contratista, sin perjuicio de lo establecido para el de obras en el artículo 231, y de lo pactado en las cláusulas de reparto de riesgo que se incluyan en los contratos de colaboración entre el sector público y el sector privado".