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Impacto y la eficacia de la legislación de la UE sobre Contratación Pública
24/01/2012
Documento de trabajo de los servicios de la Comisión

La presente evaluación analiza si las Directivas de la UE sobre contratación pública 2004/17/CE y 2004/18/CE han logrado que la transparencia y la competencia transfronteriza obren en favor de una mejor contratación pública. En ella se examina si esos objetivos siguen siendo pertinentes ante la evolución de las prioridades económicas y de actuación pública. Estudia, asimismo, la relación de equilibrio entre los costes y los beneficios de la legislación con vistas a determinar lo que debe mejorarse:

Eficacia

La evaluación concluye que las Directivas han aportado una mayor transparencia, la cual ha venido acompañada por una intensificación de la competencia. Las Directivas han conseguido un ahorro cuantificable mediante la obtención de precios más bajos, así como una probable mejora cualitativa que no es fácil de valorar.

La contratación transfronteriza directa no ha aumentado tanto como se preveía, si bien es común en los Estados miembros de menores dimensiones. Muchos operadores económicos aún se ven disuadidos de competir por un contrato en otros Estados miembros debido a una combinación de factores competitivos, estructurales y legales o administrativos. Las garantías legales que establecen las Directivas son posiblemente una condición indispensable, pero no suficiente para erradicar las barreras a la participación transfronteriza en los mercados de contratación pública.

La evaluación ha puesto de manifiesto también que las diferencias en la implementación y aplicación de las Directivas han conducido a resultados distintos en los diversos Estados miembros. El tiempo necesario para completar las etapas de los procedimientos y el coste soportado por los compradores públicos varían considerablemente entre los Estados miembros

Eficiencia

Según la evaluación, el ahorro generado por las Directivas de la UE sobre contratación pública supera con creces los costes que supone para los compradores públicos y los proveedores el llevar a cabo los correspondientes procedimientos. Los resultados positivos del análisis coste-beneficio serían casi sin ninguna duda más favorables aún si se tienen en cuenta las mejoras cualitativas.

No obstante, esta valoración por lo general positiva debe matizarse con ciertas inquietudes que despiertan aspectos concretos del funcionamiento del régimen de contratación pública de la UE. La evaluación sugiere que, en algunas circunstancias, los costes de llevar a cabo los procedimientos regulados podrían ser desproporcionados con respecto a los beneficios previstos. Asimismo, puede haber situaciones en las que determinados aspectos de la normativa conllevan consecuencias no deseadas para la economía en general, en particular, el riesgo de cierre y concentración del mercado si se utilizan contratos marco o a largo plazo.

Las disparidades entre Estados miembros en lo que respecta al tiempo necesario para finalizar los procedimientos y los costes soportados por los compradores públicos sugieren que existe, en el marco de las Directivas, un margen considerable para reducir el coste de la administración de los contratos públicos en muchos Estados miembros, ajustando su práctica a la de los Estados miembros más eficiente

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