La Oficina Nacional de Evaluación ha emitido informe ONE23013, de setiembre de 2023, en el que informa la propuesta de concesión de servicios que remite el Ayuntamiento de Barcelona para la explotación, gestión, dinamización y organización de los servicios del Centro Cívico y del Casal Infantil Urgell, del distrito del Eixample. Este contrato debe incluir la gestión de todos los servicios que figuran en el catálogo de actividades del Centro Cívico -servicio de información, servicios culturales (actuaciones formativas, exposiciones, espectáculos y actuaciones, apoyo a la creación, cesión de espacios, conferencias, etc.) y trabajo con el tejido asociativo del barrio-, y de los servicios de infancia del Casal Infantil Urgell.

La ONE en la introducción al informe precisa que, “Siguiendo el artículo 333.4 de la LCSP y el artículo 7.3 de la Orden ONE, los informes evaluarán si la rentabilidad del proyecto, obtenida en función del valor de la inversión, las ayudas otorgadas, los flujos de caja esperados y la tasa de descuento establecida, es razonable en atención al riesgo de demanda que asuma el concesionario. En dicha evaluación se tendrá en cuenta la mitigación que las ayudas otorgadas puedan suponer sobre otros riesgos distintos del de demanda, que habitualmente deban ser soportados por los operadores económicos”. Los ingresos por la demanda de servicios ofertados en el Centro representan el 38,26% de los ingresos totales que obtendrá el concesionario.

La aportación pública monetaria que realiza el Ayuntamiento de Barcelona representarían el 47,90% de los ingresos concesionales. El Ayuntamiento asume los gastos de limpieza, energía, agua, gas y mantenimiento y reposición de equipos, que son considerados como aportación pública no monetaria y que suponen el 13,84% del total de ingresos concesionales.

El proyecto concesional no prevé inversiones en inmovilizado por parte del concesionario.

Después de realizar los estudios de viabilidad económica financiera, la ONE considera que, “…el mecanismo de retribución permite al concesionario obtener una rentabilidad positiva, aunque sea ajustada, con el sólo cumplimiento del mínimo de cursos y talleres establecido en pliegos (302 anuales), y manteniendo el número de inscritos por encima del establecido en el punto muerto (13,87), pero al mismo tiempo este sistema no parece incentivar lo suficiente al concesionario a incrementar su actividad, toda vez que encuentra su rentabilidad limitada por este mecanismo de “retribución de la gestión”, debiendo retornar la mayor parte del potencial exceso de ingreso al Ayuntamiento”.

El informe concluye que, “Respecto al riesgo operacional que debería asumir el contratista, puede concluirse que no existe transferencia de riesgo operacional suficiente para poder considerar que la naturaleza jurídica de esta licitación es la correspondiente a un contrato de concesión, debido a que, conforme a los análisis realizados en este informe, aun cuando la rentabilidad potencial del contrato pueda resultar ajustada, en condiciones normales de funcionamiento, el concesionario podrá cubrir los costes en que haya incurrido como consecuencia de la explotación del servicio, apreciando que la posibilidad de incurrir en pérdidas resulta meramente nominal y desdeñable.”

Puede accederse al texto íntegro del Informe aquí.