España necesita una nueva cultura de la gobernanza de la colaboración público-privada (CPP), para satisfacer el interés público y mejorar eficiencia de la actuación pública y privada, según un estudio de la Cámara de Barcelona con Esade.

El estudio constata que la Ley 9/2017 de Contratos del Sector Público es un punto de inflexión: da importancia a la fase de ejecución o gestión (frente a la de adjudicación) y a tener en cuenta la calidad del servicio, incorporando criterios sociales y ambientales, y aspectos favorables a la pyme y a la innovación, según un comunicado.

Este informe analiza cómo asegurar una buena gobernanza de la CPP los próximos años, y defiende que las nuevas exigencias de calidad y equidad al prestar servicios públicos implican "una nueva estrategia", basada en la complementariedad entre los esfuerzos públicos y los privados.

El texto explora las bases del impulso de las instituciones comunitarias a favor de la CPP: más eficiencia social; más implicación del sector privado en las necesidades colectivas; más calidad del servicio público; y la posibilidad de soslayar las restricciones presupuestarias derivadas del modelo de estabilidad diseñado en Europa.

OBJETIVOS COMPARTIDOS

Y afirma que un reto importante de la CPP es saber identificar y mantener unos objetivos compartidos por todos sus actores: el sector público debe asegurarse de que la participación del privado en servicios públicos "preserva los valores públicos que legitiman su actuación".

Añade que la comunicación es determinante para "alinear los objetivos, las preferencias y las creencias" entre la Administración, la empresa privada y la ciudadanía, para definir y compartir objetivos claros, comunicar el valor de la colaboración y sociabilizar los impactos conseguidos.

Como factores de éxito de las iniciativas de CPP, el estudio señala la seguridad jurídica, la transparencia y la rendición de cuentas (accountability).

ASIGNATURAS PENDIENTES

Y constata que indicadores internacionales sobre CPP, como el del Banco Mundial, dan a España una puntuación menor en la fase de preparación inicial o adopción de la CPP que en las fases del procedimiento contractual o de la adjudicación.

El estudio fija como asignaturas pendientes en los diferentes niveles de la Administración la falta de documentos de justificación de la elección del modo de producción y de priorización de las inversiones públicas, y la falta de una cultura de evaluación --en forma de coste-beneficio, de rendición de cuentas y de accountability--.