Image
ObCP - Noticias
El Tribunal Supremo (Sala Tercera, de lo Contencioso-administrativo, Sección 4ª, Sentencia 863/2023, de 26 de junio, Rec. 3424/2021) aclara que no toda prestación en el ámbito de la adquisición de medicamentos es contrato público.
13/10/2023

En esta sentencia en Tribunal Supremo declara que con carácter general no cabe confundir la relación contractual sujeta a la disciplina de la contratación pública y en la que hay un intercambio de bienes o servicios, con el sometimiento de las oficinas de farmacia a las potestades de ordenación y planificación farmacéutica que ejercen las Administraciones. Tal intervención se justifica por tratarse de establecimientos de interés público (artículo 1 de la Ley 16/1997, de 25 de abril, de Regulación de Servicios de las Oficinas de Farmacia) y por ser colaboradores del Sistema Nacional de Salud para la prestación farmacéutica.

El argumento del Tribunal Supremo es que, aunque a los referidos depósitos se les suministran medicamentos, en sentido jurídico estricto no hay una relación contractual de suministro entre el centro de quien depende el depósito y la oficina de farmacia vinculada que lo abastece; esa vinculación implica que la oficina de farmacia asume el compromiso de tener abastecido el depósito al que se vincula y a lo que está obligada como oficina de farmacia que es, abastecimiento que como negocio jurídico lo traba con los laboratorios o almacenes mayoristas que le surten de medicamentos, no con la Administración o, en este caso, con el centro social de titularidad pública.

Asimismo, precisa (depurando conceptualmente los que es contrato público) que en la atención farmacéutica prestada por los depósitos de centros sociales de titularidad pública con oficinas de farmacia vinculadas, tampoco se advierte una actividad prestacional constitutiva de un servicio público gestionado indirectamente por una oficina de farmacia, ya que esta oficina de farmacia tiene por función cumplir con las obligaciones que integran la atención farmacéutica: estar abastecida de medicamentos, conservarlos, dispensarlos y ser colaboradora del Sistema Nacional de Salud.

En definitiva, cada Administración, en el ejercicio de su competencia en materia de atención farmacéutica, podrá establecer el régimen competitivo de selección de la oficina que se vincule al depósito de medicamentos, lo que no es una convocatoria ni adjudicación en el sentido previsto en la normativa de contratos del sector público, sino una elección transparente y no discriminatoria, que estimula la competencia, sujeta al procedimiento especial que se regule y, en lo no previsto, sujeta a la normativa sobre procedimiento administrativo común.

Esta sentencia es de especial interés pues, como ya hemos advertido en este Observatorio (Gimeno Feliu) y (García-Alvarez) la adquisición pública de medicamentos puede ser una prestación excepcionada de la aplicación de la LCSP.