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El Gobierno de Aragón aprueba un decreto ley para mejorar la aplicación de la legislación aragonesa sobre contratación pública
27/11/2023

En el Boletín Oficial de Aragón de 27 de noviembre de 2023 se ha publicado el Decreto-ley 2/2023, de 22 de noviembre, del Gobierno de Aragón, por el que se modifica la Ley 11/2023, de 30 de marzo, de uso estratégico de la contratación pública de la Comunidad Autónoma de Aragón.

La Ley 11/2023, de 30 de marzo, de uso estratégico de la contratación pública de la Comunidad Autónoma de Aragón, invita a utilizar la contratación pública como un instrumento para desarrollar políticas públicas de carácter medioambiental, social y de apoyo a la innovación y a las pymes. Si bien es una ley ambiciosa, su puesta en práctica ha demostrado presentar serias dificultades de aplicación, en parte por su defectuosa definición del ámbito subjetivo de aplicación, y en parte porque determinados poderes adjudicadores, por su propia naturaleza o por cuestiones organizativas, se ven imposibilitados para hacer efectivas las exigencias requeridas por la norma.

En el ámbito autonómico, La Ley 11/2023, al no restringir su aplicación a los poderes adjudicadores, se aplicaba a entidades del sector público de carácter industrial o mercantil, entidades para las que la Ley 9/2017 de Contratos del Sector Público establece un régimen más sencillo.

Por lo que respecta a las entidades locales, la aplicación obligatoria de algunos preceptos resulta inviable en los municipios de menor tamaño, por lo que se modifican, acotando su aplicación, los artículos 24 y 94. El artículo 24 imponía la obligación de elaborar catálogos de cláusulas sociales, ambientales e innovadoras al órgano que tenga atribuida la competencia en materia de contratación pública en los entes locales. Es razonable imponer esta obligación solo a la dirección general competente en materia de contratación pública, y que los entes locales puedan elaborar sus propios catálogos, si lo consideran necesario, o tomar en consideración los que aprueben otras administraciones.

El artículo 94 ha causado graves problemas de gestión en las entidades locales más pequeñas, al exigir que en aquellos procedimientos en que la constitución de la mesa de contratación sea potestativa, el órgano de contratación contará con la asistencia de una unidad técnica compuesta, al menos, por tres miembros. Por ello, se restringe esta obligación a la Administración de la Comunidad Autónoma y su sector público. Ello no impide que las entidades locales que lo consideren adecuado puedan seguir esta buena práctica ligada a los principios de integridad y buena administración.

En las entidades locales de menor tamaño ya resulta difícil conformar las mesas de contratación obligatorias, debiendo acudir a la colaboración de Diputaciones Provinciales y Comarcas para cumplir con las exigencias legales. En los procedimientos que no exigen mesa de contratación que, en general, son aquellos de menor cuantía como el procedimiento simplificado abreviado del artículo 159.6 de la Ley 9/2017, obligarles a constituir una unidad técnica compuesta por al menos tres miembros, puede suponer una ralentización enorme de los procedimientos, por eso es mejor que dicha constitución sea optativa y cada órgano de contratación, valorando las circunstancias, decida sobre su constitución.

También, en algunos casos, la depuración conceptual afecta a la Universidad de Zaragoza que, aunque es administración pública, tiene reconocida autonomía económica y financiera por lo que es necesario modular cómo les afectan algunos preceptos de la ley. Se deriva a sus normas internas de organización la regulación de la composición de las mesas de contratación y los comités de expertos; se establece para ellas la posibilidad de adherirse a sistemas de contratación centralizada sin sujeción al procedimiento establecido en el artículo 20 de la Ley; y se les excluye expresamente de la autorización previa del Gobierno de Aragón para licitar, modificar o resolver expedientes de contratación de más de tres millones de euros. Además, se reconoce su libertad para elaborar sus propios planes de profesionalización y formación, sin perjuicio de que mediante convenio puedan adherirse a los planes de formación del Gobierno de Aragón. Asimismo, las Universidades determinarán libremente el porcentaje mínimo del importe que han de alcanzar las reservas sociales en sus contratos.

Otras modificaciones obedecen al objetivo de lograr una mayor simplificación y mejora de los procedimientos de licitación.

En el artículo 37 esta dedicado a la indemnidad de las condiciones laborales, pero esta obligación -mantener o mejorar las condiciones laborales de los trabajadores adscritos al contrato durante su ejecución - sólo puede aplicarse con efectividad a aquellos contratos de servicios en los que la ejecución de la prestación se efectúa por trabajadores empleados y puestos a disposición en exclusiva para ello, y no a cualquier contrato de obra o suministro.

El artículo 47 establecía que con carácter general el contratista podría, a su voluntad, constituir la garantía definitiva como retención de precio. Esto puede ser contrario a los intereses públicos si no se permite al órgano de contratación establecer excepciones, que es lo que recoge el Decreto-ley, teniendo en cuenta que la garantía definitiva responde de la formalización del contrato y del inicio de la ejecución en plazo, y en general de los daños que puede ocasionar el contratista por lo que hasta que no haya ejecutado al menos un 5% del contrato el órgano de contratación no tiene este respaldo.

El órgano de contratación tiene que tener la posibilidad, en aquellos supuestos en que el interés general exige que el contrato se formalice y se inicie de forma inminente, de solicitar el depósito de la garantía definitiva en metálico o mediante aval o seguro de caución, de forma que la eventual incautación de la garantía definitiva en caso de incumplimiento de esos plazos empuje a cumplirlos. Por su parte, la disposición adicional duodécima establecía la necesidad de firmar un convenio con cada administración pública que precise acceder a la base de datos del Registro de Licitadores de la Comunidad Autónoma de Aragón. Pues bien, en aras de una mayor simplificación, se sustituye la firma de un convenio por una solicitud, que deberá ser aceptada por el Gobierno de Aragón y que facultará a esas otras Administraciones públicas a acceder a la mencionada base de datos.

Finalmente, otras modificaciones están orientadas a eliminar problemas de aplicación práctica, por defectuosa redacción de la Ley. Se trata de cuestiones técnicas y en algún caso son aspectos que el Estado ha señalado como viciados de posible inconstitucionalidad.

A modo de ejemplo, se modifica el artículo 43 para citar correctamente la reserva de contratos que tiene que ser a favor de centro especiales de empleo “de iniciativa social”, tal y como exige la Disposición adicional cuarta de la Ley 9/2017, inciso que no se había incorporado a la Ley 11/2023. También se modifican diversos artículos que utilizaban las expresiones “criterios sometidos a evaluación posterior” y “criterios de evaluación previa” en vez de la terminología de la Ley 9/2017 “criterios de valoración aritmética” y “criterios sujetos a juicio de valor” respectivamente, para evitar las dudas sobre los supuestos en que debe constituirse un comité de expertos para la valoración de los criterios cuya cuantificación dependa de un juicio de valor, en los casos en que proceda por tener atribuida una ponderación mayor que la correspondiente a los criterios evaluables de forma automática, y sobre la utilización del procedimiento abierto simplificado abreviado que solo permite criterios de adjudicación cuantificables mediante la mera aplicación de fórmulas.