El 8 de febrero de 2022 el Consejo de Ministros ha aprobado el Proyecto Estratégico para la Recuperación y Transformación Económica (PERTE) relativo al sector agroalimentario con la finalidad de dotar de la financiación y las orientaciones necesarias que sirvan de base para la transición ambiental, digital, social y económica que deberá afrontar en la próxima década. Además, coadyuvará de manera transversal en la senda del reto demográfico como signo de la relevancia que adquiere este sector en el medio rural.
Este PERTE va dirigido a un sector económico completo y se nutre de inversiones y actuaciones recogidas en el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (PPTR). El PERTE, en sinergia con el plan mencionado se articula en torno a tres ejes prioritarios:
- Fortalecimiento industrial del sector agroalimentario (con una dotación de 400 millones de euros).
- Digitalización del sector agroalimentario (con una dotación de 454,35 millones de euros).
- I+D+i en el ámbito agroalimentario (con una dotación de 148,56 millones de euros).
De manera deseable contribuirá a reducir el impacto ambiental de este sector estratégico en nuestra economía, fomentando un enfoque circular y eficiente de los recursos empleados, especialmente en materia de transporte, almacenamiento, envasado y desperdicio de alimentos. Además, colabora en la consecución de los compromisos climáticos mundiales adquiridos en el Acuerdo de París de 2015 sobre cambio climático aplicando los objetivos de desarrollo sostenibles (ODS) de la Agenda 2030 y el enfoque marcado por el Pacto Verde que recoge la “Estrategia de la Granja a la Mesa” con el objeto de acelerar la transición hacia un modelo alimentario sostenible con un impacto medioambiental neutro o positivo.
En esta línea, garantizará el cumplimiento de las líneas estratégicas de la reciente Ley 16/2021, de 14 de diciembre, por la que se modifica la Ley 12/2013, de 2 de agosto, de medidas para mejorar el funcionamiento de la cadena alimentaria y de la futura Ley de Prevención de las pérdidas y el desperdicio alimentario (en tramitación).
Entre sus objetivos se encuentra la mejora de la competitividad, sostenibilidad, trazabilidad y seguridad de este sector en España, lo cual permite fortalecer una posición ventajosa de España en la lucha contra el cambio climático y la cohesión social frenando procesos de despoblación por su potencial transformador y su capacidad de arrastre para desarrollar su actividad en zonas alejadas a los núcleos urbanos.
