Image
Valoración de criterios sujetos a evaluación previa. Actividad no susceptible de impugnación. Inadmisión.
01/11/2012
Acuerdo 30/2012, de 2 de agosto de 2012, del Tribunal Administrativo de Contratos Públicos de Aragón

Se presenta recurso , frente a la valoración de los criterios sujetos a evaluación previa, en la licitación de ocho contratos de servicios de conservación de la Red Autonómica Aragonesa, convocados por el Departamento de Obras Públicas, Urbanismo, Vivienda y Transporte del Gobierno de Aragón.

El TACPA lo inadmite por haberse interpuesto contra actividad no susceptible de impugnación.

"Debe ponerse de manifiesto a este respecto que —como argumenta la Presidenta de la Mesa de contratación en su informe— el artículo 40. 2 TRLCSP delimita cuáles son los actos que pueden ser objeto del recurso especial en materia de contratación, en concreto:
a. Los anuncios de licitación, los pliegos y los documentos contractuales que establezcan las condiciones que deban regir la contratación.
b. Los actos de trámite adoptados en el procedimiento de adjudicación, siempre que éstos decidan directa o indirectamente sobre la adjudicación, determinen la imposibilidad de continuar el procedimiento o produzcan
indefensión o perjuicio irreparable a derechos o intereses legítimos. Se considerarán actos de trámite que determinan la imposibilidad de continuar el procedimiento los actos de la Mesa de Contratación por los que se acuerde la exclusión de licitadores.
c. Los acuerdos de adjudicación adoptados por los poderes adjudicadores.
Las actuaciones tendentes a la adjudicación hasta el momento llevadas a cabo por el Departamento no tienen la consideración de «actos de trámite», en los términos señalados en el apartado b) del artículo 40 TRLCSP, que acaba de transcribirse. En concreto, la asignación y comunicación de las puntuaciones otorgadas en los criterios sujetos a evaluación previa de las propuestas, la calificación de que determinadas propuestas incluyen un valor anormal o
desproporcionado, y el ulterior requerimiento de justificación sobre la viabilidad de las mismas.

A estos efectos hay que señalar que en un procedimiento de licitación hay una resolución final —la adjudicación—que pone fin al mismo, y para llegar ésta se han de seguir una serie de fases, con actos y con intervención de órganos diferentes. Estos actos previos a la adjudicación son los que la Ley denomina «actos de trámite», que por si mismos son actos instrumentales de la resolución final, lo que no implica en todo caso que no sean impugnables. Lo que el TRLCSP establece es que no son impugnables separadamente, salvo que la misma los considere de una importancia especial —en términos legales, que éstos decidan directa o indirectamente sobre la adjudicación, determinen la imposibilidad de continuar el procedimiento o produzcan indefensión o perjuicio irreparable a derechos o intereses legítimos— por un principio de concentración procedimental. Así, habrá que esperar a la resolución del procedimiento de adjudicación para plantear todas las discrepancias de la recurrente sobre el procedimiento tramitado y sobre la legalidad de todos y cada uno de los actos de trámite.
El Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuales ya ha tenido ocasión de pronunciarse sobre la cuestión en diversas resoluciones, entre otras en la número 59, de 2 de marzo de 2011, dictada en el recurso número 32 de 2011.