La Secretaría General Técnica de la Consejería de Transición Ecológica, Lucha contra el Cambio Climático y Planificación Territorial, planteó consulta la Junta Consultiva de Contratación Pública de Canarias solicitando informe sobre el Anteproyecto de Ley Canaria de Economía Circular. Esta iniciativa legislativa, aún en tramitación, podría aprobarse definitivamente en el primer trimestre de 2024, según algunas informaciones publicadas en medios de comunicación.

En este informe se detiene especialmente en el artículo 24, dedicado a la contratación pública, y en particular en su apartado 1.d), donde se establece el fomento “de la proximidad para los productos y procesos productivos en los contratos referentes a servicios de hostelería, catering y restauración, así́ como en los contratos de suministros de carácter alimentario...”.

La JCCPC considera que “la previsión relativa a los productos de proximidad podría suponer la introducción en la licitación de un criterio de arraigo territorial, no serían compatibles con los principios de igualdad de trato, no discriminación y libre concurrencia que consagra la LCSP en sus artículos 1 y 132 con carácter formal y materialmente básico”. La JCCPC propone una terminología menos directa, y entiende que “más que a la “proximidad” del proveedor se podría orientar el criterio a primar los productos frescos o de temporada o con un ciclo corto de distribución, que no necesariamente tiene que estar vinculado a la proximidad”. Es decir, cabría hacer referencias a elementos de sostenibilidad o calidad del producto, que pudieran tener como efecto, en la práctica, que los potenciales proveedores fueran del ámbito territorial cercano; pero no cabría entender la proximidad en sí misma como característica o criterio relevante.

Se trata de otra perspectiva a valorar en un debate que sin duda cobrará fuerza en los próximos años. Sin duda, las relaciones entre la economía circular, la sostenibilidad y otras políticas públicas con la contratación pública está planteando una revisión de conceptos como arraigo territorial, proximidad, producto local, etc. Y así lo muestran estudios recientes como el Monográfico de la Revista General de Derecho Administrativo coordinado por la profesora Ximena Lazo, o iniciativas legislativas como la Ley 2/2021, de 7 de mayo, de Medidas Económicas, Sociales y Tributarias frente a la Despoblación y para el Desarrollo del Medio Rural en Castilla-La Mancha, o la Ley 13/2023, de 30 de marzo, de dinamización del medio rural de Aragón. Informes como el de la JCCPC demuestran, no obstante, que existe un debate abierto al respecto, y que la potencialidad de estas medidas para afectar a los principios clásicos de igualdad y no discriminación exigen una especial cautela y reflexión en este ámbito.