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Régimen de bonificaciones no admisible por no cumplir los requisitos de las mejoras
23/05/2016
Resolución 95/2016 Tribunal Administrativo de Recursos Contractuales de la Junta de Andalucía.
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« (…) el principal objeto de controversia es el establecimiento de las bonificaciones -entendido como el porcentaje de unidades adicionales del mismo producto adquirido que el licitador oferte para cada lote- dentro del criterio de adjudicación de evaluación automática denominado “valor económico unitario neto”.

Considera la recurrente que las mencionadas bonificaciones han de ser consideradas como mejoras y que los pliegos carecen de las precisiones exigidas para el establecimiento de las mismas, por lo que conculcan los principios de transparencia, competencia, concurrencia, igualdad de trato; además, la configuración actual genera un panorama de incertidumbre y de inseguridad jurídica con respecto a la preparación de las ofertas en tanto que no permite realizar una predicción del alcance de las responsabilidades de los licitadores con respecto a sus ofertas.

Añade la recurrente que la fórmula establecida otorga toda la puntuación al licitador que oferte el mejor valor económico unitario neto y al resto de forma proporcional por lo que no tiene recorrido la puntuación. Por otro lado, se toma como unidad de referencia un número de unidades estimadas que aparecen en el Anexo I del PPT, tratándose de un extremo incierto que no puede ser concretado.

Sobre la cuestión relativa a las bonificaciones ya ha tenido la ocasión de manifestarse este Tribunal, así en nuestras Resoluciones 175/2015 y 179/2015 ambas de 12 mayo, se manifiesta “(...) las bonificaciones, ya sean en género o a través de descuentos en el precio unitario a partir de un determinado límite de compra, son criterios de adjudicación directamente vinculados al objeto del contrato conforme al artículo 150 del TRLCSP que se traducen en mejoras de tipo económico a las que procede aplicar los requisitos legales del artículo 147.2 del TRLCSP, cuyo tenor es el siguiente: «La posibilidad de que los licitadores ofrezcan variantes o mejoras se indicará en el anuncio de licitación del contrato precisando sobre qué elementos y en qué condiciones queda autorizada su presentación».

El propio Tribunal de Justicia de la Unión Europea ha sostenido que los pliegos deben detallar los requisitos y condiciones en la prestación de las variantes o mejoras en aras al respeto del principio de igualdad de trato de los licitadores (Sentencia de 16 de octubre de 2003, asunto Traunfellner GMBH).

De otro lado, la Junta Consultiva de Contratación de la Administración del Estado, en su informe 59/2009, de 26 de febrero, admite la existencia de mejoras que impliquen la ejecución de prestaciones accesorias para el contratista, sin coste para el órgano de contratación, siempre que se establezcan los criterios de valoración que hayan de aplicárseles, figuren detalladas en el pliego de cláusulas administrativas particulares con expresión de sus requisitos, límites, modalidades y características que permitan identificarlas suficientemente y guarden relación directa con el objeto del contrato.

En igual sentido, todos los Tribunales Administrativos de recursos contractuales consideran que la concreción de las mejoras en los pliegos -con la indicación de los elementos sobre los que puedan recaer y las condiciones en que queda autorizada su presentación- es un requisito legal cuya ausencia infringe lo dispuesto en los artículos 147 y 150 del TRLCSP y atenta al principio de igualdad de trato de los licitadores, quienes desconocen al preparar sus ofertas qué mejoras van a ser admitidas y valoradas.

En tal sentido, el Acuerdo 20/2012, de 14 de junio, del Tribunal Administrativo de Contratos Públicos de Aragón, señala que estos requisitos exigidos por el TRLCSP para las mejoras derivan de la necesidad de que los licitadores concurran en idénticas condiciones de igualdad, de manera que sus ofertas sean valoradas en función de las condiciones y características propias del contrato a ejecutar.

(…) en el presente supuesto se establece un régimen de bonificaciones donde no se concreta el límite de unidades a ofertar gratuitamente que obtendría una máxima puntuación, y que pudiera servir de parámetro para la valoración de las distintas ofertas. En su lugar, la puntuación dependerá de dos factores; por un lado del valor económico unitario neto del producto ofertado y del porcentaje de unidades de producto que los licitadores estén dispuestos a ofertar gratuitamente; del resultado de la aplicación de la fórmula -arriba reproducida- se obtiene el denominado “valor unitario neto” y finalmente el mencionado valor obtenido alcanzará una puntuación proporcional según su relación con el resto de las ofertas -la más barata la máxima puntuación y el resto inversamente proporcional-.

Como indica la recurrente, hay que tener en cuenta que no se establece un límite máximo a la bonificación, ya que hipotéticamente un licitador podría entregar un número de unidades gratuitas que llegase a ser incluso superior al de las unidades a adquirir -como decimos podría ser de un 150%-, cuestión que se encuentra agravada por el hecho de que tampoco están fijados previamente el número de unidades que se van a solicitar, ya que tan solo se dispone de una estimación -según se prevé en el artículo 9.3.a) del TRLCSP-, es decir, en el presente supuesto se infiere que no se establecen a priori parámetros objetivos que faciliten a los licitadores los datos suficientes para que preparen sus ofertas.

Siendo así que procede la estimación del recurso con relación a la impugnación de los criterios de adjudicación “2.1. valor económico unitario neto (precio de la bolsa)” y “2.2 valor económico unitario neto (precio del gramo de nitrógeno, calculado este dividiendo el precio unitario de la bolsa entre el contenido en gramos de nitrógeno de la misma según oferta técnica)” procediendo pues su anulación.»