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Contrato entre una Administración Pública y una Universidad Pública
29/12/2023

El departamento de Derechos Sociales de la Generalitat de Catalunya le pregunta a la Junta  Consultiva de Contratación Pública de dicha Comunidad si el contrato con una Universidad pública para encargarle a un catedrático de dicha universidad la redacción de las bases de una futura ley catalana recibiendo como contrapartida el pago de una cuantía monetaria puede considerarse un contrato privado de los previstos en el artículo 36 de la Ley 14/2011, de 1 de junio, de la Ciencia, de la Tecnología y la Innovación, para la formalización de contratos privados relativos a la promoción y gestión de resultados de la actividad de investigación.

Dicho artículo 36 establece que,

““1. Sin perjuicio de lo previsto en el apartado 3, se rigen por el Derecho privado aplicable con carácter general, con sujeción al principio de libertad de pactos, y podrán ser adjudicados de forma directa, los siguientes contratos relativos a la promoción, gestión y transferencia de resultados de la actividad de investigación, desarrollo e innovación, suscritos por los Organismos Públicos de Investigación de la Administración General del Estado, las universidades públicas, las fundaciones del sector público estatal y otras entidades dedicadas a la investigación, desarrollo e innovación y dependientes de la Administración General del Estado:

a) Contratos de opción para explorar la viabilidad empresarial y de sociedad suscritos con ocasión de la constitución o participación en sociedades.

b) Contratos de financiación y de colaboración para la valorización y transferencia de resultados de la actividad de investigación, desarrollo e innovación.

c) Contratos de prestación de servicios de investigación, desarrollo y asistencia técnica con entidades públicas y privadas, para la realización de trabajos de carácter científico y técnico o para el desarrollo de enseñanzas de especialización o actividades específicas de formación.

2. Sin perjuicio de lo establecido en el apartado 3, en el caso de los agentes públicos de ejecución dependientes o adscritos a una Comunidad Autónoma o a una Administración local, los contratos mencionados en el apartado anterior se regirán por el Derecho privado conforme a lo dispuesto en la normativa propia de cada Comunidad Autónoma. En defecto de regulación específica en la materia, tales entidades podrán aplicar supletoriamente el régimen previsto en el apartado anterior.

3. Lo dispuesto en este artículo no resultará de aplicación a los contratos sujetos a la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, por la que se transponen al ordenamiento jurídico español las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014”.

La Junta en Informe 34/2023 de 13 de diciembre analiza la significación del artículo 36. Considera que “… en el supuesto que se plantea en la petición de informe las partes no cooperan para realizar una misión de servicio público común, sino que establecen una relación sinalagmática con el compromiso de un intercambio de prestaciones, en virtud de la cual la universidad se obliga a realizar para la Administración una prestación que se incardina en el objeto de los contratos del sector público a cambio de un precio que ésta deberá abonarle como contraprestación económica por el trabajo realizado, de manera que el negocio jurídico participa de las características de los contactos del sector público, tanto respecto al objeto como al carácter oneroso, lo que lleva tener que descartar la posibilidad de vehicularlo mediante convenio de colaboración”.

Asimismo, “… no procede la aplicación del supuesto de exclusión previsto en el artículo 8 de la LCSP, relativo a los contratos de investigación y desarrollo, en tanto que hace referencia a la llamada compra precomercial…”.

Finalmente, considera que la previsión del art. 11.4 LCSP, “están excluidos los contratos por los que una entidad del sector público se obligue a entregar bienes o derechos o a prestar algún servicio”, supuesto éste que encaja con el de una universidad pública que, mediante un contrato de transferencia de conocimiento, se obliga a llevar a cabo trabajos técnicos a favor de otra entidad. Sin embargo, tal como matiza el mismo artículo 11.4 de la LCSP, esta exclusión decae si el adquirente de los bienes o el receptor de los servicios es una entidad del sector público sujeta a la LCSP, en cuyo caso el contrato queda sometido”.

Por fin concluye:” La suscripción por parte de una Administración de un contrato con una universidad pública que tenga por objeto la transferencia de conocimiento mediante la realización de trabajos técnicos que consisten en la redacción de las bases de una futura ley se encuentra sujeto a la normativa de contratación pública, de acuerdo con la misma Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, y con la legislación de la ciencia, tanto estatal como catalana”.

Puede accederse al texto íntegro del Informe aquí.