El aseguramiento de la responsabilidad patrimonial sanitaria se ha consolidado como un instrumento esencial de gestión del riesgo en los servicios públicos de salud, al permitir compatibilizar la reparación íntegra del daño con la estabilidad presupuestaria de las Administraciones públicas.

Sin embargo, el incremento estructural de las primas de seguro en los últimos años ha puesto en cuestión la sostenibilidad de los modelos tradicionales de contratación. Las reformas del sistema de valoración de daños personales, la evolución jurisprudencial en la aplicación del baremo y el aumento de la siniestralidad con elementos estructurales que presionan al alza los precios (envejecimiento, mayor demanda asistencial, digitalización, medicina personalizada, entre otros) han alterado profundamente el contenido económico del riesgo asegurado.

En este nuevo contexto, la persistencia de esquemas de adjudicación basados casi exclusivamente en el precio no solo resulta ineficiente, sino jurídicamente problemática. Este trabajo analiza, desde la perspectiva de la Ley de Contratos del Sector Público y del régimen de responsabilidad patrimonial sanitaria, por qué la prima suficiente se ha convertido hoy en una exigencia de legalidad y de buena administración, y propone claves para una contratación pública de seguros sanitarios sostenible y coherente con el interés público.

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