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Publicación del estudio de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) Government at a Glance 2021
13/07/2021
La OCDE publica cada dos años el estudio Government at a Glance que proporciona información sobre distintos indicadores relacionados con actividades gubernamentales de los países de la OCDE.

La edición de 2021 trata los indicadores de la contratación pública en su capítulo octavo (págs. 161-171) y lo hace analizando cinco aspectos: 1. El tamaño de la contratación pública; 2. La contratación pública estratégica; 3. La contratación electrónica y su integración con la gestión de las finanzas públicas; 4. La gestión de los riesgos de la contratación de emergencia y 5. La profesionalización de la contratación pública. Cada indicador se presenta en un formato fácil de usar, que consta de gráficos y/o cuadros que ilustran las diferencias entre países.

El gasto en contratación pública como porcentaje del PIB aumentó ligeramente en la OCDE durante la última década, del 11,8% del PIB en 2008 al 12,6% del PIB en 2019. La pandemia de COVID-19 provocó un repunte de las compras públicas en 2020. Entre los 22 países de la OCDE-UE para los que se dispone de datos, la contratación pública aumentó del 13,7% del PIB en 2019 al 14,9% del PIB en 2020. Aun con esos datos, se destaca que la contratación pública como porcentaje del gasto público total ha disminuido en todos los países de la OCDE, puesto que el gasto público no relacionado con las compras públicas creció más rápido que el gasto dedicado a adquisiciones debido a los paquetes de ayudas proporcionadas por los gobiernos en respuesta a la pandemia.

El uso de la contratación pública estratégica se encuentra presente en la regulación de 27 países (26 países de la OCDE y un socio, Brasil). Todos estos países tienen un marco normativo para apoyar los objetivos ambientales en la contratación pública, el 70% para contribuir a la defensa de los derechos humanos, el 41% aborda cuestiones de género y el 48% ofrece apoyo a las minorías. Por ejemplo, Chile introdujo un programa para promover la participación de empresas lideradas por mujeres en el mercado de contratación pública, y en Islandia y Suiza los proveedores deben tener igual salario entre hombres y mujeres para participar en las licitaciones. En Canadá, la política sobre adquisición ética de prendas de vestir exige que los proveedores de prendas del gobierno certifiquen que ellos y sus subcontratistas de primer nivel cumplen con las leyes locales y las normas internacionales sobre el trabajo y los derechos humanos.

La vinculación de los procedimientos de contratación pública con otros sistemas de gestión de las finanzas públicas se considera una parte esencial para garantizar una gestión eficiente y sólida, así como para ayudar a detectar posibles sobrecostes, tendencias de gasto y demanda y posibles irregularidades. Los Estados están aprovechando las tecnologías digitales para lograr mejores resultados y prestar servicios públicos de manera más eficaz y eficiente. Al digitalizar progresivamente sus operaciones, las Administraciones públicas pueden respaldar interacciones fluidas con sus ciudadanos y empresas. Los sistemas de contratación electrónica pueden mejorar significativamente la visibilidad sobre cómo se gasta el dinero público, ayudar a combatir la corrupción, aumentar la eficiencia de la contratación pública, ahorrar dinero y tiempo al reducir las cargas administrativas y los posibles errores que pueden surgir durante los ciclos de contratación pública. Reconociendo estos beneficios, los países han digitalizado sus procesos de contratación pública y ampliado sus herramientas tecnológicas para cubrir el ciclo de contratación.

La pandemia COVID-19 ha puesto de manifiesto un uso generalizado del procedimiento de emergencia para la adquisición de bienes y servicios esenciales. La pandemia afectó a la forma en que los gobiernos planifican (en diferentes niveles) su compra, realizan adquisiciones y gestionan los contratos en curso, no solo respecto de productos y servicios relacionados con la salud, sino también para los bienes, servicios e infraestructura necesarios para proporcionar servicios públicos esenciales. De acuerdo con los datos recopilados por la OCDE, de un total de 29 países, 14 de ellos (46,7%) introdujeron regulaciones temporales de contratación pública por razón de la pandemia (por ejemplo, Francia) o aplicaron disposiciones específicas sobre contratación pública, como hizo Eslovenia. 25 países (un 86%) desarrollaron orientaciones específicas para ayudar a los compradores públicos a realizar adquisiciones durante la crisis, desde detallar los procedimientos de emergencia hasta implementar cambios en los contratos en curso o utilizar condiciones de pago específicas, como se hizo en Austria. Además, 19 de los 29 países de la OCDE (un 63,3%) han aumentado la coordinación o centralización de la adquisición de bienes esenciales, incluyendo no solo productos sanitarios, sino también equipos y servicios informáticos. Bélgica ha creado un grupo de trabajo para supervisar los suministros y comunicar los pedidos. En Italia, Consip -el organismo central de compras italiano- recibió el mandato de adquirir de forma centralizada los bienes y servicios necesarios para responder a la crisis. Además, 12 de los países de la OCDE (un 41%), entre los que se encuentra España, han puesto en marcha medidas para apoyar a las empresas, como ampliar los plazos para la finalización de contratos o proporcionar pagos anticipados.

La contratación pública se está volviendo cada vez más compleja a medida que se imponen más demandas a los profesionales de la contratación. Estas nuevas demandas van desde la entrega de bienes, servicios y obras que sustentan los servicios públicos, hasta garantizar la resiliencia y productividad de los procesos, y la implementación de objetivos estratégicos con la compra pública. El éxito de estos cambios depende en gran medida de la capacitación y la profesionalización de las personas que realizan o participan en tareas relacionadas con la contratación.

Este es uno de los aspectos recogidos en la Recomendación de la OCDE sobre Contratación Pública https://www.oecd.org/gov/public-procurement/OCDE-Recomendacion-sobre-Contratacion-Publica-ES.pdf