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Criterio de adjudicación: programa informático implantado y probado anteriormente en la gestión de personas para limpiezas en, al menos, un centro sanitario
17/04/2024

EL Tribunal Administrativo de Contratación Pública de la Comunidad Autónoma de Galicia (TACGal) ha resuelto en su Resolución 18/2014 de 25 de enero de 2024 recurso especial interpuesto por ASPEL (Asociación Profesional de Empresas de Limpieza) contra los pliegos de la contratación de un Servicio de limpieza de los centros hospitalarios que forman parte del Complejo Hospitalario Universitario de Ferrol dependiente del Servicio Gallego de Salud.

Son recurridos dos criterios de adjudicación, pero recensionamos el referido a la ponderación con 7 puntos valorando la implantación de programa informático en otros centros sanitarios. La puntuación se otorgará a aquellas empresas que oferten un programa informático implantado y probado anteriormente en la gestión de personas para limpiezas en, al menos, un centro sanitario y con 0 puntos aquellas que no lo oferten o no acrediten la efectiva puesta en marcha en al menos un centro sanitario.

El órgano de contratación justifica el criterio en el sentido que, “Poder constatar que el programa informático haya sido implantado y probado en centros sanitarios aporta una mayor versatilidad a su funcionalidad al hacer más posible su adaptación a las necesidades de la Gerencia”.

El TACGal estima el recurso y anula la licitación. Considera frente a la motivación aducida por el órgano de contratación que no es adecuada, “…porque esa versatilidad vendrá determinada de forma específica por las características del propio programa, pero no exclusivamente por el hecho de que esté en funcionamiento en uno centro de salud. El criterio de adjudicación no se ajusta a las exigencias del art. 145 LCSP.

El recurso especial es resuelto y publicado en 14 días desde la fecha de interposición del mismo.

La Resolución del TACGal aduce además que el criterio de adjudicación sería propiamente un criterio de solvencia técnica.

Creemos que también como criterio de solvencia técnica sería contrario a la LCSP toda vez que propiciaría un impedimento a la participación desproporcionado en cuanto a la exigencia que el programa informático tuviera que estar referido a la gestión de personal de limpieza en centros sanitarios.

Esta resolución nos plantea una vez más el equilibro entre las necesidades/exigencias del personal técnico que establece prescripciones para licitar y los gestores administrativos y órganos de control en la vigilancia del cumplimiento de los principios del Derecho europeo y de la LCSP de concurrencia e igualdad de trato. Un diálogo adecuado entre las dos sensibilidades en la confección de los pliegos mediante reuniones preparatorias adecuadas debiera haber detectado la desigualdad de trato que suponía el criterio de adjudicación.

¿Cómo pudo superar el “filtro” del asesoramiento jurídico y de la Intervención delegada o cómo pudo ser incumplida la observación que eventualmente se hubiera ya manifestado en los informes previos a la licitación correspondientemente emitidos? No se dice nada al respecto en la resolución del TACGal pero sería más crítico el hecho que ya se hubieran manifestado en la tramitación interna del expediente de licitación advertencias sobre infracción del principio de igualdad de trato con el criterio de adjudicación de referencia. Igualmente crítico sería que no se hubieran manifestado advertencia alguna.

La profesionalización de los compradores públicos es trascendental. Exige una reflexión crítica previa a la licitación por parte de técnicos, gestores y órganos de contratos acerca de los criterios de solvencia y los de adjudicación que se establezcan en los pliegos pensando en las repercusiones que cada criterio supone en el mercado y los potenciales licitadores. Asimismo, exige integrar en ese momento los pronunciamientos de Tribunales de recursos y Juntas Consultivas.

Deben reforzarse los programas de formación atendiendo las cuestiones que más reiteradamente lleguen a los tribunales de recursos y ésta sobre requerimientos de experiencia tan ajustados a la “necesidades” de una prestación que acaban suponiendo desigualdad de trato entre licitadores son una de las más groseras.

Puede accederse al texto íntegro en gallego de la resolución aquí.