El volumen - publicado al final del 2019 - recoge las actas del Congreso celebrado en la Facultad de Derecho de la Universidad, organizado por el Osservatorio di Diritto Comunitario e Nazionale sugli Appalti Pubblici en colaboración con Transparency International Italia.

Durante el Congreso se presentaron los resultados de la investigación “Curiamo la corruzione” lanzada por Transparency en 2015 con la participación de muchas compañías de salud, la Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) y numerosas asociaciones que representan a la sociedad civil. Entre las actividades realizadas destacamos el análisis de los Planes Trienales para la Prevención de la Corrupción (PTPC) en el sector de salud. Los Planes están diseñados para identificar y mapear las áreas de mayor riesgo de comportamiento corrupto para cada administración, para luego definir medidas organizativas específicas con fines preventivos o, en cualquier caso, para inhibir los factores que pueden facilitar dichos comportamientos.

Durante los tres años de la investigación de Transparency, se ha llevado a cabo un trabajo refinado y meticuloso, cuyos resultados son de particular interés. Los investigadores, de hecho, primero integraron el análisis crítico con una serie de indicaciones para la mejora de los Planes, y luego trazaron, aprovechando las elaboraciones realizadas, las coordenadas para la creación de una futura nueva generación de Planes, menos formales, más inclusivos, más compartidos con los empleados, más atentos a la confidencialidad de informaciones no divulgables, modulados a lo largo del tiempo y de acuerdo con la capacidad de los organismos de referencia (por lo tanto, ya no según la lógica one siz fits all), más fácilmente comparables en los resultados.

Luego, el Congreso ofreció la oportunidad de realizar algunas reflexiones sobre el complejo y multiforme fenómeno de la corrupción y de la anticorrupción. En la sesión de apertura, el debate entre el historiador del pensamiento político, el publicista y el internacionalista contribuyó a enriquecer el debate y a hacer más completo el conocimiento no solo del fenómeno sino también de las soluciones preparadas en diferentes épocas y sistemas. Así, entendimos que el 'encanto' ejercido por el modelo danés, entre los mejores en las clasificaciones internacionales para medir los niveles de corrupción (Corruption Perception Index, Corruption Control Indicator, Public Administration Corruption Index, Global Corruption Barometer), es el resultado de un proceso perfeccionado a lo largo de 400 años de historia, basado en valores (meritocracia y competencia) y en reglas cuyo trasplante en los sistemas de "clima cálido" del Mediterráneo no garantiza necesariamente los mismos resultados a corto plazo.

Sin embargo, no debe descartarse la idea de que las reglas, y con ellas los valores y los procedimientos, constituyen un poderoso medio de orientación para un enfoque (también) cultural diferente contra la corrupción. Regular, por otro lado, no es suficiente. En los sistemas, como el italiano, caracterizados por la hipertrofia normativa y la consecuente rigidez, se vuelve particularmente importante dirigir la atención a la calidad de las reglas, la evaluación de su efectividad, la competencia de quienes están llamados a aplicarlas y de quienes supervisan su aplicación.

En las siguientes sesiones del Congreso, los temas de la prevención y de la lucha contra la corrupción se consideraron desde dos puntos de vista diferentes.

El primero, centrado exclusivamente en el sector público, se refería a la investigación ya mencionada "Curiamo la corruzione" (sobre este tema, consulte las ponencias de Lorenzo Segato, Agnese Morelli y Paolo Bertaccini), así como la iniciativa Integrity Pact: Civil Control Mechanisms for Safeguarding EU Fund promovida por la Comisión Europea.

La iniciativa Integrity Pact, objeto de la ponencia de Giovanni Colombo y Chiara Putaturo, está asociada con la realización de diecisiete proyectos (obras de infraestructura y servicios) cofinanciados por los fondos estructurales y de cohesión de la Unión Europea en once Estados miembros (cuatro proyectos están en Italia, tres en Rumania, dos en Hungría, uno en Bulgaria, Grecia, Letonia, Lituania, Polonia, Portugal, República Checa y Eslovenia) por un valor total de más de 920 millones de euros.

El núcleo central de la iniciativa es la experimentación dentro de estos proyectos de Pactos de integridad del tipo “avanzados” o de “segunda generación”, actos de naturaleza contractual que vinculan no solo a las administraciones públicas contratantes y operadores económicos involucrados en la realización de las obras, pero también un tercero, independiente, que tiene funciones de supervisión, así como de comunicación con la sociedad civil.

El envolvimiento y la participación cívica en los resultados de la supervisión constituyen el aspecto más innovador de los Pactos. La actividad de supervisión se basa en la compartición de documentos y en estudios realizados mediante la aplicación de un conjunto de criterios, todo con el objetivo no solo de captar eventuales opacidades, sino también de divulgar los resultados a los ciudadanos, con referencia, por ejemplo, al cumplimiento de los tiempos de implementación, de los costos estimados, de las garantías salariales de los trabajadores. A través de los informes elaborados periódicamente por el organismo de supervisión, se garantiza una ventana de información a la sociedad civil, que de esta manera puede acceder fácilmente a este tipo de información y actualizarse sobre el progreso del contrato. La relación entre el organismo de supervisión y la ciudadanía no se limita a la participación pasiva de esta última. El objetivo final de los Pactos, de hecho, es crear conciencia y concretar el papel activo que puede desempeñar la sociedad civil en la lucha contra la corrupción y la mala administración.

Los Pactos de integridad, en este nuevo modelo, se están arraigando como una buena práctica, incluso fuera de la experimentación de la Comisión Europea, se postulando para convertirse en un posible estándar para ser aplicado a la contratación pública en todos los Estados miembros de la UE.

El segundo punto de vista sobre las cuestiones de la prevención y de la lucha contra la corrupción se refirió al sector privado. Sería engañoso e inexacto, de hecho, pensar que corrupción, mala administración y mala gestión son fenómenos limitados a la esfera pública o a las relaciones entre lo público y lo privado.

En las fuentes internacionales, la corrupción se describe como "el abuso de un poder delegado en favor de una ventaja privada"; en estos términos, la corrupción puede ser pública o privada, dependiendo de si la persona que delega los poderes es pública o privada.

Algunas ideas también pueden derivarse de la raíz latina del término, cum rumpere, que describe la acción dirigida a partir, romper, descomponer la cohesión de algo, la confianza depositada por alguien. Aquí, la corrupción se fundamenta en la violación de un criterio (legal, social, político, ético), en el abuso de confianza perpetrado en el ejercicio de poderes delegados (públicos o privados). En este contexto, la iniciativa de Transparency International Italia lanzada a finales de 2015 en el ámbito del Business Integrity Forum (BIF) es particularmente innovadora, con el objetivo de explotar una serie de colaboraciones con algunas de las empresas italianas más importantes, que demuestran especial atención a los temas de la transparencia, de la integridad, de la anticorrupción, como expresión de su forma de colocarse en el mercado.

En las ponencias del volumen se desprende que esta atención se pierde casi por completo en el caso de las micro, pequeñas y medianas empresas (PYMES), ya sea por razones de competencias específicas (los llamados sectores de Compliance o Corporate Social Responsability son casi inexistentes) y/o por falta de recursos para esta actuación, a pesar de que constituyen la columna vertebral del sistema económico y productivo en Italia y en la Unión Europea, el elemento más relevante en términos de empleo y desarrollo. En general, la ponencia muestra que las PYMES italianas no tienen conciencia del hecho de que la integridad es un posible activo de valorización y fiabilidad, capaz de aumentar las posibilidades de selección en la supply chain de las grandes empresas, tanto dentro como fuera de las fronteras nacionales. De ahí la preparación, por Transparency, de un PYME Integrity Kit que consta de tres herramientas operativas dirigidas a pequeñas empresas, capaces de facilitar la aplicación de soluciones para combatir la corrupción.

Otros temas y soluciones innovadoras se presentan en las ponencias que describen los experimentos y resultados logrados en las respectivas actividades de investigación, que tienen el tema de la medición como denominador común. Estas son investigaciones particularmente desafiantes porque aplican lógicas y métodos de cuantificación sobre lo que difícilmente se puede cuantificar, como, por ejemplo: el valor de la confianza, generado por el trabajo de una empresa; los efectos de una actividad en términos de bienestar mental y físico hacia los empleados, familiares y usuarios; las actitudes modificadas, las habilidades o soft skills, las propensiones a consumir o los cambios en el comportamiento. Los resultados no dejan de sorprender, como lo demuestran los datos obtenidos de los primeros experimentos. Uno de todos merece ser recordado, o que la aplicación de medidas anticorrupción genera impactos sociales positivos (tanto para los empleados de la empresa, como para los stakeholders externos y la comunidad) en la doble medida del valor correspondiente a la inversión necesaria para implementarlos.

El volumen termina con las ponencias de los participantes en la Mesa Redonda, una oportunidad de discusión y debate entre aquellos que aplican los instrumentos jurídicos a diario, que no siempre son fáciles de manejar, diseñados para combatir la corrupción y la mala gestión, y aquellos que, por otro lado, son en el origen de ciertas elecciones, ya sea por el papel de toma de decisiones que desempeñan dentro de las instituciones, o por el conocimiento del que son portadores.