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Muy buena, buena, regular: ¿por qué razón?
17/10/2023

El Órgano Administrativo de Recursos Contractuales de la Comunidad Autónoma de Euskadi (OARC) ha aprobado la resolución 136/2023 de 10 de julio en la que se aborda la cuestión de la motivación en la valoración de las ofertas cuando se aplican justamente juicios de valor.

Un ayuntamiento licita un contrato de servicios y los criterios de juicio de valor tienen una puntuación máxima que se otorgará, dice el pliego de cláusulas administrativas, según si son calificadas como muy buenas (recibiendo el 100% de la puntuación), buena (el 75%), regular (el 50%), deficiente (el 25%), y muy deficiente (sin puntuación).

Cada calificación es descrita en el Pliego de forma que se entenderá “muy buena”, “cuando se realice un estudio detallado del aspecto en cuestión y se propongan medidas de actuación adecuadas, precisas, bien definidas y/o innovadoras”.

Sin embargo, la aplicación concreta del juicio de valor en cada una de las ofertas no se motiva, otorgando la puntuación refiriendo exclusivamente las expresiones “muy buena”, “buena”, etc. lo que no permite saber por qué concretamente ha recibido una oferta un calificativo y su puntuación correspondiente frente a otra. El recurso especial que interpone una empresa es justamente la reclamación de falta de motivación en las puntuaciones.

El OARC anula la licitación y se ordena retrotraer las actuaciones para proceder a una motivación de las puntuaciones afirmando que, “En síntesis, la motivación debe expresar el material o las fuentes de información sobre las que va a operar el juicio técnico, consignar los criterios de valoración que se utilizarán para emitir dicho juicio técnico y, lo que es especialmente importante en este caso, expresar por qué la aplicación de esos criterios conduce al resultado individualizado que otorga la preferencia a un licitador frente a los demás.

Consecuentemente, la mera descripción o enunciación de algunas de las características de las ofertas, sin emitir juicio de valor alguno, no constituye la motivación legalmente exigida en el artículo 151.2 de la LCSP porque no se refleja el razonamiento que ha seguido el órgano técnico al valorar las distintas proposiciones (ver, por ejemplo, la Resolución 83/2015 del OARC / KEAO).”

Ciertamente, la realización del informe de valoración de las ofertas con una clara justificación de las puntuaciones otorgadas, las cualidades que se han encontrado en la oferta aplicando los criterios de juicio de valor, las diferencias cualitativas entre las ofertas, es una actividad clave para la motivación final del proceso selectivo de la mejor oferta. Requiere una atención especial del profesional u órgano que realice esta función y un esfuerzo en explicar sus decisiones. No hacerlo impide conocer a las empresas licitadoras que no tengan la máxima puntuación la motivación del porqué la oferta de la adjudicataria es más ventajosa que la suya y, en su caso, plantear el correspondiente recurso. El propio tribunal de recursos no tendrá elementos de juicio para ejercer su función revisora (art. 151.1 LCSP; art. 151.2.b) LCSP).

El Tribunal Administrativo de Recursos Contractuales de la Junta de Andalucía, en Resolución 574 /2021 ha dicho:

“Al efecto, es necesario precisar que el informe técnico de evaluación de las ofertas conforme a los criterios antes relacionados, contiene únicamente un cuadrante que consta de una serie de filas en las que se recoge la denominación de los criterios sujetos a un juicio de valor, por el orden en que aparecen relacionados en el PPT, y las columnas que contienen el nombre de cada entidad licitadora, apareciendo en cada una de las celdas restantes un ordinal de la puntuación otorgada a cada entidad en cada criterio. Pues bien, aunque la redacción dada a los criterios de valoración que se han reproducido, como afirma la adjudicataria en su escrito de alegaciones, es suficientemente expresiva y clara permitiendo conocer los aspectos que van a ser ponderados, ello no exime al órgano evaluador de una motivación sucinta aunque suficiente en su aplicación a cada oferta, pues la motivación no puede ser previa al proceso de valoración de la oferta, ni entenderse hecha con descripciones genéricas en los pliegos del método a seguir en el otorgamiento de puntos, sino que ha de concretarse a la luz del examen de las proposiciones, más aún cuando en cada uno de los apartados a valorar existe una banda de puntos que hace más determinante si cabe la motivación de la concreta puntuación asignada. Por tanto, a simple vista, del contenido del informe técnico, si bien no es posible apreciar, como alega la recurrente ausencia absoluta de motivación, sí se aprecia una motivación insuficiente. La recurrente no ha podido conocer el razonamiento por el que el técnico ha llegado a la conclusión de otorgar las puntuaciones que ha plasmado en el informe. Ese razonamiento ha quedado en el ámbito interno de aquel, sin posibilidad de que la recurrente pueda cuestionarlo, ante su desconocimiento”.

La consecuencia de la retroacción de actuaciones para que se lleve a cabo la motivación es una decisión uniforme en las resoluciones de los tribunales de recursos.

El Tribunal Administrativo de Contratos Públicos de Navarra, en el expediente 111/2021, ha dicho (FJ 6º):

“Como tiene reconocido el Tribunal Constitucional y el Tribunal Supremo (por todas STC 37/1982, de 16 junio, SSTS de 9 junio 1986, 31 de octubre de 1995, 20 de enero 1998, 11 y 13 de febrero, 9 de marzo 1998, 25 de mayo 1998, 15 de junio de 1998, 19 de febrero 1999, 5 de mayo de 1999 y 13 enero 2000), la motivación no tiene que ser un razonamiento exhaustivo y pormenorizado en todos los aspectos y perspectivas, pero sí ha de ser racional y de suficiente amplitud para que los interesados tengan el debido conocimiento del fundamento del acto, lo que no acontece en el supuesto de acudir a frases predeterminadas y genéricas que no permitan comparar la calificación de las distintas ofertas y por ende, apreciar que se ha respetado en la valoración los principios de igualdad y no discriminación. Sobre la definición de cuál debe ser el contenido de la motivación para que, cuando sea exigible, pueda ser válidamente efectuada, la Sentencia del Tribunal Supremo de 24 de julio de 2012 apunta que “(…) ese contenido debe cumplir al menos estas principales exigencias: (a) expresar el material o las fuentes de información sobre las que va a operar el juicio técnico; (b) consignar los criterios de valoración cualitativa que se utilizarán para emitir el juicio técnico; y (c) expresar por qué la aplicación de estos criterios conduce al resultado individualizado que otorga preferencia a un candidato frente a los demás (…).”

Puede accederse al texto íntegro de la resolución 136/2023 de 10 de julio del OARC aquí.