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Opinión

13/12/2018 Julián de la Morena López Exdirector de la Unidad de Contratación de la Universidad de Castilla - La Mancha.

En esta segunda parte del capítulo III, completamos el Título Preliminar del Reglamento General de Contratación, aprobado por Decreto 3354/1967, de 28 de diciembre, para la aplicación de la Ley de Contratos del Estado, texto articulado aprobado por Decreto 923/1965, de 8 abril.

10/12/2018 Alejandro Blázquez Lidoy Catedrático de Derecho Financiero y Tributario. Universidad Rey Juan Carlos.

A pesar de que la ley no califique los servicios jurídicos de forma expresa como servicios de carácter intelectual, participan de dicha naturaleza. Son servicios donde los problemas de interpretación, las negociaciones, las estrategias, hacen que la confianza personal, capacitación más allá de lo técnico, y la confidencialidad se configuren como pilares esenciales en la ejecución del contrato.

06/12/2018 Jorge Fondevila Antolin Jefe asesoría jurídica de la Consejería de Presidencia y Justicia del Gobierno de Cantabria.

La finalidad de este trabajo es realizar un examen del vigente marco legal previsto en la LCSP (LA LEY 17734/2017), el cual presenta muchos problemas interpretativos; por otro lado, de forma complementaria también procedemos a estudiar la conflictiva y disfuncional regulación y situación de los convenios interadministrativos suscritos en los años 2014 y 2015 entre las Comunidades Autónomas y la Administración General del Estado.

03/12/2018 Manuel Narbona Sarria Gabinete de Sistemas del Servicio de Producción de la Dirección General de Política Digital de la Consejería de Economía y Hacienda de la Junta de Andalucía

En este artículo se demuestra, con un simple cambio de perspectiva, que la función correcta, y única, que relaciona la puntuación otorgada a una empresa y el esfuerzo que ésta realiza para ofrecer un descuento sobre el presupuesto base de licitación no es una función lineal y que, por tanto, todos los pronunciamiento de los tribunales y órganos consultivos en el sentido de que "a doble esfuerzo, doble puntuación" son incorrecto y carecen de fundamento.

30/11/2018 Carlos Alberto Amoedo Souto Catedrático E.U. de Derecho Administrativo

Buscando una alternativa a la internalización de la gestión de servicios.

26/11/2018 Juan Lucena Valencia Licenciado en Derecho por la Universidad de Granada y MBA por el Instituto de Empresa.

Este artículo de Juan Lucena pone de manifiesto la novedad que supone en la nueva ley las consultas preliminares al mercado, su conveniencia, su alcance y sus límites. Plantea la cuasi obligatoriedad de ser tenidas en cuenta para la correcta preparación de las licitaciones por parte de los Poderes Adjudicadores sin olvidar tanto la información pública previa y posterior que ha de darse como la salvaguarda del secreto profesional de quien en ella participan.

19/11/2018 Felio José Bauzá Martorell Profesor de derecho administrativo de la Universidad de las Islas Baleares.

Comentario de urgencia a la Sentencia del Tribunal Supremo 277/2018, sobre el Caso Nóos.

12/11/2018 Alexis de los Reyes Darias Director General de MARD Ingenieros.

La legislación española plantea a las entidades públicas exigencias en materia de control del gasto que llevan aparejada la verificación de la efectiva realización de las prestaciones de servicios financiados con fondos públicos y su adecuación al contenido del correspondiente contrato.

05/11/2018 Emilio Aguilar Sánchez Jefe de área de proyectos y construcción.

Las garantías que establece la legislación en materia de contratación, sobre todo, y multitud de legislación paralela que afecta directamente a este tipo de inversiones, son un obstáculo importante a la ejecución eficiente de las obras.

29/10/2018 Juan Martínez Martínez Vocal del Tribunal de Contratación Publica de la Comunidad de Madrid hasta mayo de 2018. Actualmente presta servicios en la Junta Consultiva de Contratación Adminsitrativa de la Comunidad de Madrid

Existe una polémica en cuanto a la diferenciación de negocios patrimoniales-autorizaciones y contractuales. Y es que se trata de una labor calificadora bastante compleja, pues se juntan las dificultades de deslinde de los negocios patrimoniales denominados concesión (de dominio público) regulados en la Ley de Patrimonio de las Administraciones Públicas, respecto de los contratos también denominados concesión (de servicios) en la legislación de contratación pública.

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