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Obcp - Opinión

Opinión

23/04/2020

Desde la declaración del estado de alarma por parte del Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, y en relación a la contratación pública, se han sucedido los informes, las aclaraciones, las notas informativas, los trabajos de divulgación y los estudios que tratan sobre los efectos que tiene la lucha contra el coronavirus en la contratación pública. 

21/04/2020
Juan Manuel Vela Carmona
Jefe de Proyectos en Creatividad y Tecnología, S.A. y Socio en Wecontract Asesores Legales, S.L.

Son muchas las consecuencias y efectos jurídicos que ha provocado la declaración del estado de alarma en España sobre la contratación pública, pero ¿qué efectos tiene sobre la contratación en las Embajadas de España o entidades del Sector Público español situadas fuera de nuestras fronteras? 

20/04/2020

El peso que en la actividad económica tiene la contratación pública, deben llevar al legislador a levantar la suspensión de la tramitación de los expedientes de contratación. Entre tanto, los gestores debemos abogar por una interpretación lo más amplia posible de los puestos a los que no afectaría la suspensión de plazos.

20/04/2020

Hace unas semanas se publicó el Real Decreto-ley 3/2020, de 4 de febrero, de medidas urgentes por el que se incorporan al ordenamiento jurídico español diversas directivas de la Unión Europea en el ámbito de la contratación pública en determinados sectores. Este artículo tiene por objeto desgranar algunas de las novedades más relevantes que han de ser tenidas en cuenta por los contratantes que operan en los denominados «Sectores Excluidos» o «Sectores Especiales», aprobado de urgencia ante el riesgo de condenas por tardía transposición de las Directivas.

17/04/2020

La crisis del COVID-19 ha exigido no solo respuesta sanitaria, sino también jurídica y económica. Lo que ha repercutido sobre la contratación pública, exigiendo medidas singulares que deben acompañar al estado de alarma y que resultan, en estos momentos, necesarias y proporcionadas.

16/04/2020

La contratación de emergencia, regulada en el artículo 120 de la Ley 9/2017, de contratos del sector público (LCSP), que se ha generalizado con ocasión de la pandemia por Covid-19, agiliza y simplifica extraordinariamente la contratación, en particular en la fase de preparación, licitación y adjudicación del contrato. Pero no establece especialidades en materia de transparencia y publicidad activa.

15/04/2020
Javier Miranzo Díaz
Profesor sustituto interino de Derecho Administrativo en la Universidad de Granada

El mercado de productos sanitarios ha mutado durante estas semanas en un escenario feroz, en el que proliferan los fraudes, los engaños y los artificios. Las Administraciones tienen la necesidad de adaptarse a este nuevo escenario, que exige actuar con la mayor rapidez y tener capacidad de reacción ante posibles cambios y contratiempos. Esto hace, de forma generalizada, que parezca inevitable el sacrificio de buena parte de las garantías que previamente revestían los procedimientos contractuales. Sin embargo, esto no debe suponer una renuncia total a los principios de transparencia e integridad. En esta opinión se busca reflexionar sobre qué límites y qué papel deben jugar estos principios en esta nueva realidad.

Nuestros colaboradores

  • José Luis Piñar Mañas
    Catedrático de Derecho Administrativo de la Universidad CEU San Pablo. Vicerrector de Relaciones Internacionales
  • Profesor asociado de Derecho en la URJC
  • Abogado y consultor experto en Derecho Público, con práctica concentrada en Compras Públicas, Derecho Político/Electoral y Constitucional
  • Socio de las áreas de Litigación y Arbitraje y de Derecho Administrativo
  • Mª José Santiago Fernández
    Presidenta de la Oficina Independiente de Regulación y Supervisión de la Contratación
  • Profesora Titular de Derecho Administrativo (acr. a Catedrática). Universidad de Vigo
  • Miguel Agustín Lico
    Abogado del Plantel de Planta Permanente de la Procuración General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, ingresado por “Concurso público abierto de oposición y antecedentes" y designado por Decreto Nº 121/09 del Jefe de Gobierno de Buenos Aires.