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Opinión

28/01/2019 Luis Murillo Jaso Jurista

Hay quien cree que la normativa de contratos públicos está totalmente desconectada del Código Civil, lo que acaba generando problemas de lo más variados. Cierto es que el Derecho Administrativo se autointegra a sí mismo en base a sus numerosas normas y sus peculiares principios, pero no es menos cierta la supletoriedad general del Código Civil.

24/01/2019 Carlos Aymerich Cano Profesor Titular de Derecho Administrativo y Secretario General de la Universidade da Coruña

Algunas universidades públicas españolas decidieron excluir la adquisición de libros científicos de la aplicación de la LCSP de 2017. La justificación reside en que al ser los libros objeto de una propiedad incorporal su adquisición quedaría excluida de la LCSP a tenor del dispuesto en su art. 16, que dispone que “no tendrán la consideración de contratos de suministros los contratos relativos a propiedades incorporales o valores negociables”.

21/01/2019 Carlos Yáñez Díaz Letrado de la Comunidad de Madrid. Letrado secretario de la Comisión Jurídica Asesora.

Cuando el contratista incumple sus obligaciones contractuales esenciales procede la resolución contractual. Esta prerrogativa abre la posibilidad de reclamar al contratista daños y perjuicios. La cuestión a analizar es si cabe reclamar daños morales.

17/01/2019 Mercè Corretja Torrens Directora General de Contratación Pública de la Generalitat de Cataluña.

La contratación pública constituye un ámbito de riesgo desde el punto de vista de la transparencia y de la lucha contra el fraude y la corrupción. La confluencia de intereses públicos y privados, la discrecionalidad administrativa que rige muchos de los trámites y decisiones y, sobretodo, su volumen económico constituyen una potente herramienta en este sentido, junto a los principios de publicidad y libre concurrencia.

14/01/2019 Patricia Iglesias Rey Letrada de la Xunta de Galicia. Asesoría Xurídica de la Consellería de Economía e Industria.

Como muestra un botón: la Resolución nº 28/2018 de 15 de junio de 2018 del Tribunal Administrativo de contratación de la Comunidad Autónoma de Galicia (TACGAL).

08/01/2019 Manuel Narbona Sarria Gabinete de Sistemas del Servicio de Producción de la Dirección General de Política Digital de la Consejería de Economía y Hacienda de la Junta de Andalucía

En este trabajo se analiza que la definición de los perfiles técnicos a contratar se ajuste a las necesidades reales y puedan ser descritos mediante un modelo estándar.

20/12/2018 María Asunción Sanmartín Mora Jefa de Servicio de Régimen Económico y Contratación en Gobierno de Aragón.

El objeto de este breve artículo es analizar el régimen actual de la contratación de publicidad institucional por las Administraciones Públicas, pues se trata de contratos que plantean unas cuestiones singulares sobre las que ha habido pronunciamientos doctrinales recientes.

17/12/2018 Jose María Gimeno Feliu Catedrático de Derecho Administrativo de la Universidad de Zaragoza

Ha obligado a incorporar los parámetros interpretativos funcionales utilizados sobre esta materia por el TJUE.

13/12/2018 Julián de la Morena López Exdirector de la Unidad de Contratación de la Universidad de Castilla - La Mancha.

En esta segunda parte del capítulo III, completamos el Título Preliminar del Reglamento General de Contratación, aprobado por Decreto 3354/1967, de 28 de diciembre, para la aplicación de la Ley de Contratos del Estado, texto articulado aprobado por Decreto 923/1965, de 8 abril.

10/12/2018 Alejandro Blázquez Lidoy Catedrático de Derecho Financiero y Tributario. Universidad Rey Juan Carlos.

A pesar de que la ley no califique los servicios jurídicos de forma expresa como servicios de carácter intelectual, participan de dicha naturaleza. Son servicios donde los problemas de interpretación, las negociaciones, las estrategias, hacen que la confianza personal, capacitación más allá de lo técnico, y la confidencialidad se configuren como pilares esenciales en la ejecución del contrato.

06/12/2018 Jorge Fondevila Antolin Jefe asesoría jurídica de la Consejería de Presidencia y Justicia del Gobierno de Cantabria.

La finalidad de este trabajo es realizar un examen del vigente marco legal previsto en la LCSP (LA LEY 17734/2017), el cual presenta muchos problemas interpretativos; por otro lado, de forma complementaria también procedemos a estudiar la conflictiva y disfuncional regulación y situación de los convenios interadministrativos suscritos en los años 2014 y 2015 entre las Comunidades Autónomas y la Administración General del Estado.

03/12/2018 Manuel Narbona Sarria Gabinete de Sistemas del Servicio de Producción de la Dirección General de Política Digital de la Consejería de Economía y Hacienda de la Junta de Andalucía

En este artículo se demuestra, con un simple cambio de perspectiva, que la función correcta, y única, que relaciona la puntuación otorgada a una empresa y el esfuerzo que ésta realiza para ofrecer un descuento sobre el presupuesto base de licitación no es una función lineal y que, por tanto, todos los pronunciamiento de los tribunales y órganos consultivos en el sentido de que "a doble esfuerzo, doble puntuación" son incorrecto y carecen de fundamento.

30/11/2018 Carlos Alberto Amoedo Souto Catedrático E.U. de Derecho Administrativo

Buscando una alternativa a la internalización de la gestión de servicios.

26/11/2018 Juan Lucena Valencia Licenciado en Derecho por la Universidad de Granada y MBA por el Instituto de Empresa.

Este artículo de Juan Lucena pone de manifiesto la novedad que supone en la nueva ley las consultas preliminares al mercado, su conveniencia, su alcance y sus límites. Plantea la cuasi obligatoriedad de ser tenidas en cuenta para la correcta preparación de las licitaciones por parte de los Poderes Adjudicadores sin olvidar tanto la información pública previa y posterior que ha de darse como la salvaguarda del secreto profesional de quien en ella participan.

19/11/2018 Felio José Bauzá Martorell Profesor de derecho administrativo de la Universidad de las Islas Baleares.

Comentario de urgencia a la Sentencia del Tribunal Supremo 277/2018, sobre el Caso Nóos.

12/11/2018 Alexis de los Reyes Darias Director General de MARD Ingenieros.

La legislación española plantea a las entidades públicas exigencias en materia de control del gasto que llevan aparejada la verificación de la efectiva realización de las prestaciones de servicios financiados con fondos públicos y su adecuación al contenido del correspondiente contrato.

05/11/2018 Emilio Aguilar Sánchez Jefe de área de proyectos y construcción.

Las garantías que establece la legislación en materia de contratación, sobre todo, y multitud de legislación paralela que afecta directamente a este tipo de inversiones, son un obstáculo importante a la ejecución eficiente de las obras.

29/10/2018 Juan Martínez Martínez Vocal del Tribunal de Contratación Publica de la Comunidad de Madrid hasta mayo de 2018. Actualmente presta servicios en la Junta Consultiva de Contratación Adminsitrativa de la Comunidad de Madrid

Existe una polémica en cuanto a la diferenciación de negocios patrimoniales-autorizaciones y contractuales. Y es que se trata de una labor calificadora bastante compleja, pues se juntan las dificultades de deslinde de los negocios patrimoniales denominados concesión (de dominio público) regulados en la Ley de Patrimonio de las Administraciones Públicas, respecto de los contratos también denominados concesión (de servicios) en la legislación de contratación pública.

22/10/2018 José Manuel Martínez Fernández Vicesecretario General del Ayuntamiento de Valladolid

La Ley 9/2017 tiene por objetivo diseñar un nuevo sistema de contratación pública más eficiente y transparente. Por ello, se puede afirmar que todas las novedades que introduce dicha ley busca afianzar los dos pilares sobre los que se asienta: integridad y estrategia.

15/10/2018 Carlos Melón Pardo Abogado. Área de práctica de Derecho Administrativo y Sectores Regulados.

Una vez que se ha optado por formular el recurso especial contra una decisión en materia de contratación, ésta ya no podrá ser objeto de recurso contencioso administrativo en ningún caso, aunque se haya declarado la inadmisibilidad del recurso especial. En esta materia rige el aforismo electa una via recursus ad alteram non datur, como han confirmado los Tribunales.

08/10/2018 Juan Martínez Martínez Vocal del Tribunal de Contratación Publica de la Comunidad de Madrid hasta mayo de 2018. Actualmente presta servicios en la Junta Consultiva de Contratación Adminsitrativa de la Comunidad de Madrid

En este comentario se analiza la posibilidad de introducir un criterio de solvencia consistente en que las empresas comercializadoras de energía eléctrica cuenten con la etiqueta A que expide la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia, en la cual se integra la Comisión Nacional de la Energía, referida a que la energía suministrada por una comercializadora sea sin mezclas de otras fuentes de generación.

08/10/2018 Alejandro Blázquez Lidoy Catedrático de Derecho Financiero y Tributario. Universidad Rey Juan Carlos.

El procedimiento abierto simplificado (art.159 de la LCSP) presenta unos perfiles especiales en la contratación pública. El objeto de este comentario es, precisamente, uno de los elementos que identifican este procedimiento.

01/10/2018 Patricia Valcárcel Fernández Profesora Titular de Derecho Administrativo. Universidad de Vigo

Una de las cuestiones que más polémica está generando la aplicación de la Ley 9/2017 (LCSP) en las últimas semanas, se localiza en aclarar si para participar en el procedimiento abierto supersimplificado (PASS) debe exigirse a los licitadores que estén inscritos en el Registro Oficial de Licitadores y Empresas Clasificadas del Sector Público (ROLECSP) o registro autonómico equivalente.

30/09/2018 Antonio Ezquerra Huerva Profesor Titular de Derecho Administrativo en la Universidad de Lleida.

Desde la perspectiva del Derecho de la contratación del sector público, la gestión directa por la propia Entidad local no plantea interrogantes ni debe ser vista con prevención alguna: a efectos contractuales, el ente local tiene la consideración de Administración pública, de modo que en su actividad contractual opera con sometimiento a la LCSP en su máxima intensidad.

24/09/2018 Álvaro García Molinero Interventor de servicios en el Ministerio de Defensa.

Nos encontramos ante una ciudadanía considerablemente más crítica y demandante de información acerca del por qué, en qué y cómo se emplean o gastan los recursos públicos que son utilizados para desarrollar el conjunto de la actividad pública.

Nuestros colaboradores

  • José Joaquín Jiménez Vacas
    Técnico Superior de Administración General de la Comunidad de Madrid
  • Profesor del Departamento de Derecho Administrativo de la Universidad de Sevilla
  • Antonio García Jiménez
    Investigador en derecho de la contratación pública en la Universidad de Salamanca.
  • Valentí Arroyo Peña
    Director de los Servicios Corporativos del Centre de Telecomunicacions i Tecnologies de la Informació de la Generalitat de Catalunya (CTTI) y jefe de Contratación en la actualidad.