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Opinión

03/04/2020 Ana Lucía Jaramillo Villacís, Ana Isabel Peiró Baquedano Consultora e investigadora de Corvers Procurement Services B.V., 03/04/2020 Ana Lucía Jaramillo Villacís, Ana Isabel Peiró Baquedano Investigadora predoctoral contratada en el área de Derecho Administrativo de la Universidad de Zaragoza

La situación del COVID-19 representa una crisis sanitaria, social y económica cada vez más urgente en todo el mundo. Para encontrar una solución a las necesidades inmediatas que enfrentamos en esta crisis, los gobiernos de Europa pueden aplicar un procedimiento acelerado que reduce de manera efectiva los plazos, denominado ‘procedimiento negociado sin publicación previa’ (también conocido como adjudicación directa).

02/04/2020 Antonio García Jiménez Investigador en derecho de la contratación pública en la Universidad de Salamanca.

El mundo se enfrenta a un enemigo invisible pero devastador que en poco tiempo se ha extendido por todo el mundo, llevando al Gobierno de España, nada menos que a declarar el segundo estado de alarma desde que fue aprobada la Constitución de 1978. Puede afirmarse, sin la menor duda, que es la primera vez que se utiliza esta figura con toda su intensidad.

01/04/2020 Isabel Gallego Córcoles Profesora Titular de Derecho Administrativo de la Universidad de Castilla-La Mancha
31/03/2020 Ximena Lazo Vitoria Profesora Titular de Derecho Administrativo de la Universidad de Alcalá
30/03/2020 Jose María Gimeno Feliu Catedrático de Derecho Administrativo de la Universidad de Zaragoza

La extensión del virus COVID 19 ha justificado, por su propagación mundial, la declaración de pandemia global, tal como ha sido calificada por la Organización Mundial de la Salud el 11 de marzo de 2020. La situación de alerta sanitaria de máximo nivel ha justificado, ex artículo 116 CE, la declaración del estado de alarma, acordada mediante el Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, (por el que se declara el estado de alarma para la gestión de la situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19, en adelante RDEA), obligando, entre otras importantes medidas, a limitación máxima de actividad presencial, lo que ha impactado sobre la ejecución práctica de los contratos públicos vigentes.

30/03/2020 Clara Marquet Sardà Abogada especialista en Derecho administrativo y de la contratación pública.

El Tribunal Supremo, en cuatro sentencias de 20 de noviembre de 2019, declaró la conformidad a Derecho de los acuerdos del Consell Metropolità del Área Metropolitana de Barcelona (AMB) de 6 de noviembre de 2012 y de 21 de mayo de 2013, por los que, en esencia, se creó el servicio del ciclo integral del agua y se estableció su gestión mediante sociedad de economía mixta, atribuyendo directamente a la Sociedad General de Aguas de Barcelona, S.A. (SGAB) la condición de socio privado de la misma.

25/03/2020 Mercè Corretja Torrens Directora General de Contratación Pública de la Generalitat de Cataluña.

Principales novedades que introduce el Decreto ley 8/2020, de 24 de marzo, del Gobierno de Cataluña, en materia de contratación pública. Se establecen medidas complementarias con el fin de garantizar los puestos de trabajo y de avanzar las indemnizaciones procedentes por los daños y perjuicios causados por la suspensión de la ejecución de los contratos públicos. Las medidas garantizan la continuidad en los pagos de dichos contratos siempre que se mantengan los puestos de trabajo y no se solicite la aplicación de un expediente de regulación temporal de empleo. De acuerdo con esta finalidad, el Decreto ley regula detalladamente cada uno de los supuestos en función de la tipología de los contratos y determinando los efectos de la suspensión.

23/03/2020 José Joaquín Jimenez Vacas Técnico Superior de Administración General de la Comunidad de Madrid

Conforme nos recuerda la ya conocida «teoría del órgano», acuñada por Gierke, «la organización administrativa se resuelve en órganos» y cada Administración Pública, a partir de su personalidad jurídica única, actúa y exterioriza su voluntad de acuerdo al principio de competencia a través de sus órganos administrativos, que decide crear con base en su potestad de auto-organización.

16/03/2020 Jose María Gimeno Feliu Catedrático de Derecho Administrativo de la Universidad de Zaragoza

La LCSP de 2017 solo transpuso las Directivas 2014/24 y parcialmente la Directiva 2014/23, advirtiendo de que esta materia se regularía por una Ley propia.

09/03/2020 Carlos V. Ruíz Rubia Jefe de Unidad en el programa de modernización de la Contratación. Subdirección General de Contratación de la Dirección General de Asuntos Económivos en el Mº de Defensa.

El objetivo de este artículo es proponer un procedimiento que nos permita dar cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 149.4 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, por la que se transponen al ordenamiento jurídico español las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014.

02/03/2020 José Joaquín Jimenez Vacas Técnico Superior de Administración General de la Comunidad de Madrid

La proliferación de convenios entre Administraciones Públicas, encuentra su causa o fundamento socio-político en una necesidad de coordinar actuaciones de la pluralidad de actores públicos, propia de un Estado compuesto, cuyas competencias concurren frecuentemente en un mismo territorio y sobre unos mismos ciudadanos.

24/02/2020 Carles Ros Arpa Secretario Administración Local, Ayuntamiento Sant Feliu de Guíxols

En la cada vez más prolija legislación de contratos del sector público, resulta de gran importancia la cuestión de los criterios que el órgano de contratación ha de aplicar para determinar cuál es la oferta económicamente más ventajosa.

17/02/2020 María Asunción Sanmartín Mora Jefa de Servicio de Régimen Económico y Contratación en Gobierno de Aragón.

Desarrollar con profesionalidad cualquier actividad requiere de los sujetos, no solo aptitud, sino también una actitud proactiva. Por ello es necesario atender al aspecto más subjetivo de la profesionalización de la contratación pública: cómo lograr la implicación y el compromiso de los compradores públicos con los objetivos de la compra publica responsable y eficiente.  

10/02/2020 Jesús Poderoso Godoy Jefe de Servicio de Contratación Electrónica. Secretaría General. Consejería de Hacienda y Administraciones Públicas. Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha.

La puesta en marcha de la licitación electrónica, más allá de permitir cumplir con el mandato del legislador, está planteando nuevos retos a todos los sujetos implicados en el proceso de contratación electrónica para los que el marco legal y los precedentes administrativos no ofrecen en ocasiones soluciones adecuadas al nuevo contexto electrónico. Se reflexiona sobre algunas de esas nuevas “piedras” en el camino y en general sobre el valor del nuevo modelo como elemento de mejora en la gestión.

03/02/2020 Olga Serrano Paredes Especialista en contratación del Banco de España.

En el BOE del pasado 4 de febrero se publicó el Plan de Contratación Pública Ecológica de la Administración General del Estado, sus organismos autónomos y las entidades gestoras de la Seguridad Social (2018-2025)(en adelante, el “PCPE”) que en materia de lucha contra el cambio climático, entre otros, contiene un mandato a la administración general para una incorporación progresiva en los pliegos de la inscripción del potencial licitador en el Registro de Huella de Carbono (en adelante, “Registro de HC”) como criterio de adjudicación.

27/01/2020 Julián Valero Torrijos Catedrático de Derecho Administrativo en la Universidad de Murcia. Coordinador de iDerTec – Grupo de investigación Innovación, Derecho y Tecnología.

Las Administraciones y resto de entidades del sector público se encuentran inmersas en un proceso de modernización tecnológica que se extiende a los diversos ámbitos en los que actúan y que principalmente afecta a su actividad formalizada. Con carácter general, más allá de experiencias e iniciativas concretas, se trata de un proceso avanzado por lo que se refiere al uso de medios electrónicos tanto en la gestión documental interna como, asimismo, en las comunicaciones que tienen lugar con las personas interesadas en los procedimientos administrativos. A este respecto, y a pesar de las sucesivas dilaciones en su plena aplicación, la reforma de 2015 del marco normativo general del sector público tuvo como uno de sus principales objetivos convertir el uso de medios electrónicos en la regla general, salvo las excepciones previstas legalmente.

20/01/2020 Florencio Larrea Villarroya, Javier Iribarren Hernáiz Técnico de la Dirección General de fondos y de la Oficina en Bruselas, 20/01/2020 Florencio Larrea Villarroya, Javier Iribarren Hernáiz Jefe del Servicio de Coordinación Administrativa de la Consejería de la Consejería de Agricultura, Ganadería, Mundo Rural, Territorio y Población (Gobierno de La Rioja)

El presente trabajo tiene por objeto exponer una serie de medidas que entendemos pertinentes para agilizar la tramitación del  comúnmente denominado procedimiento abreviado o supersimplificado, en adelante PA. Sin desconocer el destino natural de este tipo de trabajos con carga de mensaje al legislador, somos de corte optimista y no renunciamos a presentarlas como “propuestas de mejora”. En peores estaba el que metió el mensaje en la botella.

13/01/2020 Germán Martínez Montes Catedrático de proyectos de Ingeniería - Universidad de Granada.

Estas políticas públicas se han de materializar en contrataciones necesarias, de calidad y eficientes.

07/01/2020 Carlos Morales Ruiz Abogado. Director del área de Derecho público de la oficina Valencia de Andersen Tax&Legal.

Previsiones sobre modificaciones contractuales que escapan de los artículos 203 a 207 de la LCSP y que, aunque no se presentan como tales, se configuran como auténticos supuestos de modificación del contrato.

30/12/2019 José Manuel Martínez Fernández Vicesecretario General del Ayuntamiento de Valladolid

La LCSP impone como obligación básica facilitar la participación de las PYMES en los contratos públicos. Desde el año 2015 el Ayuntamiento de Valladolid ha implantado medidas activas que han permitido adjudicar 8 de cada diez contratos no menores a pymes. Este método de contratación ha sido premiado por la Comisión Europea en los Premios Europeos a la Promoción Empresarial 2019.

23/12/2019 Delia Lucía Martínez Lorenzo Ph.D Universidad de Hasselt. Ph.D Universidad de Maastricht.

El Real Decreto 14/2019 de 31 de octubre introduce modificaciones en la admisión de certificados no incluidos en las listas de proveedores de servicios de certificación de confianza. Dichas modificaciones introducen el requisito formal de un dictamen de la Secretaría de Estado de Seguridad del Ministerio del Interior y generan ciertas dudas sobre la posibilidad de que constituyan una limitación excesiva para la obtención de una identificación electrónica por parte de entidades extranjeras que deseen participar en un procedimiento de contratación pública.

16/12/2019 Elisa Moreu Carbonell Profesora Titular de Derecho Administrativo. Universidad de Zaragoza.

La STS 3367/209, de 22 de octubre (ECLI:ES:TS:2019:3367) acaba de resolver un conflicto que tuvo bastante repercusión mediática en la Comunidad Autónoma de Andalucía, con acusaciones de concurso amañado y otras, y que aquí nos resulta interesante por cuanto confirma la aplicación supletoria de la legislación contractual a las concesiones mineras.

09/12/2019 David Gómez-Correa Escagedo Director jurídico de MARE, S.A.

Por parte de la Dirección de Contratación de mi empresa se ideó la elaboración de pliegos conteniendo lotes estimativos para contrato no sometidos a regulación armonizada. En aquellos momentos estaba en vigor el texto refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, que, para los Poderes Adjudicadores no Administración Pública, permitía la elaboración de unas Instrucciones Internas de Contratación que regulasen, respetando los principios básicos de la Ley, la contratación no armonizada. En dicho escenario, de mayor libertad, empezamos a licitar esta clase de contratos. Pero, hete aquí, que apareció nuestra querida, e inmensa, Ley 9/2017, por lo que hubo que ver si era posible continuar con los lotes estimativos, concluyéndose que sí en el caso de contratos en función de las necesidades, tal y como se pasa a razonar, o al menos se intenta, a continuación.

02/12/2019 Carlos Alberto Amoedo Souto Catedrático E.U. de Derecho Administrativo

O la eficiencia como requisito legal de los encargos obligatorios a medios propios personificados.

25/11/2019 Milagros Arcocha Gimenez Vocal del Tribunal Administrativo de Contratación Pública de la Comunidad de Madrid

Resolución nº 385/2019, de 19 de septiembre del Tribunal Administrativo de Contratación de la Comunidad de Madrid.

Nuestros colaboradores

  • José Joaquín Jiménez Vacas
    Técnico Superior de Administración General de la Comunidad de Madrid
  • Profesor del Departamento de Derecho Administrativo de la Universidad de Sevilla
  • Antonio García Jiménez
    Investigador en derecho de la contratación pública en la Universidad de Salamanca.
  • Valentí Arroyo Peña
    Director de los Servicios Corporativos del Centre de Telecomunicacions i Tecnologies de la Informació de la Generalitat de Catalunya (CTTI) y jefe de Contratación en la actualidad.