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Opinión

17/02/2020 María Asunción Sanmartín Mora Jefa de Servicio de Régimen Económico y Contratación en Gobierno de Aragón.

Desarrollar con profesionalidad cualquier actividad requiere de los sujetos, no solo aptitud, sino también una actitud proactiva. Por ello es necesario atender al aspecto más subjetivo de la profesionalización de la contratación pública: cómo lograr la implicación y el compromiso de los compradores públicos con los objetivos de la compra publica responsable y eficiente.  

10/02/2020 Jesús Poderoso Godoy Jefe de Servicio de Contratación Electrónica. Secretaría General. Consejería de Hacienda y Administraciones Públicas. Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha.

La puesta en marcha de la licitación electrónica, más allá de permitir cumplir con el mandato del legislador, está planteando nuevos retos a todos los sujetos implicados en el proceso de contratación electrónica para los que el marco legal y los precedentes administrativos no ofrecen en ocasiones soluciones adecuadas al nuevo contexto electrónico. Se reflexiona sobre algunas de esas nuevas “piedras” en el camino y en general sobre el valor del nuevo modelo como elemento de mejora en la gestión.

03/02/2020 Olga Serrano Paredes Especialista en contratación del Banco de España.

En el BOE del pasado 4 de febrero se publicó el Plan de Contratación Pública Ecológica de la Administración General del Estado, sus organismos autónomos y las entidades gestoras de la Seguridad Social (2018-2025)(en adelante, el “PCPE”) que en materia de lucha contra el cambio climático, entre otros, contiene un mandato a la administración general para una incorporación progresiva en los pliegos de la inscripción del potencial licitador en el Registro de Huella de Carbono (en adelante, “Registro de HC”) como criterio de adjudicación.

27/01/2020 Julián Valero Torrijos Catedrático de Derecho Administrativo en la Universidad de Murcia. Coordinador de iDerTec – Grupo de investigación Innovación, Derecho y Tecnología.

Las Administraciones y resto de entidades del sector público se encuentran inmersas en un proceso de modernización tecnológica que se extiende a los diversos ámbitos en los que actúan y que principalmente afecta a su actividad formalizada. Con carácter general, más allá de experiencias e iniciativas concretas, se trata de un proceso avanzado por lo que se refiere al uso de medios electrónicos tanto en la gestión documental interna como, asimismo, en las comunicaciones que tienen lugar con las personas interesadas en los procedimientos administrativos. A este respecto, y a pesar de las sucesivas dilaciones en su plena aplicación, la reforma de 2015 del marco normativo general del sector público tuvo como uno de sus principales objetivos convertir el uso de medios electrónicos en la regla general, salvo las excepciones previstas legalmente.

20/01/2020 Florencio Larrea Villarroya, Javier Iribarren Hernáiz Secretario General Técnico de la Consejería de Agricultura, Ganadería y Medio Ambiente del Gobierno de La Rioja, 20/01/2020 Florencio Larrea Villarroya, Javier Iribarren Hernáiz Jefe del Servicio de Coordinación Administrativa de la Consejería de la Consejería de Agricultura, Ganadería, Mundo Rural, Territorio y Población (Gobierno de La Rioja)

El presente trabajo tiene por objeto exponer una serie de medidas que entendemos pertinentes para agilizar la tramitación del  comúnmente denominado procedimiento abreviado o supersimplificado, en adelante PA. Sin desconocer el destino natural de este tipo de trabajos con carga de mensaje al legislador, somos de corte optimista y no renunciamos a presentarlas como “propuestas de mejora”. En peores estaba el que metió el mensaje en la botella.

13/01/2020 Germán Martínez Montes Catedrático de proyectos de Ingeniería - Universidad de Granada.

Estas políticas públicas se han de materializar en contrataciones necesarias, de calidad y eficientes.

07/01/2020 Carlos Morales Ruiz Abogado. Director del área de Derecho público de la oficina Valencia de Andersen Tax&Legal.

Previsiones sobre modificaciones contractuales que escapan de los artículos 203 a 207 de la LCSP y que, aunque no se presentan como tales, se configuran como auténticos supuestos de modificación del contrato.

30/12/2019 José Manuel Martínez Fernández Vicesecretario General del Ayuntamiento de Valladolid

La LCSP impone como obligación básica facilitar la participación de las PYMES en los contratos públicos. Desde el año 2015 el Ayuntamiento de Valladolid ha implantado medidas activas que han permitido adjudicar 8 de cada diez contratos no menores a pymes. Este método de contratación ha sido premiado por la Comisión Europea en los Premios Europeos a la Promoción Empresarial 2019.

23/12/2019 Delia Lucía Martínez Lorenzo Ph.D Universidad de Hasselt. Ph.D Universidad de Maastricht.

El Real Decreto 14/2019 de 31 de octubre introduce modificaciones en la admisión de certificados no incluidos en las listas de proveedores de servicios de certificación de confianza. Dichas modificaciones introducen el requisito formal de un dictamen de la Secretaría de Estado de Seguridad del Ministerio del Interior y generan ciertas dudas sobre la posibilidad de que constituyan una limitación excesiva para la obtención de una identificación electrónica por parte de entidades extranjeras que deseen participar en un procedimiento de contratación pública.

16/12/2019 Elisa Moreu Carbonell Profesora Titular de Derecho Administrativo. Universidad de Zaragoza.

La STS 3367/209, de 22 de octubre (ECLI:ES:TS:2019:3367) acaba de resolver un conflicto que tuvo bastante repercusión mediática en la Comunidad Autónoma de Andalucía, con acusaciones de concurso amañado y otras, y que aquí nos resulta interesante por cuanto confirma la aplicación supletoria de la legislación contractual a las concesiones mineras.

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