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ObCP - Opinión
¿Qué tipo de firma electrónica es necesario utilizar en la Contratación Pública?

La verdad es que parece que en relación con la contratación pública los legisladores –o, más concretamente, los que elaboran las normas que luego ellos aprueban- tienen el gusto de complicarlo hasta el infinito y mucho más allá –que diría Buzz Lightyear-, excepcionando la excepción excepcionada o, como en este caso, creando un concepto que nadie sabe en qué consiste.

17/02/2014

Como sabéis, la Ley 25/2013, de 27 de diciembre, de impulso de la factura electrónica y creación del registro contable de facturas en el Sector Público, modifica, por enésima vez, la LCSP, en concreto en el apartado f de su adicional decimosexta, que es el que regula el tipo de firma electrónica que hay que utilizar en la contratación pública.

Y lo hace introduciendo un concepto, la firma electrónica “avanzada reconocida” (sic), un nuevo concepto que no existe con esa definición ni en la normativa ni en la doctrina. Parece que el legislador obvia que existe, ni más ni menos, una legislación específica que regula la firma electrónica en nuestro país, la Ley 59/2003, de 19 de diciembre, de firma electrónica y su normativa de desarrollo, y que esta Ley reconoce la existencia de firmas electrónicas –además de las simples-, avanzadas unas y reconocidas otras, con sus características, requisitos y efectos, pero no define la existencia de una firma “avanzada reconocida”.

Dicho esto –es decir, que difícilmente se podía hacer peor-, además de manifestar mi más absoluto desacuerdo por esta forma tan confusa de legislar, quiero hacer tres consideraciones:

  1. En primer lugar, si descartamos que se trate de un error y que el que redactó la norma sabia de que iba esto de la firma electrónica –lo cual, a lo mejor en este caso es mucho decir- y, por lo tanto, se buscaba una regulación especial para la firma electrónica que hay que utilizar en la contratación pública, creo que la única explicación plausible es que se quisiera referir a la firma electrónica avanzada basada en un certificado reconocido, pero que no ha sido generada mediante un dispositivo seguro de creación de firma y, por lo tanto, se buscaría que se utilice más que una firma electrónica avanzada, pero sin llegar a ser una firma reconocida. Para conseguir este objetivo, la modificación debiera de haber dicho, sencillamente, que lo que se necesita es una “firma electrónica avanzada basada en un certificado reconocido” y punto, con ello se acaba la duda y la discusión.
  2. En segundo lugar, aunque hubiese sido esa su intención, para nada creo que lo haya conseguido, puesto que para que una firma electrónica sea “avanzada reconocida” tal y como introduce la Ley 25/2013, es decir, que se sea una firma a la vez avanzada y a la vez reconocida, esto sólo se consigue si la firma cumple las condiciones para ser reconocida, pero no si solamente cumple las condiciones para ser avanzada. Y me explico. Las firmas reconocidas cumplen con todas y cada una de las condiciones necesarias para ser avanzadas y alguna característica más –en concreto dos: estar basada en un certificado reconocido y haber sido generada mediante un dispositivo seguro de creación de firma-, pero sin embargo una firma que solamente cumple las condiciones para ser avanzada NO puede ser considerada como reconocida. A modo de símil se me ocurre pensar en que es como sí para pedir una subvención se dice que se ha de ser “europeo (avanzada) español (reconocida)” y en ese caso haría falta ser español –pues, además, por serlo serás europeo-, pero no bastará con ser sólo europeo.
  3. Lo que sí tengo claro es que el objetivo primordial de la reforma que se introduce con la Ley de factura electrónica en la citada adicional decimosexta de la LCSP ha sido concretar cuál es la norma especial que el Real Decreto-ley 4/2013, de 22 de febrero, de Medidas de apoyo al emprendedor y de estímulo del crecimiento y de la creación de empleo ya definía como de aplicación a “las facturas electrónicas que se emitan en los procedimientos de contratación” en detrimento de la propia LCSP: la Ley 25/2013 de factura electrónica. ¡Pues hubiese bastado con que el legislador se hubiese ceñido a modificar ese segundo apartado de la adicional decimosexta de la LCSP, dejando el primer apartado “en paz”!

En definitiva, según mi interpretación, tal y como está redactada la nueva adicional decimosexta, la firma que se requiere en “todos los actos y manifestaciones de voluntad de los órganos administrativos o de las empresas licitadoras o contratistas que tengan efectos jurídicos y se emitan a lo largo del procedimiento de contratación” sigue siendo la firma electrónica reconocida, salvo que se trate de las facturas electrónicas que culminan dichos procedimientos, en cuyo caso se regirán por lo dispuesto en la Ley 25/2013, específica de factura electrónica.
 

Colaborador