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ObCP - Opinión
Nuevo modelo de gestión del ROLECSP

El nuevo modelo de gestión concurrente del Registro oficial de Licitadores y Empresas Clasificadas del Sector Público previsto en el artículo 340.2 de la LCSP es un ejemplo de racionalidad y colaboración entre Administraciones Públicas, que conservando una competencia propia en el ejercicio de la función de registro plantea nuevos retos de coordinación y una nueva visión de instituciones tradicionalmente “estatales” que exige un cambio de paradigma en la forma en que se gestionan las cosas comunes.

25/02/2019

El nuevo modelo de gestión concurrente del Registro oficial de Licitadores y Empresas Clasificadas del Sector Público previsto en el artículo 340.2 de la LCSP como ejemplo de racionalidad de la contratación y colaboración entre Administraciones Públicas.

Tal y como se anticipaba en un artículo de opinión precedente (respecto de la dudosa exigencia de inscripción en un Registro Oficial de Licitadores para participar en los nuevos Procedimientos Abiertos súper simplificados regulados en el artículo 159.6 de al LCSP) la nueva Ley de Contratos ha efectuado una fuerte apuesta por los Registros Oficiales de Licitadores desde el punto de vista operativo y de racionalización de la organización de los mismos, mediante un modelo de integración cooperativo regulado de forma realmente novedosa en el artículo 340.2 y concordantes.

Este artículo se enfrenta al panorama creado por la legislación precedente que a pesar de reconocer a las Comunidades Autónomas la capacidad para crear Registros Oficiales de Licitadores en sus ámbitos territoriales no había sido capaz de reconocer efectos “nacionales” a las inscripciones practicadas en ellos, reservando este privilegio en exclusiva al Registro Oficial de Licitadores y Empresas Clasificadas del Estado (ROLECE).

Esta realidad, de difícil comprensión en un estado autonómico maduro donde el reconocimiento de identidad de efectos de la labor de los diferentes registros autonómicos respecto del estatal era posible y recomendable, en un momento además en el que la evolución tecnológica y la apuesta por la interoperabilidad de sistemas está presente de forma transversal a toda la actuación administrativa, ha provocado una multiplicidad de cargas administrativas tanto para los operadores como para los propios registros de modo que aquellos venían solicitando y estos inscribiendo los mismos datos en los diferentes registros. Ciertamente esta práctica carecía de sentido ya que la mera inscripción en el registro estatal debía haber servido para licitar ante cualquier administración del territorio español, pero la creencia de los operadores de que la inscripción en el registro autonómico otorgaba una mejor posición a la hora de concurrir y la confusión de muchos órganos de contratación en este sentido que venían recomendando (sino exigiendo) la inscripción autonómica hizo el resto

Colaborador

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Jesús Poderoso Godoy
Jefe de Servicio de Contratación Electrónica. Secretaría General. Consejería de Hacienda y Administraciones Públicas. Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha.