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ObCP - Opinión
Novedades en materia de contratación pública en la Comunidad Autónoma de Aragón

Con fecha 19 de marzo de 2012, se publica en el Boletín Oficial de Aragón la Ley 3/2012, de 8 de marzo, de medidas fiscales y administrativas de la Comunidad Autónoma de Aragón. La Ley incluye en el Titulo II dedicado a las medidas administrativas, distintas modificaciones legislativas, con el objetivo de dinamizar la actividad de determinados sectores económicos, simplificar trámites y suprimir cargas administrativas en los procedimientos y de abordar algunos aspectos organizativos. Dentro de estas medidas, se incluyen algunas relativas a la contratación pública por la importancia que esta despliega para particulares y empresas, para ello se incorporan en el articulo 33 varias modificaciones de la Ley 3/2011, de 24 de febrero, de medidas en materia de Contratos del Sector Público de Aragón.

19/03/2012

Según enumera la Exposición de motivos, se han incorporado medidas para favorecer el acceso de las pequeñas y medianas empresas a los contratos públicos, simplificando la documentación exigida y para facilitar los trámites administrativos al contratista propuesto como adjudicatario. También se busca limitar el ius variandi de la Administración Pública y ampliar los supuestos del recurso especial en materia de contratación y se prevén reformas para evitar conflictos a través de la creación del sistema de arbitraje. Por último, pretende impulsar la eficiencia en la contratación pública y la celebración de contratos de colaboración entre el sector público y el sector privado. Asimismo, se da nueva redacción al artículo 10 de la Ley 3/2011, en cuanto podría considerarse que excedió el ámbito competencial de la Comunidad Autónoma al regular el que denominaba procedimiento simplificado.

En relación con esta ultima cuestión, hay que recordar que con fecha 9 de diciembre de 2011, se interpuso por el Gobierno de la Nación, recurso de inconstitucionalidad contra los artículos 6 y 10 de la Ley 3/2011. En concreto se impugnaba el artículo 6 relativo a la posibilidad de que los licitadores en los procedimientos negociados y simplificados en los que no se constituya mesa de contratación, puedan sustituir inicialmente la documentación acreditativa del cumplimiento de los requisitos de capacidad y solvencia por una declaración responsable de que cumplen los requisitos exigidos, comprometiéndose a acreditarlos en caso que fuera a ser propuesto como adjudicatario en el plazo de 5 días hábiles. El recurso argumenta que el precepto contradice lo dispuesto en los artículos 146.1 y 151.2, del Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, aprobado por Real Decreto legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, ya que la legislación básica estatal en ningún caso permite justificar el cumplimiento de los requisitos de capacidad, representación y clasificación mediante simple declaración responsable, aplazando al momento previo a la contratación su efectiva acreditación y porque el plazo de 10 días hábiles establecido en el artículo 152.2, puede ser ampliado por las CCAA pero no reducido.

Respecto del artículo 10, el recurso entiende que los procedimientos de licitación previstos en la Directiva y en el artículo 138 TRLCSP son los únicos que pueden existir en nuestro ordenamiento jurídico, la Comunidad Autónoma puede, en ejercicio de su facultad de desarrollo, simplificar trámites en aquellas regulaciones de cada procedimiento básico que se puedan considerar «complementarias o de detalle» pero no puede introducir procedimientos que nominal y procedimentalmente se aparten de aquellos. Además cuestiona en particular algunas especialidades procedimentales, contenidas en los apartados 2.c, 2.d y 2.f del artículo10, relativos a la publicidad de la licitación únicamente en el perfil de contratante, los plazos de presentación de ofertas y el plazo para que el licitador que ha presentado la oferta más ventajosa aporte la documentación acreditativa de su capacitación y solvencia en el caso de que inicialmente hubiera optado por presentar una declaración responsable.

La Ley 3/2012, opta por modificar el artículo 10 de la Ley 3/2011, acogiendo el criterio expresado por la Junta Consultiva de Contratación Administrativa de Aragón, entre otros en su informe 15/2011, de 8 de junio, relativo al «Ámbito de aplicación y regulación del procedimiento simplificado creado por la Ley 3/2011, de 24 de febrero, de medidas en materia de Contratos del Sector Público de Aragón», de que este «nuevo» procedimiento, no es tal, sino una simplificación del procedimiento abierto, cuyos elementos estructurales, publicidad, ausencia de negociación y adjudicación de acuerdo con criterios previamente fijados y ponderados, se respetan y cuyas características fundamentales son la simplificación, agilización y reducción de trámites. Por ello el artículo 33.2 de la Ley de medidas fiscales y administrativas, modifica el artículo 10 sustituyendo la expresión “procedimiento simplificado” por “tramitación simplificada del procedimiento abierto”, e introduce en los apartados 2.c, 2.d y 2.f unas precisiones que inciden en la necesidad de respetar en todo caso la legislación básica.

Sin embargo, respecto del artículo 6º de la Ley 3/2011, también recurrido, no solo mantiene la aplicación de la declaración responsable, sino que la extiende al declararla aplicable a todos los procedimientos negociados y a la tramitación simplificada del procedimiento abierto, sin limitarla a aquellos casos en que no exista mesa de contratación y sin que sea necesario que el pliego lo prevea expresamente.

En cuanto a novedades, la Ley 3/2012 adiciona un nuevo artículo 12 bis a la Ley 3/2011, con el título «Publicidad de lo modificado», que exige que los actos del órgano de contratación por los que se acuerde la modificación de un contrato, se publiquen en todo caso en el Boletín y perfil en que se publicó la adjudicación, con indicación de las circunstancias justificativas, el alcance e importe del mismo, con el fin de garantizar el uso adecuado de la potestad de modificación. Asimismo, dichos acuerdos deberán notificarse a los licitadores que fueron admitidos a la licitación, incluyendo la información necesaria que permita al licitador interponer, en su caso, recurso suficientemente fundado contra la decisión de modificación de no ajustarse a los requerimientos legales.

Se acoge por tanto sin reservas, la jurisprudencia comunitaria que entiende que una modificación ilegal equivale a una «nueva adjudicación» (STJUE de 19 junio 2008, As. C 454/06, Pressetext Nachrichtenagentur GMBH, Cfr. apdo 34), y que esa «nueva adjudicación» puede ser objeto de recurso pues la Directiva 89/665/CEE se aplica a todas las decisiones adoptadas por las entidades adjudicadoras que estén sujetas a las normas del Derecho comunitario en materia de contratos públicos y no establece ninguna restricción por lo que se refiere a la naturaleza y al contenido de dichas decisiones (entre otras, STJUE de 19 de junio de 2003 C-315/01, GAT) y en ese sentido se pretende garantizar que las modificaciones contractuales tendrán la publicidad suficiente como para que puedan ser impugnadas en caso de que se extralimiten.

Recordemos que sin embargo, la Ley 24/2011, de 1 de agosto, de contratos del sector público en los ámbitos de la defensa y de la seguridad introdujo el actual articulo 40 TRLCSP, que dispone que no serán susceptibles de recurso especial en materia de contratación los actos de los órganos de contratación dictados en relación con las modificaciones contractuales no previstas en el pliego que sea preciso realizar una vez adjudicados los contratos.

Se adiciona un nuevo artículo 12 ter. relativo a «Ampliación del plazo para requerir documentación justificativa», que pretende solucionar los problemas prácticos que se presentan en relación con el plazo de 10 días hábiles que regula el artículo 151.2 TRLCSP, el cual resulta insuficiente cuando la propuesta de adjudicación del contrato recae en una UTE o si se trata de un contrato en el que la documentación a aportar, fundamentalmente la relativa a la justificación de disponer de los medios que se ha comprometido a adscribir al contrato, es muy compleja. En el primer caso la Ley amplía directamente dicho plazo a 20 días hábiles, en el segundo se permite que el órgano de contratación pueda, de forma motivada y en el momento de aprobación del expediente, ampliar el plazo con carácter general para todos los licitadores. Es una posibilidad para la que el propio artículo 151.2 TRLCSP faculta a las Comunidades Autónomas.

El artículo 17 de la Ley 3/2011, se modifica para incluir dentro de la competencia del Tribunal Administrativo de Contratos Públicos de Aragón, el conocimiento y resolución de los recursos especiales en materia de contratación en relación con los contratos de obras de importe superior a 1.000.000 de euros y de suministros y servicios de más de 100.000 euros, en tanto se considera que tienen carácter transfronterizo. Con está medida se avanza en la línea de extender el recurso especial a todos los contratos tal y como han propugnado tanto la Comisión Europea que en su Comunicación interpretativa de 1 de agosto de 2006 aconseja la existencia de recursos eficaces al margen del importe del contrato, como el Consejo de Estado en el Dictamen numero 514/2006, relativo al Anteproyecto de Ley de Contratos del Sector Público.

Con la pretensión de favorecer la resolución rápida de conflictos, se introduce un nuevo artículo 22 dedicado al «Arbitraje» que dice textualmente:

“Los distintos poderes adjudicadores sometidos a esta Ley podrán remitir a un arbitraje, conforme a las disposiciones de la Ley 60/2003, de 23 de diciembre, de Arbitraje, la solución de las diferencias que puedan surgir sobre los efectos, cumplimiento y extinción de los contratos que celebren, independientemente de la cuantía de los mismos.”
Se permite pues a las Administraciones Públicas recurrir al arbitraje a pesar de que el artículo 50 TRLCSP, parece que lleva a interpretar que su aplicación está restringida a los entes, organismos y entidades del sector público que no tengan el carácter de Administraciones Públicas, aunque también es cierto que la Disposición adicional del propio TRLCSP no solo admite el recurso al arbitraje para los contratos en el extranjero sino que en determinados casos lo aconseja.

Por último la Disposición adicional novena que se refiere a la eficiencia en la contratación pública, recoge en su apartado primero la redacción del artículo 37.1 de la Ley 2/2011, de 4 de marzo, de Economía Sostenible, que ahora se ha integrado en el articulo 22.2 TRLCSP. Asimismo, en el apartado segundo establece el mandato al Gobierno de Aragón de promover la celebración de contratos de colaboración entre el sector público y el sector privado en aquellas áreas de actividad en las que se justifique que se obtiene mayor valor por precio, de coste global, de eficiencia o de imputación de riesgos y en particular, en la contratación de servicios de instalación y mantenimiento de energía, e implantación y explotación de sistemas informáticos entre otros.
 

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