Image
ObCP - Opinión
Los principios informadores de la ejecución del contrato, un instrumento útil para aumentar la eficiencia en la gestión de los contratos administrativos y para incrementar la seguridad jurídica que afecta a las relaciones que nacen del contrato
07/10/2013

1.Introducción

Lo cambiante y prolijo de la realidad a la que se enfrenta el derecho en actualidad, ha llevado al legislador español a hacer uno de un instrumento jurídico polivalente, que aumenta la adaptabilidad de las normas a la realidad del momento cubriendo las lagunas que vienen provocadas por la realidad del momento en el que la norma debe ser aplicada. Ese instrumento son los principios generales del derecho, que constituyen una herramienta útil para orientar la interpretación y solventar los problemas que plantea ese dinamismo social que, en muchas ocasiones, resulta imposible de contener y dominar por el derecho, ya que no hay norma jurídica, ni legislador capaz de regular todos los supuestos y todas las circunstancias que la realidad puede alumbrar.

Los contratos del Sector Público establecen vínculos, en ocasiones, por plazos muy prolongados, desenvolviéndose en entornos complejos y cambiantes. Esa circunstancia hace que a lo largo de la vida del contrato aparezcan avatares que complican la gestión, y requieren de una labor de interpretación o de adaptación a las circunstancias. En este sentido, el contrato suscrito se puede llegar a mostrar opaco o ineficiente, suscitando dudas o controversias que podrían corregirse o incluso evitarse estableciendo unos principios informadores de la ejecución del contrato.

Los anteriores principicios servirían como instrumento de orientación de la interpretación de las visicitudes que nazcan a lo largo del vínculo contractual, pudiento aplicarse a la hora de hacer uso de la potestad de interpretación del contrato, o al imponer una penalidad al contratista por un incumplimiento contractual.

2. Razones que justifican el uso de este instrumento jurídico peculiar. Justificación teleológica

El Sector Público, en general, y la Administración en particular se ven constreñidos por una serie de principios que informan su actuación, orientando las decisiones que se toman en su seno.

Dentro de ese elenco de principios encontramos unos que tienen una importancia capital para el tema que se está tratando en este trabajo, cual son los principios de eficacia y de eficiencia que recogen respectivamente los artículos 103.1 y 31.2 de la Constitución. Estos principios por definición, son dinámicos, lo que hace que se imponga a la Administración una conducta pro- activa en orden a su consecución. En base a los mismos en el seno de la Administración, se pueden y deben buscar instrumentos que potencien e incrementen su consecución.

En la línea de lo expuesto se sitúa el uso del instrumento jurídico que se analiza en este documento. Los principios informadores de la ejecución del contrato sirven para clarificar y simplificar relaciones jurídicas complejas; los mismos son conocidos por las partes e incluso sirven para controlar la discrecionalidad de la Administración en actos tan trascendentes a lo largo del vínculo contractual como el uso de la potestad de interpretación del contrato, o la imposición de penalidades.

Por lo tanto, el uso este instrumento cuenta con el aval normativo que le ofrece la propia Constitución, resultando que con los mismos se hace consigue una gestión más eficiente y eficaz del contrato, incrementándose la seguridad jurídica de las relaciones que nacen con cargo al mismo.

En cualquier momento se justifica la implementación de medidas que incrementen la eficiencia en el uso de los recursos públicos; no obstante, en una situación de crisis económica como la que se encuentra inmersa España en la actualidad, el valor de este tipo de medidas se reduplica, encontrando cada vez un mejor acomodo.

Los cambios normativos constantes, las fluctuaciones que sufre la economía, aconsejan incluir elementos de estabilidad y de coherencia en las relaciones jurídicas que se extienden en el tiempo que faciliten la seguridad jurídica y mejores los aspectos relacionados con la gestión del contrato, que en esta atmósfera cada vez se tornan más complejos.

3: Base normativa y fuerza obligacional

La base normativa para incluir este mecanismos en los contratos del Sector Público, la encontramos en el artículo 25.1 del TRLCSP (en esta línea, se mueve también el artículo 1255 del Código civil), que permite introducir cualesquiera pactos, cláusulas y condiciones, siempre que no sean contrarios al interés público, al ordenamiento jurídico y a los principios de buena administración. En este caso, los principios de la ejecución constituyen una manifestación del principio de buena administración.

La fuerza obligacional de estos principios la encontramos en el artículo 1091 del Código civil que confiere fuerza de Ley a las obligaciones que nacen de los contratos.

En el seno de esta atmósfera lógico jurídica, se incorpora el principio de seguridad jurídica, entendido como estabilidad, y certeza de las relaciones jurídicas. (artículo 9.3 de la Constitución).

4. Consideraciones de orden práctico

No sólo la complejidad de las relaciones que crea el Sector Público por medio del contrato justifica el uso de este mecanismo, existen otros argumentos de típo práctico que también lo hacen como por ejemplo la extensión temporal de las relaciones que nacen del contrato, pensemos en contratos de concesión de diez o veinte años, esta longevidad hace que el vínculo exceda el mandato de los gestores que adjudicaron el contrato, e incluso que los funcionarios que redactaron y concibieron los pliegos no se encuentren prestando servicio en el momento de tener que intervenir sobre el contrato. Esto supone un problema al orientar el ejercicio de las potestades administrativas, y una dificultad en la gestión que podría salvarse con el uso de los principios de la ejecución, los mismos nacen en el momento de la aprobación del pliego, vinculando a los dos partes, sobreviviendo a las mutaciones de los años.

Naturalmente estos principios deben encontrarse vinculados con el objeto del contrato, no puede tratarse de cláusulas genéricas o principios de principios generales de la contratación (por ejemplo, el de buena fe) que no es necesario incorporar al contrato puesto que ya son reconocidos por el ordenamiento jurídico.

5. Conclusiones

El Sector Público se ve obligado, por mandato constitucional, al mantenimiento de una conducta pro activa en orden a adaptar medidas eficientes que reviertan en los recursos públicos. El uso de los principios de la ejecución, tiene una justificación teleológica clara y unas bases normativas adecuadas, constituyendo un instrumento para aumentar la seguridad jurídica de las relaciones que crea el contrato en el que se incorporan, sirviendo como elemento de control del uso de potestades discrecionales.


 

Colaborador

Image
Fotografía del colaborador Luis Salvador Giraldes Gutiérrez
Consejero Técnico. Oficina de Innovación Social. Dirección General de Contratación y Servicios. Ayuntamiento de Madrid.