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ObCP - Opinión
Dos fórmulas de valoración de las ofertas económicas adecuadas a la Ley 9/2017 de contratos del sector público

En la cada vez más prolija legislación de contratos del sector público, resulta de gran importancia la cuestión de los criterios que el órgano de contratación ha de aplicar para determinar cuál es la oferta económicamente más ventajosa.

24/02/2020

IV.- Dos fórmulas de valoración que permiten obtener una puntuación proporcional de las ofertas económicas y evitar el efecto céntimo.

De acuerdo con lo expuesto, deberíamos encontrar una fórmula de valoración de las ofertas económicas (que podría ser aplicable también a otros criterios de valoración automática) lo más favorable posible a la adjudicación según el criterio de la mayor relación calidad precio. Una fórmula que dé mayor puntuación a la oferta más económica, pero que evite la distorsión que supone la aplicación de fórmulas como la reproducida en el punto anterior, de forma que la valoración del precio, o de otros criterios de valoración automática, quede proporcionada y equilibrada respecto al resto de criterios de adjudicación.

La aplicación de la fórmula actual implica que el recorrido de la baja que es objeto de puntuación, que se inicia con el tipo de licitación (0 puntos), culmina en el punto de la oferta más económica (máxima puntuación). Esto supone que cuando las ofertas se acercan al precio de licitación, lo que debería ser habitual si se aplican los nuevos criterios legales para fijar el presupuesto de licitación, una pequeña diferencia de precio en la oferta supone la atribución de una puntuación desproporcionadamente alta.

Hay una fórmula proporcional lineal que se ajusta razonablemente a los principios de proporcionalidad y previsibilidad en las reglas de valoración: aquella que atribuye cero puntos al tipo de licitación y sitúa la puntuación máxima en el umbral de baja desproporcionada o anormal según los criterios previstos en el propio pliego, o subsidiariamente en el art. 85 del RD 1098/2001. Con este criterio los licitadores no saben cuánto se valorará su baja en la oferta económica, pero sí pueden esperar que su esfuerzo en ofrecer una buena propuesta técnica será debidamente valorado y no quedará sin efecto por una mínima diferencia en las ofertas económicas de sus competidores.

A mi entender, esta fórmula no contradice la doctrina que prohíbe establecer umbrales de saciedad que penalicen las ofertas más baratas, ya que tales umbrales pueden no ser admisibles mientras las ofertas se mueven dentro de la "normalidad". Pero la cosa cambia cuando una oferta es anormal (o "temeraria" según la anterior denominación) y genera dudas sobre su viabilidad, por lo que debe tramitarse el procedimiento del artículo 149.4 de la LCSP. Desde la prudencia y la lógica de una buena administración, no tiene mucho sentido seguir aumentando la puntuación de una oferta una vez ya ha traspasado el umbral de la presunta temeridad o anormalidad, por mucho que luego este oferta se pueda acabar admitiendo por haber justificado su viabilidad.

Esta fórmula proporcional lineal (que llamaremos "Primera fórmula alternativa") es sencilla, de forma que no necesita traducirse en una función matemática, sino que basta con seguir estos tres pasos:

1º) Se establece el umbral por debajo del cual las ofertas incurrirán en presunción de anormalidad aplicando los criterios previstos en el art. 85.3 del RD 1098/2001. La baja correspondiente a este umbral constituirá la puntuación máxima prevista para la oferta económica.

2º) Se divide la diferencia entre el tipo de licitación y el umbral de la oferta anormalmente baja, por el total de puntos de la oferta económica, para saber a cuántos euros de baja corresponde cada punto (ratio euros / punto).

3º) Se obtiene la puntuación de la oferta de cada licitador dividiendo el importe de su respectiva baja por la ratio euros / punto.

Esta primera fórmula alternativa evita el "efecto céntimo", establece una relación lineal, proporcional y relativamente previsible entre baja económica y puntuación, y sitúa el umbral de saciedad en el punto a partir del cual la oferta económica se considera anormalmente baja.

Para los que prefieren las fórmulas matemáticas, en el exhaustivo estudio "Los Criterios de adjudicación: Aspectos prácticos en la valoración del precio", de Manuel Fueyo Bros, se recoge como fórmula número 11, la que reproducimos a continuación, que según este estudio, ha sido empleada por el Consejo de Cuentas de Castilla y León:

P0i

POI: Puntuación de la oferta valorada

MaxP: Puntuación máxima

PBL: Presupuesto base de licitación

Oi: Oferta a valorar

CB = cuantía menor entre la oferta no considerada anormal según el art. 85 del RCAP y una cuantía que se fija en los Pliegos bien en valores absolutos o como un porcentaje de baja sobre el PBL

Esta fórmula número 11 da un resultado muy similar a la que acabamos de exponer y resulta adecuada, si bien, en mi opinión, se puede simplificar según se expone a continuación. Para determinar el umbral de la oferta anormal (CB) a los solos efectos de la valoración de la oferta, se propone que la remisión al artículo 85 del RD 1098/2001 no sea al conjunto de este precepto, sino sólo a su apartado 3, por las siguientes razones:

  • El apartado 1 resulta irrelevante a efectos de valoración del precio cuando se presenta una sola oferta.
  • El apartado 2 implica situar el umbral de la anormalidad 20 puntos por debajo de la oferta más alta, lo que supondría en la práctica reducir demasiado las diferencias de puntuación de las dos ofertas, al ser el recorrido de la puntuación total mucho más largo.
  • El apartado 4 complica innecesariamente el cálculo a efectuar, teniendo en cuenta la finalidad que aquí se persigue: fijar un criterio objetivo y proporcional de valoración de las ofertas económicas (extensible a otros criterios de valoración mediante fórmulas).

En la determinación del umbral de la anormalidad (CB), en general se podrá prescindir de la cifra o porcentaje de referencia a prever específicamente en el pliego de condiciones, que se contempla en la fórmula núm. 11 del estudio de Manuel Fueyo, y utilizar sólo la cifra resultante del art. 85.3 del RD 1098/2001. Sólo cuando el órgano de contratación considere que se deben seguir puntuando las bajas de las ofertas más allá del umbral resultante del art. 85.3 tiene sentido que los pliegos fijen un límite de referencia de las ofertas más bajo que alargue el recorrido de la valoración de la baja. Ello, no obstante, tiene el inconveniente de ponderar a la baja la valoración de las ofertas económicas, con lo cual el pliego debería justificar la oportunidad de dicho límite de referencia en el caso concreto.

Por lo tanto, se propone como Segunda fórmula alternativa la siguiente:

fórmula_alternativa

 

 

 

CB: cuantía de la oferta situada en el umbral de la anormalidad según el art. 85.3 del RD 1098/2001.

Cuando aplicando esta fórmula la puntuación resultante de una oferta supere la puntuación máxima prevista para la oferta económica, aquella oferta obtendrá la referida puntuación máxima.

VI.- Conclusiones:

1ª) Los casos analizados ponen de manifiesto que cuando la diferencia entre el importe de las ofertas económicas es pequeña y las ofertas son muy cercanas al tipo de licitación (licitación caso 2), la fórmula actual distorsiona el resultado de la puntuación con una sobrevaloración de la diferencia económica entre las ofertas. Esto provoca que por una mínima diferencia en la oferta económica, una oferta técnicamente poco valiosa pueda obtener en la valoración total más puntos que una oferta técnicamente muy superior y sólo un poco más cara. Las dos fórmulas alternativas propuestas evitan el llamado "efecto céntimo", la actual no. La distorsión que se produce en esta va en contra del principio de la mejor relación calidad-precio, que debe inspirar la adjudicación de los contratos de acuerdo con la nueva legislación de contratos.

2ª) La comparación de las dos fórmulas pone de manifiesto otro aspecto importante. A pesar de la importante diferencia entre las ofertas económicas que cada empresas hace en las dos licitaciones, aplicando la fórmula actual las empresas obtendrían exactamente la misma puntuación en la licitación 1 y en la licitación 2. Mientras que en la fórmula alternativa la puntuación resultante refleja la diferencia real que existe en ambos casos entre las diversas ofertas económicas. Por lo tanto, la fórmula alternativa propuesta cumple el principio de proporcionalidad entre oferta y puntuación, y la actual no. En todo caso se cumple el principio de que en condiciones de perfecta igualdad en el resto de criterios, incluidos los técnicos, la oferta más barata sea la más ventajosa.

3.ª) El hecho de que con las fórmulas propuestas no siempre se repartan todos los puntos posibles de la oferta económica (licitación caso 2) no merece ninguna objeción, de la misma forma que se acepta con normalidad que en la valoración de las ofertas técnicas a menudo no se conceda la máxima puntuación a ningún licitador. Hay que considerar que a la menor puntuación efectivamente otorgada no le falta motivación (tal como ocurría en algunas fórmulas frecuentemente utilizadas en la práctica), sino que es estrictamente proporcional a la baja presentada por las empresas. Si el resto de criterios de adjudicación, en particular aquellos que valoran la calidad técnica de las ofertas, están bien planteados y se valoran correctamente, se conseguirá una puntuación global en la que ganará la oferta que ofrezca una mejor relación calidad-precio.

4ª) Las dos fórmulas alternativas propuestas no sólo permiten que el ente contratante se ajuste al principio legal de adjudicación según la mejor relación calidad-precio, sino que incentivan a los licitadores a presentar propuestas que permitan "obtener obras, suministros y servicios de gran calidad", tal como propugna la exposición de motivos de la nueva LCSP.

5ª) Las fórmulas propuestas suponen un umbral de saciedad razonable y justificado, dado que se sitúa en el punto a partir del cual la oferta incurre en presunción legal de anormalidad, por lo que no resulta prudente puntuarla en todo lo que supere este umbral.

6) Las fórmulas propuestas se ajustan al requerimiento legal de transparencia en la contratación, en el sentido que los licitadores pueden prever razonablemente la correspondencia y proporción entre la puntuación que obtendrá su esfuerzo destinado a presentar una oferta técnicamente de calidad, y su intento de ofrecer un precio lo más económico posible.

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  • Esta publicación corresponde a un extracto de la opinión escrita por Carles Ros Arpa que puede descargarse aquí.

Colaborador

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Secretario Administración Local, Ayuntamiento Sant Feliu de Guíxols

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