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ObCP - Opinión
Contratación Pública: una reflexión europea

La Comisión Europea ha abierto últimamente una nueva reflexión sobre la contratación pública en la UE. El método utilizado por esta institución es la publicación de un Libro Verde, es decir, un acto atípico, sin efectos jurídicos, pero con valor político indudable y prenormativo, además de claramente interpretativo, en algunos extremos. El título es revelador tanto de las aspiraciones de la Comisión como de su valoración de conjunto de la legislación adoptada hasta la fecha: “Hacia un mercado europeo de la contratación pública… más eficiente”.

18/10/2011

La eficiencia referida se proclama de la utilización de los fondos públicos, “en el contexto de drásticas limitaciones presupuestarias y dificultades económicas imperante en muchos Estados miembros de la UE”. Para ello se exigen “resultados óptimos de los mecanismos y modalidades de contratación” por medio de unos procedimientos, igualmente eficientes. Bajo la denominación de contratación pública se encierra en la actualidad no sólo la del sector público, sino también la de las industrias de red reguladas más importantes: energía, agua, transportes y servicios postales, toda vez que en el caso de las telecomunicaciones, previamente acogidas a este régimen, se admite su apertura competitiva y su adscripción al régimen general. Y, desde el punto de vista económico el desafío de crear un mercado único europeo en lugar de regular veintisiete mercados domésticos.

No cabe olvidar, en este sentido, que el Tribunal de Justicia de la UE ha sostenido, en reciente jurisprudencia, que el concepto de contratos públicos exige que las obras, los suministros o los servicios que constituyan el objeto del contrato reporten un beneficio directo para el poder adjudicador.

Directiva de obras

En el año 1971 con la primera Directiva de obras se inició la regulación comunitaria en la materia, siendo la última pieza legislativa de relieve la reforma de la Directiva recursos, que culmina el bloque legislativo de 2004 actualmente vigente, ya incorporado a los ordenamientos jurídicos nacionales. Entre otros aspectos de especial significación, estas Directivas pretenden la integración en el marco de la contratación de otras políticas europeas, como la protección del medio ambiente, las normas sociales, incluidas las medidas de disminución del desempleo y la lucha contra la corrupción. Ahora se inicia otra nueva reforma que continuará en su momento, sin duda, con un borrador de Directivas.

De los objetivos perseguidos destaca pues, el incremento de la eficiencia en el gasto público, el aumento de la competencia, verdadero caballo de batalla de esta regulación, cuya ausencia se define en algún punto del Informe como “costoso trato preferencial a favor de los operadores comerciales o locales”, la simplificación normativa y la mejora de los procedimientos contractuales así como del sistema de garantías y recursos.

El Libro Verde repasa muchos temas de interés, apuntando, en algunos casos vías de reforma. Así se señala que se podrían establecer sólo dos tipos de contratos públicos, siguiendo el modelo ACP, o uno que considerara las obras una forma de servicio (ej.: de construcción). En materia de contratos de servicios se cuestiona la continuidad de la distinción prevista en las Directivas, llegándose a afirmar que su existencia “es una fuente de dificultades y posibles errores en la aplicación de las normas”.

Asimismo se analizan los pros y contras de la revisión de los umbrales económicos actuales. Se subraya el perímetro de definición de los organismos de Derecho público, en consonancia con la jurisprudencia europea. Se pondera el régimen de exenciones en la regulación de los “especiales”, industrias de red, como la electricidad, las infraestructuras postales, las líneas de ferrocarriles o los sectores que explotan una zona geográfica en exclusiva, sea para proporcionar terminales de transporte o para realizar actividades de prospección y/o extracción de minerales, como las del petróleo, gas o carbón.

Los temas relativos al alcance de la negociación contractual, la distinción entre selección y adjudicación y sus efectos, la utilización de los sistemas de clasificación y los anuncios periódicos indicativos, la problemática de la ejecución de los contratos, con una mención especial a las modificaciones sustanciales, son algunos otros temas de especial relevancia, sobre los que debería prestarse atención en el futuro próximo.

Una parte importante del documento es la destinada a analizar el impacto de esta regulación en las PYMES, así como los nuevos aspectos relativos a la eficiencia energética que deberán tenerse en cuenta en las licitaciones desde este mismo año.

Colaborador

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Vicente López-Ibor Mayor
Presidente de Estudio Jurídico Internacional. Miembro del Comité Consultivo para la apertura de la Contratación Pública de la Comisión Europea.