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ObCP - Opinión
Contratación pública en Ecuador en época de pandemia – Nos obligaron a reinventarnos
12/10/2020

Para nadie es un secreto que la pandemia causada por el coronavirus SARS-CoV-2 nos ha obligado a replantearnos como sociedad, incluso en la toma de decisiones a nivel gubernamental, y la necesidad de generar medidas que permitan continuar con las actividades de la ciudadanía evitando la afectación a la salud. Estas medidas no son ajenas a la realidad de las entidades públicas, que se han visto obligadas a dar pasos inesperados en aras de cumplir con sus actividades, pasos que, para sociedades como la latinoamericana, parecían impensables. El impacto que ha tenido este cambio de vida en los servidores públicos, en la burocracia, en las acciones que se creían cotidianas y que parecían ser perennes, en especial en lo referente al desarrollo de las compras públicas, ha supuesto la necesidad de reinvención de los procedimientos de contratación que se creían completamente dominados.

En el año 2017, el Banco Mundial emitió el informe denominado “Evaluación comparativa de Contratación Pública 2017”, cuya finalidad era analizar los sistemas de compras públicas de 180 países a nivel mundial. Entre los resultados obtenidos, el Ecuador se postuló en el onceavo lugar a nivel mundial en eficiencia y publicidad, y en el primer lugar a nivel Norteamérica y Suramérica. Dentro del parámetros estudiados se evaluó la funcionalidad y disponibilidad de la herramienta denominada Sistema Oficial de Contratación del Estado Ecuatoriano – SOCE, lo que pretendía generar un ejemplo a nivel mundial del uso de la tecnología para transparentar y publicitar a los procedimientos de contratación llevados a cabo por el Estado. Desde el 2008 el SOCE cuenta con tantas funcionalidades como disposiciones normativas existen para el desarrollo de los procedimientos de contratación, y genera la posibilidad de la carga de documentación desde su fase de creación hasta la liquidación contractual; incluso, existen módulos que generan los pliegos de contratación de manera automática, y permiten la interacción entre el Estado y el oferente interesado en una fase de preguntas, respuestas y aclaraciones. La ciudadanía, en este sentido, puede visualizar de manera directa y sin necesidad de “registrarse” en el portal, toda la documentación y actuaciones de las entidades públicas a lo largo de los procedimientos de contratación, en tiempo real en cada fase en la que se están desarrollando.

El SOCE parecía un milagro en un contexto en el que la sociedad no espera el desarrollo tecnológico en una entidad pública. Sin embargo, y a pesar de dicho reconocimiento, era evidente que la burocracia del siglo pasado pisaba los talones. La cantidad de “papeles” que generaba un procedimiento contractual, desde su inicio hasta la liquidación del contrato, con la creación de expedientes que se duplicaban o triplicaban para cada área de una entidad que los requería, y hasta para su entrega a los organismos de control que solicitan “copias físicas” de dichos procesos. A pesar de ser el país con el “mejor sistema”, no usamos la tecnología a nuestro favor. Si bien se ha promulgado la Ley Orgánica para la Optimización y Eficiencia de Trámites Administrativos, en la que se insta al Estado a interactuar con los administrados por medio de plataformas digitales, poco o nada se ha implementado que pueda cambiar la solicitud de la copia de la cédula o de la papeleta de votación en ventanilla.

En este contexto, llega la pandemia. Las circunstancias que rodean a dicho acontecimiento obligan a los funcionarios públicos y proveedores a trabajar desde casa -algo mal visto previamente por la sociedad para el caso de los servidores estatales- como un mecanismo para mantener las actividades del Estado en marcha. El SOCE ya no es suficiente, pues a pesar de que cada uno de los documentos que comportan un procedimiento de contratación se cargan en dicha herramienta, la entrega de ofertas y generación de expedientes físicos (por obligación de la burocracia de los organismos de control) debe cesar. Es momento de reinventar a la contratación pública.

El estadio en ciernes de esta nueva forma de entender la Contratación Pública obliga a usar regularmente la firma electrónica, al uso de nubes de almacenamiento de información que permita cargar la gran cantidad de documentación de respaldo de las ofertas, y mantener reuniones telemáticas de las Comisiones Técnicas para evaluar ofertas y atender cada paso que la ley dispone para el desarrollo de los procedimientos de contratación. Para aquellos quienes se aferran a las costumbres, el uso de la tecnología a este nivel en los procedimientos de contratación pública suponía el fin del trabajo como lo conocía. Ahora, hemos iniciado el viaje hacia una contratación pública realmente tecnificada, con la búsqueda de mecanismos que permitan la interacción de las entidades y los oferentes y proveedores por medio del verdadero Gobierno Electrónico. Los entes de control como la Contraloría General del Estado se han adaptado a los pedidos de información y documentación de manera digital- después de una ardua lucha.

Ahora bien, ¿Qué pasa con aquellos proveedores que forman parte de la Economía Popular y Solidaria, o los artesanos que no tienen acceso a los medios digitales para presentación de ofertas o interacción durante el desarrollo de las etapas de los procedimientos de contratación? El registro como proveedor del Estado, la invitación a participar en un procedimiento, la entrega de ofertas y documentación es netamente digital. ¿Cómo abordar aquellos grupos de productores nacionales que pueden enfatizar el cumplimiento del Principio Constitucional de priorización de producción nacional 1? Las herramientas existen, el camino es largo. Se requiere de una visión global que permita a las entidades públicas y en especial al Servicio Nacional de Contratación Pública el integrar a estos actores en las nuevas condiciones que supone la compra pública, hacer amigable la tecnología. Como manera de ejemplo, y en algún momento perdido en la historia, el organismo de contratación ecuatoriano tomó las riendas y decidió utilizar un bus que recorría los rincones más alejados del país, con la única intención de capacitar a la población sobre el sistema de contratación pública, permitiendo que la brecha digital se cierre un poco, y generando la participación de ese segmento de la población. Debemos regresar a esas prácticas que enseñan, que educan, que ayudan a crecer.

Las circunstancias abruptas consecuencia de la Pandemia, nos han obligado a repensar la manera en la que deben llevarse a cabo las compras públicas. El estar preparados con las herramientas tecnológicas que dejen atrás la necesidad de grandes expedientes con miles de papeles, y pasar a una era donde la interacción sea digital, sin olvidar a aquellos grupos que requieren de soporte del Estado para ser parte del Sistema Nacional de Contratación Pública, es el gran desafío del Ecuador y de Latinoamérica. Es preciso entender que, a pesar de contar con un sistema optimizado y tecnificado, el cambio se realiza con la integración de la tecnología en cada fase, dejando atrás los archivos empolvados y carpetas amontonadas, por información digital a la mano de la ciudadanía, pero sobre todo abriendo la mente de aquellos funcionarios que se encuentran atrapados en siglos pasados.

En este momento, la cultura del servicio público debe usar las herramientas tecnológicas que tiene en sus manos, y dar una vuelta a la burocracia que tanto pesa en Ecuador. La transparencia y la real publicidad de las actuaciones de la administración pública solo pueden lograrse a través de los mecanismos de gobierno electrónico que deben ser optimizados y mejorados, pero además a través de la capacitación a la población para su uso.

¡Es tiempo de reinventarse una y otra vez!

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1 Constitución de la República del Ecuador – 2008- Art. 288.- “Las compras públicas cumplirán con criterios de eficiencia, transparencia, calidad, responsabilidad ambiental y social. Se priorizarán los productos y servicios nacionales, en particular los provenientes de la economía popular y solidaria, y de las micro, pequeñas y medianas unidades productivas.”

Colaborador

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Alexandra Sierra
Abogada Asociada Senior del Departamento de Contratación Pública y Litigación Administrativa de la Firma Jurídica VERUM&CO Abogados