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ObCP - Opinión
Cada uno de los integrantes de una UTE está legitimado para actuar individualmente en defensa de sus derechos

La Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo sienta doctrina interpretando el artículo 19.1.a) de la LJCA. Así, sobre la base del principio pro actione, el Alto Tribunal reconoce la legitimación individual de cada uno de los miembros de una Unión Temporal de Empresas (UTE) para recurrir el acuerdo de adjudicación de un contrato.

08/06/2020

La Sentencia Nº 216/2020, de la Sala de lo Contencioso del Tribunal Supremo (Sección 4ª), de 17 de febrero de 2020, que trae causa del recurso de casación Nº: 36/2018, interpuesto por la mercantil SERMOS 32, S.L., frente a la Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía por la que se inadmite por falta de legitimación activa el recurso contencioso-administrativo interpuesto por esta licitadora frente a la Resolución Nº 2/2013, del Tribunal de Recursos Contractuales del Ayuntamiento de Sevilla, que desestimó el recurso especial en materia de contratación interpuesto contra el acuerdo de adjudicación, efectuado en relación con un procedimiento de licitación de una concesión administrativa.

La STSJ objeto de este recurso de casación, inadmitió el recurso contencioso de SERMOS 32, S.L. porque concluyó que esta carecía de legitimación activa para impugnar la actuación administrativa cuestionada. Dicha conclusión se apoyaba en que esa legitimación asistía a la UTE en formación en la que estaba integrada, pero no a SERMOS 32, S.L. individualmente. Esta decisión se fundaba en la decisión de la Séptima de la Sala de lo Contencioso, de 18 de febrero de 2015 (casación nº 1440/2013). Además, la sentencia recurrida señalaba que, dado que la participación de esta empresa en la UTE se limitaba a un 25%, y que había supeditado voluntariamente su status individual al general del colectivo, no estaba facultada para ejercer a título individual los derechos y acciones de esa UTE. El Tribunal a quo explicaba que no se daba la circunstancia en que descansa el voto particular de la sentencia citada de 2015, en tanto que en el caso que contemplaba, el allí recurrente que vio inadmitido su recurso pretendía ser indemnizado por los perjuicios derivados de participar en el concurso.

Al admitir a trámite el recurso de casación, el Tribunal Supremo concreta que, existiendo pronunciamientos diversos sobre el extremo controvertido de la legitimación de los integrantes de las UTEs, la cuestión en la que se entiende que existe interés casacional objetivo para la formación de jurisprudencia es la siguiente: “cada uno de los integrantes de una unión temporal de empresas (UTE) está legitimado para actuar individualmente en defensa de sus derechos para impugnar actuaciones administrativas adoptadas en la fase de adjudicación de un contrato administrativo”.

La sentencia estudiada realiza un análisis de las sentencias invocadas por las partes –tanto a favor como en contra del reconocimiento de legitimación a una de las empresas integrantes de la UTE –, así como del pronunciamiento más reciente de la Sala, cual es la Sentencia Nº 1327/2019 (recurso de casación Nº 5824/2017), que tuvo por legitimada a una empresa que impugnó individualmente un actuación administrativa que suponía la incautación de la garantía prestada por la UTE adjudicataria, realizando una interpretación del artículo 19.1 a) de la LJCA conforme con el principio pro actione.

Así las cosas, el Tribunal Supremo aprecia que el asunto presenta múltiples facetas, y que en las distintas sentencias observadas se evidencian distintos matices y aparecen los rasgos específicos del litigio correspondiente: se destaca que no es lo mismo pretender un resarcimiento o evitar la incautación de las garantías presentadas en su día, que instar la adjudicación del contrato o concesión. También se ha valorado si hay o no oposición de los demás integrantes de la UTE, o si la que actúa en el pleito tenía o no la condición de representante único de la misma.

Así las cosas, en este panorama jurisprudencial aparentemente indefinido, se aprecia que las sentencias que han fallado a favor del reconocimiento de la legitimación individual, atienden al principio pro actione e identifican un concreto interés legítimo en la empresa actuante. Por su parte, aquellas que han fallado en contra, acuden a una construcción formal que las lleva a negar el interés individual y admitir sólo el colectivo en virtud de la oferta común. Al razonar de este modo –critica el Alto Tribunal–, en vez de detenerse en la constatación de la concurrencia del sustrato material de la legitimación de la recurrente, anticipan un juicio sobre acontecimientos futuros e inciertos, como son los que puedan seguir a la estimación, si es que se acordara.

A la luz de lo antedicho, en la sentencia analizada, el Tribunal Supremo parte de la constatación de que el artículo 19 de la LJCA anuda la legitimación para ser parte en el proceso a la titularidad de un derecho o de un interés legítimo, hecho este que se identifica –caso por caso– con la posibilidad de que un eventual fallo estimatorio proporcione un beneficio o una ventaja al recurrente, o le permita evitar gracias a él un perjuicio o una desventaja. Por tanto, esta controversia se centra en determinar si la mercantil SERMOS, S.L. lograría un beneficio o evitaría un perjuicio, de prosperar el recurso, sin que, en principio, la actitud extraprocesal de quienes formaban parte de la UTE, sea relevante.

En este caso, SERMOS, S.L. quiere que, previa casación de la sentencia de instancia, el Alto Tribunal anule la adjudicación efectuada, y se siente la consecuencia de que sea esta mercantil la adjudicataria del contrato; así, la estimación sí supondría un beneficio a la recurrente, y, por ende, esta tiene un interés legítimo, concreto y material, no un mero interés por la legalidad. En esta línea, la Sala afirma que: “al pronunciarnos de este modo, no sólo seguimos la consolidada jurisprudencia sobre el sentido del interés legítimo del artículo 19.1.a) de la Ley de la Jurisdicción, sino también el criterio más favorable al acceso al proceso, a su vez, manifestación del derecho fundamental a la tutela judicial”.

Así, dando respuesta a la cuestión planteada por el Auto de admisión, la Sala del Tribunal Supremo concluye que: “la interpretación del artículo 19.1.a) de la LJCA, en relación con el principio pro actione, en las particulares circunstancias del caso, lleva a concluir que SERMOS 32, S.L. tenía un interés legítimo en impugnar el acto de adjudicación”.

Una breve mención merece el voto particular incluido en la Sentencia del Tribunal Supremo analizada, según el cual la Sala debió fijar como doctrina que cada uno de los miembros de la UTE no está legitimado para actuar individualmente en defensa de sus derechos, toda vez que, según afirma, esta Sala debió acudir al criterio fijado en la sentencia dictada el 18 de febrero de 2015 (recurso de casación Nº 1440/2013), conforme al cual el interés legítimo radica, no en las diferentes empresas que integran la UTE, sino en la propia UTE en su conjunto, salvo manifestación expresa de aquellas en sentido contrario o diferente.

Colaborador

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Abogada en la asesoría jurídica del GRUPO ETRA. Codirectora del Observatorio de la Regulación de las Entidades del Sector Público-OIRESP

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