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ObCP - Opinión
Breve reflexión sobre el perfil del contratante

Breve reflexión sobre el perfil del contratante: su consideración como lugar idóneo para dar cumplimiento a las exigencias de publicidad de la futura Ley de Transparencia y los instrumentos existentes para acreditar fehacientemente el momento de la difusión

02/12/2013

De conformidad con el artículo 53.2 del texto refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, “el perfil del contratante podrá incluir cualesquiera datos e informaciones referentes a la actividad contractual”, una redacción ambigua que conlleva que cada poder adjudicador disponga de total libertad para ampliar la transparencia y publicidad de la información contractual más allá de los datos mínimos requeridos por la normativa sobre contratación pública. Entre la información que el TRLCSP menciona expresamente que podrá incluir se encuentra la de “cualesquiera datos e informaciones referentes a la actividad contractual del órgano de contratación, tales como los anuncios de información previa contemplados en el artículo 141, las licitaciones abiertas o en curso y la documentación relativa a las mismas, las contrataciones programadas, los contratos adjudicados, los procedimientos anulados, y cualquier otra información útil de tipo general, como puntos de contacto y medios de comunicación que pueden utilizarse para relacionarse con el órgano de contratación. En todo caso deberá publicarse en el perfil de contratante la adjudicación de los contratos”.

La utilidad y eficacia del perfil del comprador radica en gran medida en la información que a través del mismo se difunde, y por ello es fundamental que ésta permita a cualquier posible licitador conocer todos los términos de los contratos que se pretendan adjudicar de manera clara, concisa y transparente, de tal forma que tenga la información necesaria para valorar objetivamente si le interesa o no concurrir a la licitación en cuestión. También hay que prestar especial atención a cómo se estructura dicha información, ya que la forma en que se disponga en el perfil reviste de especial importancia según los criterios que se adopten para organizarla de una u otra manera.

No hay que olvidar que además de los licitadores y los órganos de contratación, la información que se desprende de los perfiles del contratante interesa en gran medida a los ciudadanos y contribuyentes, ya que los datos que se hacen públicos a través de estos instrumentos permiten a los anteriores colectivos reunir la suficiente información para enjuiciar las labores de gestión que llevan a cabo los poderes públicos, y por lo tanto exigir responsabilidades políticas a sus máximos representantes, así como otorgarles rédito político cuando las prácticas de gestión han sido adecuadas, por lo que el perfil también debe de atender a este tipo de vicisitudes.

Por tratarse de un instrumento electrónico y las posibilidades que ofrece, el perfil del contratante podría ser el instrumento electrónico idóneo para dar cumplimiento a las exigencias de publicidad previstas en materia de contratación pública por el proyecto que dará lugar a la nueva Ley de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno. De ésta forma, según lo previsto por el apartado a) del artículo 7 de dicho proyecto de ley, será obligatorio para los sujetos incluidos en su ámbito de aplicación hacer público “todos los contratos formalizados, con indicación del objeto, el importe de licitación y de adjudicación, el procedimiento utilizado para su celebración, los instrumentos a través de los que, en su caso, se ha publicitado, el número de licitadores participantes en el procedimiento y la identidad del adjudicatario, así como las modificaciones del contrato”. Serán objeto de publicación también “las decisiones de desistimiento y renuncia de los contratos. La publicación de la información relativa a los contratos menores podrá realizarse trimestralmente y de forma agregada. Así mismo, se publicarán datos estadísticos sobre el porcentaje en volumen presupuestario de contratos adjudicados a través de cada uno de los procedimientos previstos en la legislación de contratos del sector público”.

Se trata de un avance en la publicidad contractual, pero sin duda es un pequeño paso en la carrera hacia una contratación pública transparente. Se echa de menos un proyecto de ley más ambicioso, que exija mayor información a los poderes adjudicadores y que les haga hacer públicos datos a modo de ejemplo tales como las ofertas presentadas por cada licitador participante, las puntuaciones obtenidas en los diferentes criterios valorables por cada uno de ellos cuando se trate de la oferta económica más ventajosa, la justificación del procedimiento de adjudicación seleccionado, salvo cuando se trate de los procedimientos ordinarios abierto y restringido, y en el caso de la celebración de un contrato de colaboración público-privada o la utilización del procedimiento del diálogo competitivo, documento en el que se justifique la complejidad del contrato.

Por otra parte, es necesario señalar que el apartado tercero del artículo 53 dispone que “el sistema informático que soporte el perfil del contratante deberá contar con un dispositivo que permita acreditar fehacientemente el momento de inicio de la difusión pública de la información que se incluya en el mismo”. De conformidad con el artículo 47 del Real Decreto 1671/2009, de 6 de noviembre, por el que se desarrolla parcialmente la Ley 11/2007, de 22 de junio, de acceso electrónico de los ciudadanos a los servicios públicos, existen dos modalidades de referencia temporal:

  • a) "Marca de tiempo": entendiendo por tal la asignación por medios electrónicos de la fecha y hora a un documento electrónico. Es el propio organismo interesado el que debe de generar la referencia temporal.
  • b) "Sello de tiempo": la asignación de la referencia temporal se realiza por un tercero de confianza, independiente y ajeno al procedimiento o documento concreto, mediante un proceso de firma electrónica verificable que asegura la exactitud e integridad de la referencia. Así mismo, el sello de tiempo garantiza fehacientemente que una serie de datos, preparados por el solicitante del sello, han existido y no han sido modificados desde un momento determinado.

Si bien la marca de tiempo no tiene por qué ser menos precisa que un sello de tiempo, al especificarse por el texto refundido de la Ley de Contratos del Sector Público que tal acreditación deba “acreditar fehacientemente” el momento, la ley está obligando a que los sistemas de información que la implementen utilicen el sellado de tiempo para indicar el momento de inicio de la difusión pública, ya que la generación de una marca de tiempo aunque puede ser una marca fiable, no es contrastable y carece de validez jurídica para acreditar la existencia de un documento electrónico antes de un momento determinado.

De la investigación realizada en diferentes perfiles del contratante en las últimas semanas, se ha podido comprobar que existe un nutrido grupo de poderes adjudicadores que utilizan en su perfil la marca de tiempo en detrimento del sello de tiempo. A dichos poderes aconsejamos la utilización de software TS@ desarrollado por la Dirección General de Modernización Administrativa, Procedimientos e Impulso de la Administración Electrónica, del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas, en lugar de la marca de tiempo, ya que el primero goza de validez jurídica para acreditar la publicación de un determinado documento en un momento dado ante cualquier posible litigio.

Colaborador