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SENTENCIA DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA (Sala Décima), de 11 de junio de 2020 (asunto C 219/19), Parsec Fondazione Parco delle Scienze e della Cultura
18/06/2020
En esta STJUE analiza los requisitos para que una entidad pueda ser admitida a una licitación.

En esta STJUE analiza los requisitos para que una entidad pueda ser admitida a una licitación.

El origen es la decisión de la Autoridad Nacional Anticorrupción de Italia, que denegó la solicitud de inscripción de Parsec en el registro nacional de sociedades de ingenieros y profesionales habilitados para prestar servicios de arquitectura y de ingeniería (Parsec es una fundación de Derecho privado, sin ánimo de lucro, constituida con arreglo al Código Civil italiano).

El TJUE recuerda que el concepto de “operador económico” debe interpretarse en un sentido amplio a fin de que incluya a cualquier persona o entidad que ofrezca la ejecución de obras, el suministro de productos o la prestación de servicios en el mercado, independientemente de la forma jurídica que haya escogido para operar en él. Por consiguiente, las empresas, las sucursales, las filiales, las asociaciones, las sociedades cooperativas, las sociedades anónimas, las universidades, públicas y privadas, y otras formas de entidades distintas de las personas físicas deben estar todas ellas incluidas en el concepto de operador económico, sean o no “personas jurídicas” en todas las circunstancias.

Las consideraciones de la sentencia son:

“23….conforme a la jurisprudencia del Tribunal de Justicia recordada en los apartados 20 y 21 de la presente sentencia, el Derecho nacional no puede prohibir que una fundación sin ánimo de lucro facultada para ofrecer determinados servicios en el mercado nacional participe en procedimientos de adjudicación de contratos públicos relativos a la prestación de esos mismos servicios.

24 Esta interpretación no queda desvirtuada por el motivo, que formula el órgano jurisdiccional remitente en su petición de decisión prejudicial y que reproduce el Gobierno italiano en sus observaciones escritas, de que la definición restrictiva del concepto de «operador económico» que figura en el artículo 46 del Código de los Contratos Públicos en el contexto de los servicios relacionados con la arquitectura y la ingeniería se justifica por la elevada profesionalidad necesaria para garantizar la calidad de tales servicios y por una supuesta presunción en virtud de la cual las personas que prestan estos servicios de manera continua, con carácter profesional y remunerado, suelen haber ejercitado su actividad de forma ininterrumpida y haber realizado cursos de perfeccionamiento profesional.

25 En primer lugar, como ha señalado la Comisión Europea, dicho Gobierno no ha demostrado la existencia de ninguna correlación particular entre, por un lado, el nivel de profesionalidad acreditado en el marco de la prestación de un servicio y, en consecuencia, la calidad del servicio prestado y, por otro lado, la forma jurídica en la que se ha constituido el operador económico que presta dicho servicio.

26 En segundo lugar, en lo que atañe a la «presunción» según la cual las personas que prestan servicios relacionados con la arquitectura y la ingeniería con carácter profesional y remunerado suelen haber ejercido su actividad sin interrupción y haber seguido cursos de perfeccionamiento profesional, basta con señalar que tal presunción no puede prosperar conforme al Derecho de la Unión, ya que es incompatible con la jurisprudencia del Tribunal de Justicia, expuesta en el apartado 20 de la presente sentencia, de la que se desprende que, cuando una entidad está facultada por el Derecho nacional para ofrecer en el mercado servicios de arquitectura e ingeniería en el Estado miembro de que se trate, no puede negársele el derecho a participar en un procedimiento de adjudicación de un contrato público relativo a la prestación de esos mismos servicios.

27 Por último, procede añadir que el legislador de la Unión era sensible a la importancia de que los candidatos y licitadores en el ámbito de los contratos públicos de servicios y de obras, así como de determinados contratos públicos de suministro, presenten un alto nivel de profesionalidad. Con este fin estableció, en el artículo 19, apartado 1, de la Directiva 2014/24, la posibilidad de exigir a las personas jurídicas que indiquen, en la oferta o en la solicitud de participación, los nombres y la cualificación profesional pertinente del personal responsable de ejecutar el contrato de que se trate. En cambio, con ese mismo fin, el legislador de la Unión no estableció ningún trato diferenciado en función de la forma jurídica en la que esos candidatos y licitadores hayan decidido operar.

28 Por tanto, procede responder a la cuestión prejudicial planteada que los artículos 19, apartado 1, y 80, apartado 2, de la Directiva 2014/24, a la luz del considerando 14 de dicha Directiva, deben interpretarse en el sentido de que se oponen a una normativa nacional que excluye la posibilidad de que las entidades sin ánimo de lucro participen en un procedimiento de adjudicación de un contrato público de servicios de ingeniería y de arquitectura, aun cuando tales entidades están habilitadas por el Derecho nacional para ofrecer los servicios a que se refiere dicho contrato”.

*Consulta la sentencia aquí