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Sentencia del TJUE de 11 de junio de 2020, asunto C-472/19, Vert Marine
15/06/2020
El TJUE responde a una cuestión prejudicial planteada por el Consejo de Estado francés (actuando como Tribunal Supremo de lo Contencioso-Administrativo) respecto de la compatibilidad de la normativa francesa con la Directiva 2014/23/UE («concesiones»).

El Tribunal de Justicia de la Unión Europea en esta sentencia responde a una cuestión prejudicial planteada por el Consejo de Estado francés (actuando como Tribunal Supremo de lo Contencioso-Administrativo) respecto de la compatibilidad de la normativa francesa con la Directiva 2014/23/UE («concesiones») en relación a su falta de previsión de un mecanismo de cumplimiento (medidas correctoras) que permita a un operador económico eludir una prohibición de contratar en caso de condena judicial por determinados tipos delictivos.

Las Directivas sobre contratación pública prevén la posibilidad de excepcionar la aplicación de las prohibiciones de contratar obligatorias a través de las llamadas medidas autocorrectoras o de «self-cleaning» al preveer que todo operador económico pueda presentar pruebas de las medidas que ha adoptado a fin de demostrar su fiabilidad, aun cuando esté incurso en un supuesto de prohibición de contratar.

El Derecho francés contempla otros mecanismos jurídicos que permiten el levantamiento total o parcial de cualquier prohibición, privación o incapacidad que afecta a una persona como consecuencia de una condena penal, pero en tanto, que su normativa contractual no habilita la posibilidad de presentar estas medidas correctoras, el TJUE “se opone a una normativa nacional que no concede a un operador económico condenado en firme por una de las infracciones contempladas en el artículo 38, apartado 4, de esta Directiva y que es objeto, por esa razón, de una prohibición de pleno Derecho de participar en los procedimientos de adjudicación de contratos de concesión la posibilidad de presentar pruebas de que ha adoptado medidas correctoras que pueden demostrar la recuperación de su fiabilidad”.

Esta sentencia tiene importancia para el Derecho español en tanto que la LCSP tampoco contempla dicha posibilidad para todos los supuestos de prohibición de contratar.