Image
ObCP - Noticias
ESPECIAL ELECCIONES 20N
09/11/2011
Las propuestas de los principales partidos políticos con incidencia en materia de contratación pública

El próximo 20 de Noviembre se celebran elecciones generales. Los diferentes partidos políticos han plasmado sus propuestas de gobierno en los respectivos programas electorales. En la gran mayoría de ellos encontramos referencias expresas a la contratación pública, y desde el observatorio de la contratación pública se ha hecho un repaso de las mismas.

Hay algunas “curiosidades” que llaman la atención tras la lectura de los programas electorales. Por ejemplo, que Izquierda Unida no ha actualizado su lenguaje para referirse a la norma de cabecera sobre contratación pública, pues al plantear su reforma se refiere a la Ley de contratos del Estado «sic» (derogada desde 1995). Esa misma formación denuncia el incumplimiento de las exigencias de la Unión Europea sobre derechos de los licitadores en la contratación pública, si bien no concreta a qué tipo de incumplimientos se refiere. Por su parte, Geroa Bai (antes Nafarroa Bai) afirma que la compra y la contratación pública verde europea supone un 16% del Producto Interior Bruto «sic», cifra que no corresponde a la contratación verde, sino a la contratación pública en general. Curioso es también que Coalición Canaria proponga un Plan para el favorecimiento de la contratación pública de empresas canarias. Y por último, hay que mencionar que el programa electoral del Partido Nacionalista Vasco es el único en el que no se advierte ninguna referencia a la contratación pública.

Por lo que a propuestas concretas se refiere, varios partidos proponen incrementar la transparencia en los procedimientos de contratación. El partido socialista la menciona en su programa, aunque es el partido popular el que focaliza su atención en la misma al hablar de contratación pública. Este partido propone la creación de un portal de la transparencia en internet que dé un acceso permanente y sencillo a los ciudadanos a todos los expedientes de contratación. Insiste también en la cuestión de la transparencia en la contratación el Bloque Nacionalista Galego, e Izquierda Unida reclama esa transparencia en la contratación electrónica. Unión, Progreso y Democracia quizás va un paso más allá y se atreve con la propuesta de una serie medidas para luchar contra la corrupción en la contratación administrativa, como la limitación de la posibilidad de adjudicar contratos directamente a favor de un contratista, la cuantía de los contratos menores y la posibilidad de subdividir contratos, exigiendo la publicidad de la contratación administrativa. También incluye en su programa esta formación la prohibición de contratar al personal de alta dirección, asesores, representantes legales, apoderados o mandatarios de empresas que tengan conflictos de intereses con las administraciones públicas.

Donde mayor protagonismo cobran las referencias a la contratación pública es en los apartados que los partidos políticos dedican a las cuestiones “sociales”. Izquierda Unida propone la inclusión de cláusulas sociales en los contratos, pero no especifica de qué tipo, salvo la genérica de favorecer a las pequeñas y medianas empresas, autónomos y cooperativas. Unión, Progreso y Democracia incluye en su programa un Plan de contratación pública que incluya el requisito de que las empresas licitantes o beneficiarias de la adjudicación de contratos públicos acrediten el cumplimiento de la obligación de reserva de empleo para trabajadores con discapacidad, y establezca la obligación para todas las Administraciones de reservar un porcentaje mínimo de contratación. El partido socialista propone desarrollar cláusulas que permitan que el valor diferencial de la Economía Social sea tenido en cuenta en los procesos de contratación pública, aspecto éste con el que coinciden Convergencia i Unió y Esquerra Republicana de Cataluña al reclamar un mayor protagonismo para las entidades de economía social y del tercer sector, pero sin concretar el modo en que haya de hacerse efectivo. El partido socialista sugiere también la consideración en la adjudicación de los contratos del sector público, de aquellas empresas que tengan acreditada su condición de empresas socialmente responsables, según los criterios recomendados por el Consejo Estatal de RSE.

En relación con las cláusulas medioambientales, son mencionadas en el programa de Izquierda Unida, aunque es Geroa Bai (antes Nafarroa Bai) la que mayor protagonismo les atribuye, hasta el punto de dedicar un epígrafe completo de su programa a la Contratación Pública Verde. Este partido plantea la introducción de la dimensión ecológica en la contratación pública, de modo que los pliegos de contratación pública de obras, suministros y servicios valoren el ahorro y la eficiencia energética, las certificaciones ambientales, los sistemas de gestión ambiental y el tratamiento de los residuos generados.

Además de las anteriores, varios programas políticos plantean la reforma de la Ley de contratos del sector público en aspectos relacionados con el precio de los contratos. En el del partido socialista se plantea que los subcontratados puedan ejercer su derechos frente a los primeros contratistas. Convergencia i Unió y Esquerra Republicana de Cataluña vuelven a coincidir en proponer que el precio final de los contratos incluya el importe del Impuesto sobre el Valor Añadido. Junto a ellos, Izquierda Unida propone limitar y regular de forma estricta las revisiones de precios al alza en los contratos, y la revisión de todos los contratos públicos con precios superiores al medio del mercado.

Como puede apreciarse, con carácter general, se trata de propuestas demasiado genéricas. Poco o nada se profundiza en la mayoría de ellas sobre el modo de articularlas, limitándose a su mero enunciado. Quizás las ausencias más destacables sean referencias al impulso y desarrollo de la contratación pública electrónica y la simplificación de los procedimientos ordinarios, cuando estamos a las puertas de una nueva directiva que impondrá cambios importantes. Desde el Observatorio de contratación pública se elaborarán propuestas para completar esas genéricas previsiones que recogen las diferentes fuerzas políticas en sus programas de gobierno, con el objetivo de hacer efectivos los principios de eficiencia, integridad y buena administración en la actividad contractual del sector público.

Nota:
La información que se ofrece a continuación no tiene carácter exhaustivo, y se ha tomado de los programas electorales difundidos por los partidos políticos y que se encuentran disponibles en Internet. La selección de los programas electorales se ha hecho tomando como referencia los partidos políticos que obtuvieron representación en las elecciones anteriores (2008), y se ordena atendiendo al número de diputados obtenidos por cada formación en dichos comicios

El Partido Socialista Obrero Español incluye referencias a la contratación pública en varios epígrafes de su programa. Al referirse a la austeridad en la actuación administrativa se propone minimizar los costes de producción de bienes y servicios públicos mediante medidas como la generalización de compras centralizadas, la gestión unificada del parque inmobiliario público, facilitando la contratación por medios electrónicos, etc…

Como medida de mejora de la eficiencia de la actuación administrativa se incluye la de hacer frente a la morosidad del sector público, un desequilibrio que perjudica al conjunto de las empresas y a los trabajadores dependientes de ellas. Para lograr este objetivo se garantizará la transparencia e información con el fin de que los subcontratados puedan ejercer su derechos frente a los primeros contratistas.

En materia de igualdad de oportunidades, se dice: «mantendremos y mejoraremos los instrumentos de incentivación de la contratación y mantenimiento del empleo para las personas con discapacidad, tanto en la empresa ordinaria y en la contratación pública, como en el ámbito del empleo protegido, un motor generador de empleos a pesar de la crisis».

Para el Fomento de la Economía Social el Partido Socialista propone «establecer un marco claro y estable de relación entre el sector público y el privado en la provisión y desarrollo de servicios de atención a la dependencia, en especial en torno al papel que cada parte ha de tener en los planes de desarrollo de infraestructura y servicios. La Ley de Dependencia establece la colaboración y cooperación entre el sector público y privado, y en ese marco se debe facilitar que las Empresas de Economía Social operen en el mismo como proveedores y prestadores de Servicio. Por ello se propone incluir el desarrollo de cláusulas de contratación que permitan que el valor diferencial de la Economía Social sea tenido en cuenta en los procesos de contratación pública».

Y por último, se conectan un par de medidas al impulso de la Responsabilidad Social Corporativa: Por un lado, la consideración en la adjudicación de los contratos del sector público, de aquellas empresas que tengan acreditada su condición de empresas socialmente responsables, según los criterios recomendados por el Consejo Estatal de RSE; por otro, que en la adjudicación de los contratos del sector público entre varias empresas, se valorará a aquellas que tengan acreditada su condición de empresas socialmente responsables según los criterios recomendados por el Consejo Estatal de RSE.

Las propuestas del Partido Popular en materia de contratación pública se inscriben en torno a la necesidad de dotar de transparencia a la actuación administrativa. El programa advierte que España es uno de los pocos países europeos que carece de una ley de transparencia y acceso de los ciudadanos a la información pública, y por eso proponen en primer lugar, desarrollar un portal de la transparencia en internet que dé un acceso permanente y sencillo a los ciudadanos a todos los procedimientos de información de las administraciones públicas. Incluirá el programa de gobierno y evaluaciones periódicas de su ejecución, información sobre el presupuesto y de todos los expedientes de contratación y subvenciones, así como los nombres y la remuneración de todos los altos cargos y personal de confianza en puestos de asesoramiento técnico o político. Más en concreto, otra de las propuestas es mejorar significativamente la transparencia en los procedimientos de contratación administrativa, reforzando la competencia y la publicidad de todas las actuaciones.

Por su parte, Convergencia i Unió plantea la modificación puntual de la Ley de contratos del Sector público para que en los precios de licitación se incluya obligatoriamente el importe correspondiente al Impuesto sobre el Valor Añadido cuando el órgano licitador sea el consumidor final. Además, dicho Partido propone impulsar el establecimiento de cláusulas sociales en los contratos que celebren las Administraciones públicas vinculados a la prestación de servicios de proximidad y fomentar a través de la compra pública responsable de servicios la contratación de las entidades de economía social.

En el programa electoral del Partido Nacionalista Vasco no se han apreciado (s.e.u.o.) referencias expresas a medidas en materia de contratación pública

Esquerra Republicana de Cataluña incluye un par de propuestas de modificación de la Ley de contratos del Sector Público en el apartado dedicado a la lucha contra la pobreza y la exclusión, y que se refieren a que el precio final de los contratos incluya el importe del Impuesto sobre el Valor Añadido y para facilitar de forma más explícita la inclusión de cláusulas sociales que valoren la aportación específica del Tercer Sector en la prestación de servicios públicos.

En el marco de la racionalización del gasto público, Izquierda Unida propone abiertamente la modificación de la Ley de contratos del Estado «sic», con el objetivo de

  • Limitar y regular de forma estricta las revisiones de precios al alza en los contratos.
  • Eliminar cualquier posibilidad de información privilegiada y acuerdos de proveedores para entorpecer la libre competencia.
  • Establecimiento de cláusulas sociales y medioambientales. Favorecer las pequeñas empresas, autónomos y cooperativas
  • Revisión de todos los contratos públicos con precios superiores al medio del mercado. Requerimiento de informes justificativos específicos para mantener cada contrato en esas condiciones.
  • Cumplimiento de las exigencias de la UE sobre derechos de los licitadores en la contratación pública que, hasta ahora, no son cumplidas por la Administración Española. Trasparencia de la licitación electrónica.

El Bloque Nacionalista Galego apuesta en su programa por la transparencia en el ejercicio de la actividad pública, y para ello propugna la adopción de las reformas normativa precisas para la aplicación de una Ley de transparencia que informe sobre todos los trámites administrativos de procedimientos de gasto (contrataciones, subvenciones, concesiones, etc…).

En el marco de una Administración más eficaz y moderna Coalición Canaria relaciona contratación pública y ahorro. Para ello, este grupo político propone Incentivar y favorecer la colaboración entre los sectores público y privado a través de los mecanismos previstos en la legislación de contratos el sector público, como medida de financiación de los servicios públicos, especialmente los de carácter universal. En el marco de las actuaciones en materia de empleo se propone la puesta en marcha un Plan para favorecer la contratación pública de las empresas canarias.

Las propuestas de Unión, Progreso y Democracia relacionadas con la contratación pública aparecen vinculadas a la política social (protección de colectivos desfavorecidos), y la transparencia y lucha contra la corrupción, y se traducirían, tanto en un Plan de contratación pública que incluya el requisito de que las empresas licitantes o beneficiarias de la adjudicación de contratos públicos y concesión de subvenciones acrediten el cumplimiento de la obligación de reserva de empleo para trabajadores con discapacidad, y establezca la obligación para todas las Administraciones de reservar un porcentaje mínimo de contratación, como en el establecimiento de Medidas contra la corrupción en la contratación administrativa, limitando la posibilidad de adjudicar contratos directamente a favor de un contratista, la cuantía de los contratos menores y la posibilidad de subdividir contratos, exigiendo la publicidad de la contratación administrativa. Prohibición de contratar al personal de alta dirección, asesores, representantes legales, apoderados o mandatarios de empresas que tengan conflictos de intereses con las administraciones públicas. Modificación de la ley de contratos del sector público para garantizar la libre concurrencia.

El último partido que obtuvo representación en las Cortes en 2008, Geroa Bai (Antes Nafarroa Bai) dedica uno de los apartados de su programa a la Contratación Pública Verde con la siguiente redacción:

La Revisión de la Estrategia de la Unión europea para un desarrollo sostenible de 2010 establecía como aspiración alcanzar para 2010 en toda la Unión Europea un nivel medio de contratación pública ecológica igual al que han alcanzado hasta ahora los Estados miembros más sobresalientes. España no está entre ellos, precisamente.

Teniendo en cuenta que la Compra y la Contratación Pública Verde europea supone un 16% del Producto Interior Bruto, es claro su poder tractor. Introducir la dimensión ecológica en la contratación pública también puede apoyar la innovación ecoeficiente. Las administraciones públicas pueden estimular los mercados de innovaciones ecológicas mediante la introducción de la dimensión ecológica en la contratación pública.

Se debe fijar normativamente los criterios para los contratos y compras del sector público con objetivos concretos, igual que otros países de nuestro entorno europeo. Los pliegos de contratación pública de obras, suministros y servicios deberán valorar el ahorro y la eficiencia energética, las certificaciones ambientales, los sistemas de gestión ambiental y el tratamiento de los residuos generados