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Utilización de pliegos tipo: consecuencias de la omisión del informe preceptivo del servicio jurídico sobre los criterios de adjudicación
28/11/2019
Resolución 1220/2019 Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuales.

La utilización de Pliegos de Cláusulas Administrativas Particulares tipo que permite el articulo 122.5 LCSP es práctica habitual. El problema se plantea sobre el contenido de dichos pliegos que resulta inamovible, y en concreto si los criterios de adjudicación deben ser incorporados al pliego tipo o pueden ser fijados por el órgano de contratación para cada procedimiento determinado, y en este caso si es preceptivo que informen de nuevo los Servicios Jurídicos.

El Tribunal administrativo Central de Recursos Contractuales se ha referido a esta cuestión en la Resolución 1220/2019 en el sentido de que la existencia de modelos tipo de pliego no exonera del preceptivo informe del Servicio Jurídico sobre los criterios de adjudicación.

El Tribunal toma como referencia el Informe de la Junta Regional de Contratación Administrativa de Murcia 2/2019, de 5 de julio, que dice sobre el informe de los servicios jurídicos a los pliegos de cláusulas administrativas tipo que es necesario que «el pliego tipo contenga las determinaciones necesarias para los pronunciamientos del Servicio Jurídico y, a la vez, que el pliego particular no contenga cláusulas contradictorias o distintas en aspectos esenciales del contrato, pues, si esto sucediera, se produciría el efecto de que el pliego particular, a pesar de la existencia de pliegos tipo, no quedaría excluido del informe preceptivo del Servicio Jurídico…». Por ello: «La existencia de modelos tipo de pliego no exonera del preceptivo informe del mismo por el Servicio Jurídico respecto de aquellos aspectos que no han sido precisados en el modelo tipo y que pueden afectar con mayor intensidad a los derechos y obligaciones de las partes en aspectos esenciales del contrato, tales como la determinación de los criterios de adjudicación y su ponderación, entre otros.»

Sobre las consecuencias que tiene la omisión del informe preceptivo del servicio jurídico sobre los criterios de adjudicación, el Tribunal entiende que es una irregularidad del procedimiento no determinante de la invalidez de la licitación:

«La omisión de este trámite no tiene carácter esencial del pliego que lleve a la ineficacia de éste por vicios de nulidad del procedimiento. A esta conclusión ha de llegarse toda vez que, el primer lugar no se encuentra entre los supuestos específicos de nulidad del contrato previstos en el artículo 39.2 de la LCSP, tampoco se reconoce en la omisión del informe del Servicio Jurídico sobre el PCAP alguna de las causas de nulidad contempladas en el artículo 47.1 de la LPAC, al que se remite el artículo 39.1 de la LCSP. Particularmente el supuesto contemplado en el artículo 47.1.e) de la LPAC, de interpretación restrictiva sobre la base de la presunción de validez y eficacia de los actos administrativos y el principio de seguridad jurídica.

(…) En cuanto a la causa de anulabilidad, además de las especificas previstas en el artículo 40 de las específicas de la LCSP, entre las que no se halla la omisión del informe del Servicio Jurídico sobre los PCAP, la norma hace una remisión al artículo 48 de la LPAC, en el que se sanciona con la anulabilidad los actos que incurran en cualquier infracción del ordenamiento jurídico. No obstante, el informe del artículo 122.7 de la LCSP cuyo fin es asegurar la legalidad del PCAP constituye un defecto procedimental no relevante en el procedimiento de licitación para asegurar que éste alcance su fin, la selección de la oferta económicamente más ventajosa, más allá de constituir una garantizar de indudable valor jurídico para ajustar los pliegos a la norma de contratación.

Asimismo, debe recordarse que el artículo 80.3 de la LPAC dispone la posibilidad de suspender el procedimiento si no se emitieran este tipo de informes en plazo, pero no impone esta suspensión, circunstancia que determinaría la eventual resolución sin el informe preceptivo.

En consecuencia, resultando la omisión del trámite previsto en el artículo 122.7 de la LCSP una irregularidad del procedimiento no determinante de la invalidez de la licitación, sin perjuicio de la responsabilidad del órgano que debió solicitar el informe omitido, este motivo de impugnación ha de ser desestimado.»