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Regulación de los contratos privados de seguros
16/11/2020
Informe 7/2020, de 28 de julio de 2020, de la Junta Consultiva de Contratación Pública del Estado.

En el presente informe la JCCPE responde a una serie de cuestiones planteadas por la Diputación de Valencia acerca del régimen jurídico que resulta aplicable a los contratos de seguros. Estas cuestiones hacen referencia a tres aspectos: (1) La duración del contrato; (2) la posibilidad de imponer una prórroga al contratista; (3) la continuidad de la prestación del servicio en atención a razones de interés público; y (4) la eventual aplicación por analogía del régimen de modificación contractual previsto en el artículo 309.1 de la Ley de Contratos del Sector Público (LCSP). En concreto, se trata de dilucidar si la celebración de un contrato de este tipo por la citada entidad local queda sujeta a la LCSP o, en su lugar, resulta de aplicación la normativa privada en materia de contratos de seguro.

1. La duración del contrato de seguro ha de ser establecida de acuerdo con las reglas de la LCSP. Esta afirmación se sustenta en la naturaleza jurídica de estos contratos que se califican en todo caso como contratos privados, incluso aunque sean celebrados por una Administración Pública. Es bien sabido que, de acuerdo con el artículo 26.2 de la LCSP, los contratos privados se rigen por la normativa sobre contratación pública en sus fases de preparación y adjudicación. En cambio, sus efectos y extinción quedan sometidos a las normas de derecho privado, sin perjuicio de la aplicación de las disposiciones relativas a las condiciones especiales de ejecución, modificación, cesión, subcontratación y resolución de los contratos cuando el contrato esté sujeto a regulación armonizada.

Pues bien, a este respecto la JCCPE entiende que la duración se trata de “un elemento sustancial del contrato, que afecta a todas sus fases y que ha de valorarse atendiendo a la naturaleza y circunstancias que concurren en cada contrato concreto y a la legislación aplicable al mismo”. En la fase de selección del contratista opera como un elemento delimitador de la competencia, por lo que la duración del contrato no ha de superar el plazo máximo contemplado en el artículo 29 de la LCSP para los contratos de servicios. Asimismo, su fijación ha de tomar en consideración la naturaleza de las prestaciones, las características de su financiación y la necesidad de someter periódicamente a concurrencia la realización de las mismas.

2. En coherencia con lo anterior, la JCCPE sostiene que la posibilidad de imponer una prórroga al contratista prevista en el artículo 29.2 de la LCSP resulta plenamente aplicable a los contratos de seguro. La razón es que este precepto extiende sus efectos a todos los contratos públicos, con independencia de que sean administrativos o privados.

Al propio tiempo, entiende que esta conclusión no vulnera en ningún caso la normativa específica del contrato de seguro porque (i) la LCSP constituye una norma especial aplicable a los contratos públicos, incluidos los de seguros, que goza de prevalencia; (ii) la normativa sobre contratación pública – tanto la Directiva 2014/24/UE como la LCSP – califica este tipo de contratos como contratos de servicios, en los que la facultad de prorrogar los contratos depende de la parte contractual que debe salvaguardar la defensa del interés público, y (iii) la ubicación del artículo 29 de la LCSP en la parte de la ley que se refiere a las normas generales aplicables a todos los contratos públicos.

3. Sobre la base de las consideraciones anteriores, la JCCPE admite la aplicación del último párrafo del artículo 29.4 de la LCSP a los contratos de seguro. Este precepto establece la facultad de acordar la prórroga del contrato cuando a la fecha de vencimiento no se hubiera formalizado el nuevo contrato que garantice la continuidad de la prestación a realizar por el contratista como consecuencia de incidencias resultantes de acontecimientos imprevisibles para el órgano de contratación producidas en el procedimiento de adjudicación y existan razones de interés público para no interrumpir la prestación. A su entender, “no existe ninguna razón para que este tipo de contratos no sean afectados por esta medida que, como ya señalamos en nuestros informes 73/2018 y 86/2018, tiene una relación muy directa con la necesidad de salvaguardar el interés público y de evitar que ciertas prestaciones que son necesarias para la ciudadanía dejen de prestarse por circunstancias sobrevenidas no imputables al órgano que licita un nuevo contrato”. Ello sin perjuicio de la obligación de la entidad contratante de acreditar en cada caso las razones de interés público que aconsejan la continuidad de la prestación.

4. Finalmente, se analiza la eventual aplicación por analogía del régimen de modificación contractual previsto en el artículo 309.1 de la LCSP a los contratos de seguro, teniendo en cuenta su calificación como contratos de servicios por la Directiva 2014/24/UE. La JCCPE niega esta posibilidad y justifica su decisión en dos factores que ha venido destacando a lo largo de todo su informe, como son (i) la ubicación sistemática de este precepto en el texto de la LCSP; y (ii) la fase contractual a la que afecta (ejecución del contrato). Dado que se trata de contratos de naturaleza privada, concluye que el mencionado precepto no resulta de aplicación en estos casos.