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Recurso especial y contratos financiados por el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia
12/07/2021
Expediente 8/21. Materia: Recurso especial y contratos financiados por el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia.

La Consejería de Hacienda y Financiación Europea de la Junta de Andalucía elevó consulta a la JCCPE sobre varias cuestiones relacionadas con el recurso especial en los contratos que ejecutan el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia:

  1. En primer lugar, sobre el plazo aplicable a los recursos interpuestos contra actos distintos a la adjudicación, ya que la literalidad del precepto parece referirse exclusivamente, en consonancia con la reducción del plazo para formalizar el contrato, al recurso que se presente contra el acto de adjudicación.
  2. En segundo lugar, si en los contratos que tramiten mediante el procedimiento abierto simplificado, cabrá interponer recurso especial cuando su valor estimado supere los umbrales establecidos para el recurso especial.
  3. Si dados los términos del artículo 50.2 del Real Decreto- ley 36/2020, que difiere de lo dispuesto en el artículo 119.2 de la LCSP, la regla de preferencia que establece es aplicable al recurso especial, en el sentido de que ha de darse preferencia a la tramitación y resolución de los recursos especiales que se presenten contra actos dictados en los procedimientos de adjudicación de este tipo de contratos.

Pues bien, ante la primera de las consultas, la JCCPE aclara en primer lugar que en los contratos financiados con fondos procedentes del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, si procede recurso especial en materia de contratación, ha de mantenerse un plazo de espera antes de la formalización del contrato. En segundo lugar, en los contratos financiados con fondos procedentes del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia que sean susceptibles de recurso especial el plazo de interposición del mismo será de diez días naturales y se computará en la Ley 9/2017.

Finalmente, entiende que cuando la letra a) del artículo 58 del Real Decreto-ley 36/2020, de 30 de diciembre, alude a la resolución de adjudicación del contrato lo hace únicamente con el fin de establecer el término inicial de cómputo del plazo de paralización del procedimiento, antes de la formalización del contrato, siendo esta suspensión automática aplicable únicamente a la adjudicación del contrato. Sin embargo, esta cita del acto de adjudicación en modo alguno limita el contenido del segundo inciso de la letra a) del precepto, que se refiere a al plazo para la interposición del recurso. A ello hay que añadir que cuando la letra b) del precepto alude al obligatorio pronunciamiento sobre el mantenimiento de las medidas cautelares “incluidos los supuestos de suspensión automática” es porque puede haber otros, no sólo los referentes a la adjudicación del contrato. Por tanto, el artículo 58 a) del RD permite la interposición de recurso especial, aplicando el mismo plazo de diez días naturales que establece, contra cualquiera de los actos que se recogen en términos generales en la LCSP (artículo 50), y no sólo contra la adjudicación del contrato público.

Ante la segunda consulta, la JCCPE concluye que si el legislador hubiera querido establecer alguna otra condición procedimental para poder acudir al mecanismo del recurso especial, sin duda lo hubiera mencionado expresamente en la ley, y que por tanto los umbrales del recurso especial no están vinculados (más allá de su posible coincidencia) con el uso de uno u otro procedimiento de contratación. Por tanto, los contratos de suministro y servicios tramitados por el procedimiento abierto simplificado cuyo valor estimado sea superior a la cantidad establecida como umbral en el artículo 44 de la LCSP, así como los contratos de obras que se tramiten mediante el procedimiento abierto simplificado cuyo valor estimado exceda de tres millones de euros, serán susceptibles de recurso especial en materia de contratación y será menester esperar que transcurra el periodo de 10 días naturales previo a la formalización que establece el artículo 58 del Real Decreto Ley 36/2020.

En cuanto a la tercera de las cuestiones, entiende la JCCPE que nada se expone en el RD sobre una pretendida preferencia para el despacho de los procedimientos de recurso especial que, como es lógico, son procedimientos completamente distintos de los de selección del contratista. A juicio de esta Junta Consultiva, si el legislador hubiera querido establecer tal preferencia lo hubiera dicho expresamente. Además, entiende que la reducción de plazos anteriormente analizada para la interposición del recurso especial ya implica una distinción cualitativa y una suerte de preferencia en la tramitación y resolución de este tipo de recursos, de modo que la finalidad perseguida por el legislador, la aplicación de los principios de celeridad y prioridad, queda debidamente garantizada de este modo.

En consecuencia, entiende la JCCPE que la preferencia para el despacho de los procedimientos de contratación referentes a contratos públicos y acuerdos marco que vayan a ser financiados con fondos procedentes del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia no se extiende a un eventual recurso especial que pueda interponerse frente a las resoluciones dictadas en aquellos procedimientos.