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Prohibición de contratar: Incompatibilidad de un concejal para participar en la licitación de un contrato de la gestión del servicio público de albergue municipal si el contrato se una financiación a cargo del presupuesto de la entidad local.
17/02/2014
Informe 3/2014, de 22 de enero, de la Junta Consultiva de Contratación Administrativa de la Comunidad Autónoma de Aragón
  • Más información: Informe 3/2014, de 22 de enero, de la Junta Consultiva de Contratación Administrativa de la Comunidad Autónoma de Aragón.
    Asunto: Compatibilidad de concejal para participar en la licitación de un contrato para la gestión del servicio público de albergue municipal. 

El informe comienza recordando las prohibiciones para contratar que afectan a los miembros de las corporaciones locales, en concreto, lo dispuesto en el artículo 60.1.f) del TRLCSP. En este sentido, explica que el fundamento de esta prohibición de contratar se encuentra en el principio de imparcialidad del artículo 103.3 CE; y que la jurisprudencia ha identificado la exigencia del principio de imparcialidad que esta prohibición de contratar comporta, con la necesidad de que se preserve la «moralidad administrativa», en el sentido de que no basta con que la Administración contratante obre con total sometimiento a la legislación sobre contratación pública, sino que es preciso disipar toda duda sobre la corrección de la actuación administrativa. Así lo ha reconocido el Tribunal Supremo al afirmar que el fundamento del régimen de incompatibilidades en el ámbito de la contratación es preservar «la moralidad administrativa».

Asimismo, aclara que el requisito de no incurrir en ninguna causa de prohibición de contratar debe cumplirse en el momento de presentación de las proposiciones, y debe mantenerse hasta el momento de adjudicación y de formalización del contrato. De celebrarse el contrato, cuando concurre una prohibición para contratar, se incurre en causa de nulidad de derecho administrativo, según se dispone en el artículo 32 b) TRLCSP.

Ahora bien, sentado lo anterior, la Junta matiza que, dado su carácter limitativo, las causas de incompatibilidad no permiten una interpretación extensiva ni analógica. Por tal motivo, se ha venido admitiendo la contratación de las Corporaciones locales con sus miembros siempre que éstos sean los que tengan que sufragar el objeto del contrato (arrendamientos de locales de las Entidades locales, compra de inmuebles a dichas Entidades; en general en contratos de carácter patrimonial). De tal forma que para el supuesto de que un contrato «no produzca gasto» para un Ayuntamiento, habrán de tenerse en cuenta los criterios de inexistencia de incompatibilidad.

De ahí que el Informe concluya que la prohibición para contratar opera respecto de los concejales, cuando el contrato a celebrar por el Ayuntamiento se halle financiado total o parcialmente por éste. La existencia de esa financiación total o parcial del contrato por la entidad local, se convierte, pues, en determinante, y debe ser comprobada y acreditada en cada supuesto, pues si no existe tal financiación, tampoco existirá causa prohibitiva para contratar. La prohibición descansa pues, en estos casos, no en la circunstancia de ser concejal (o cargo electo de la entidad local), sino en el hecho de que el contrato tenga una financiación a cargo del presupuesto de la entidad local.

Concluye el informe señalando que a la vista de la calificación del contrato objeto de licitación como un contrato de gestión de servicio público, resulta difícil entender que no se financie con cargo al presupuesto de la entidad local.