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Posibilidad legal pero inconveniencia práctica de prorrogar el contrato con una empresa que durante la ejecución del contrato original incurre prohibición para contratar (concurso de acreedores)
20/03/2014
Informe 4/2013, de 20 de diciembre, sobre prórroga de contrato con empresa incursa en prohibición para contratar

La consulta que da lugar a este Informe planteaba si resulta necesario comprobar la inexistencia de prohibiciones para contratar cuando se pretende la prórroga de un contrato, en concreto, se quería conocer si resulta posible formalizar la prórroga de un contrato con una empresa que ha sido declarada en concurso de acreedores mediante Auto judicial. La JCCA de Madrid entiende que:

  1. A la vista de lo dispuesto en los artículos 223 y 224 del TRLCSP, no puede considerarse que la declaración en concurso de una empresa sea una causa automática de resolución del contrato. Por el contrario, se desprende de estos preceptos que la Administración podrá, si así resulta conveniente para el interés público, continuar con la ejecución del contrato, siempre que no se haya producido la apertura de la fase de liquidación y que la empresa preste las garantías suficientes a juicio de aquélla para su ejecución.
  2. La prórroga de un contrato es una continuidad de éste, no un nuevo contrato, por lo que el contratista no ha de aportar nuevamente la documentación exigida para la licitación y adjudicación del contrato.
  3. Conforme a lo expuesto, el órgano de contratación podrá continuar la ejecución de un contrato con una empresa declarada en concurso de acreedores hasta la fecha de finalización prevista en los documentos contractuales, por razones de interés público, en tanto no se produzca la apertura de la fase de liquidación y si el contratista presta las garantías suficientes a juicio de aquélla para su ejecución, puesto que se trata de una situación sobrevenida durante la ejecución del contrato.
  4. Ahora bien, pese a lo anterior, con carácter general, la Comisión Permanente de esta Junta Consultiva no considera lo más conveniente, por razones de interés público, que la Administración inste la prórroga de un contrato con una empresa que se encuentra incursa en prohibición de contratar. No obstante, podría prorrogarse por el tiempo necesario para efectuar una nueva licitación y formalización del contrato, siempre que la empresa preste las garantías suficientes a juicio de la Administración.