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Posibilidad de establecer fórmulas en la ponderación del criterio precio que no asignen necesariamente la totalidad de la puntuación prevista a la oferta de menor precio
24/03/2014
Informe 6/2014, de 3 de marzo, de la Junta Consultiva de Contratación Administrativa de la Comunidad Autónoma de Aragón

La valoración del criterio precio puede no agotar toda la puntuación posible para el mismo cuando las bajas ofertadas por los licitadores no sean inferiores a un umbral previamente fijado en los pliegos, por debajo del cual se entiende que las ofertas no suponen una mejora económica significativa. Posibilidad de establecer fórmulas en la ponderación del criterio precio que no asignen necesariamente la totalidad de la puntuación prevista a la oferta de menor precio.

Este Informe de la Junta Consultiva de Aragón trae causa de la aclaración solicitada desde el Departamento de Sanidad, Bienestar Social y Familia de esa Comunidad Autónoma que le pregunta:

  • a) Si una fórmula para valorar el precio en las licitaciones que denominan “proporcional corregida” con la que cabe la posibilidad de que ninguna de las ofertas recibidas alcance la puntuación máxima del intervalo previsto en los pliegos para el criterio precio por no suponer una baja significativa del importe de licitación fijado, y supuesto que la cuantificación de esa baja significativa no desvirtúa la ponderación que tienen los criterios evaluables mediante fórmulas frente a los que se evalúan por juicios de valor, es conforme con a Derecho.
  • b) Si la expresión de los criterios de valoración de ofertas en los pliegos que rigen las licitaciones debe hacerse de tal forma que, tanto para los que se evalúan por medio de fórmulas como para los que se evalúan mediante juicios de valor, la oferta mejor valorada alcance siempre la máxima puntuación del intervalo previsto en los pliegos, con independencia de la ventaja económica que suponga respecto del mínimo exigido en los pliegos.

Para enmarcar su respuesta, la Junta Consultiva parte de considerar que:

  1. La finalidad de los criterios de adjudicación es determinar qué oferta satisface mejor las necesidades de la entidad adjudicadora; esto es, en permitir evaluar la calidad intrínseca de las ofertas.
  2. Cada criterio ha de tener asignado un máximo de ponderación y que tras la ponderación fijada para cada criterio, debe precisarse mediante conceptos métricos el peso relativo que, en la valoración global de la oferta, se asigna a cada uno de los criterios de adjudicación fijados a fin de que las valoraciones parciales -efectuadas a la luz de cada uno de ellos- puedan ser agregadas aritméticamente, de manera exacta, transparente y controlable.
  3. En la concreta aplicación para la asignación de la puntuación, debe preservarse que no se altera indebidamente el sistema de valoración diseñado por el órgano de contratación, pues se corre el riesgo de incurrir en discriminación y falta efectiva de transparencia, tal y como ha recordado la Sentencia TJUE de 16 de septiembre de 2013 (asunto T-402/06).

Sentado lo anterior, la Junta comienza el desarrollo intelectual de su exposición recordando que la oferta más ventajosa económicamente puede definirse como aquélla entre las diferentes ofertas realizadas que presenta la mejor relación calidad-precio, teniendo en cuenta los criterios justificados por el objeto del contrato. De ahí que cuando las entidades adjudicadoras deciden adjudicar el contrato a la oferta más ventajosa económicamente, al adjudicar el contrato deben evaluar las ofertas de forma tal que al hacerlo puedan determinar verdaderamente cuál es la que presenta la mejor relación calidad-precio. A este respecto concluye que si la finalidad del sistema de ponderación y consiguiente puntuación es preservar la nota de la mejor relación calidad/precio, la oferta de precio más baja no siempre resultará la mejor ni, por ello, la más eficiente. En este sentido advierte que una incorrecta parametrización de un criterio puede falsear la finalidad de la licitación.

Por lo que al precio se refiere, es claro que es uno de los criterios objetivos («criterios evaluables de forma automática», en la terminología del TRLCSP) a ponderar, cuando se busca identificar la oferta económicamente más ventajosa con varios criterios. De hecho es un criterio ordinario en todas las licitaciones, al entenderse que es consustancial al propio concepto de «oferta económicamente más ventajosa».

Ahora bien la Junta entiende que la opción de asignar toda la puntuación del criterio precio a una oferta no puede ser considerada de aplicación universal a toda licitación, en el sentido de que en todos los casos la baja máxima deba obtener toda la puntuación del criterio. No considera que la no asignación de la puntuación máxima a la oferta mas baja sea contraria al principio de economía en la gestión de fondos públicos, ya que no se hace un reparto proporcional de la totalidad de los puntos. Es más, sostiene que puede suceder todo lo contrario, ya que la eficiencia debe realizarse no desde la óptica estricta del precio, sino de la relación calidad precio, que se altera en el caso de asignar todos los puntos a la mas barata pues incrementa indebidamente –por mor de la proporcionalidad-, la diferencia existente entre ofertas, lo que puede contaminar el sistema y laminar la puntuación obtenida en otros criterios.

De lo anterior esta Junta concluye que dependerá del sistema de medición que se utilice que será oportuno fijar en los pliegos un sistema de valoración de los criterios. Así, -propone a título de ejemplo- escasas diferencias de precio deberán suponer escasas diferencias de asignación de puntos, pues esto permitirá mantener la neutralidad del criterio en su aplicación integral. Además, estima que salvo que así se exprese en el pliego y se motive adecuadamente, hay que considerar no idónea la práctica de otorgar todos los puntos a la oferta más barata, por la misma razón que tal no se hace en relación con la evaluación de los criterios técnicos.

En el Informe, la Junta recuerda otras prácticas que tampoco serían correctas a la hora de valorar el precio, así: la opción de fijar un umbral económico a partir del cual la rebaja del importe ofertado no suponga obtener más puntuación; ni la de asignar la misma puntuación a la oferta más barata y a otras ofertas; o aquella en la que a partir de cierto umbral las diferencias de puntuación obtenidas por el elemento precio sean insignificantes, o la fórmula que prevé otorgar puntuación a las bajas nulas.

En suma concluye que: La asignación de la puntuación del criterio precio debe realizarse mediante sistemas proporcionales puros, sin que sea necesario agotar toda la puntuación posible en aquellos supuestos en que las bajas ofertadas por los licitadores sean inferiores al umbral previamente fijado en los pliegos de cláusulas administrativas particulares, por debajo del cual se entiende que las ofertas no suponen una mejora económica significativa, pues de otra manera se puede abocar a los licitadores a una situación de competencia «irracional».