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Nuevas aclaraciones sobre el régimen específico aplicable al procedimiento simplificado: notificación y cómputo de plazos
12/10/2020
Informe JCCPE 5/2020, de 29 de julio, sobre el Procedimiento abierto simplificado.

La Diputación de Valencia cuestiona a la JCCPE sobre determinados aspectos de la notificación y cómputo de plazos en el procedimiento abierto simplificado. En primer lugar, si la notificación dentro de este procedimiento requiere también la publicación en el perfil del contratante. En segundo lugar, si corresponde aplicar un plazo de 3 días naturales por analogía a lo dispuesto en el artículo 141.2 in fine de la LCSP con relación a la disposición Adicional Duodécima de la misma norma a fin de aportar/subsanar los defectos en la documentación presentada a efectos de adjudicación del contrato, o por el contrario procede aplicar 3 días hábiles por analogía a lo dispuesto en el artículo 81.2 del Real Decreto 1098/2001. Por último, se plantean algunas cuestiones acerca de la aplicación o no del artículo 153.4 ante la no presentación de la documentación requerida.

En primer lugar, tal y como se ha encargado de precisar la JCCPE, tanto en el informe 1/2018 como en el 2/2018, ambos de 1 de marzo de 2018, se establecía que resultaba obligatoria la aplicación de la contratación electrónica en el caso de los contratos públicos, salvo en el caso de concurrencia de cualquiera de las excepciones tasadas establecidas en la LCSP.

En este contexto, los plazos a contar desde la notificación se computarán desde la fecha de envío de la misma o del aviso de notificación, si fuera mediante comparecencia electrónica, siempre que el acto objeto de notificación se haya publicado el mismo día en el Perfil de contratante del órgano de contratación. En caso contrario los plazos se computarán desde la recepción de la notificación por el interesado. Este tipo de cómputo supone una especialidad con respecto al régimen general contenido en el artículo 41.6 LPAC, que aplica a todos los procedimientos de contratación pública, incluido el procedimiento simplificado.

Por tanto, la regla que contiene el artículo 159.4 de la LCSP no constituye una excepción a la regla general establecida en la Disposición Adicional Decimoquinta, de modo que en el caso de que las comunicaciones a los licitadores se realizaran mediante comparecencia electrónica, además del aviso de comunicación deberá procederse a la publicación de la misma en el perfil de contratante del órgano de contratación.

En cuanto al plazo para subsanar los defectos subsanables que se observen en la documentación, entiende la JCCPE aportada por el licitador propuesto como adjudicatario, que se emplee por analogía el plazo de tres días que menciona el artículo 141.2 in fine de la LCSP. Igualmente, recuerda que la DA 12a de la LCSP señala que los plazos establecidos por días en la LCSP se entenderán referidos a días naturales, salvo que se indique expresamente que solo deben computarse los días hábiles, de forma que deben entenderse como días naturales.

En cuanto a la última cuestión, la JCCPE parte de la base de que en ambos artículos (159.4 y el 150.2 LCSP) existe un requerimiento previo que debe ser atendido mediante la presentación de la documentación correspondiente. De no hacerlo así, las consecuencias también son muy próximas: se entiende que el licitador retira su oferta y se inicia el mismo trámite de requerimiento de la documentación respecto del siguiente clasificado. La duda surge, en este punto, sobre si ante defectos en la presentación de documentación por parte del adjudicatario, cabe también en el procedimiento simplificado requerir subsanación de los mismos otorgando un plazo a tal efecto.

La JCCPE señala que a pesar de la diferente redacción de los artículos 150.2 para el procedimiento abierto y 159.4 para el procedimiento abierto simplificado, en el trámite de aportación de la documentación necesaria para acreditar la garantía definitiva podrá concederse un trámite para subsanar los errores o defectos subsanables de tal documentación, a menos que lo que ocurra es que falta la propia constitución de la garantía definitiva u otro defecto que no se pueda considerar subsanable, supuesto en que procederá efectuar propuesta de adjudicación a favor del siguiente candidato en puntuación, otorgándole el correspondiente plazo para constituir la citada garantía definitiva.

En cuanto a los efectos para el licitador de la no presentación de garantía, sería de aplicación, como ya ha señalado la JCCPE en otros casos ya comentados en este mismo espacio, la fórmula descrita en el propio artículo 159.4 h), esto es, la aplicación de las normas generales aplicables al procedimiento abierto (150.2 LCSP) conforme a las cuales el efecto para el licitador será entender que ha retirado su oferta, procediéndose a exigirle el importe del 3 por ciento del presupuesto base de licitación, IVA excluido, en concepto de penalidad, que se hará efectivo en primer lugar contra la garantía provisional, si se hubiera constituido.