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Los defectos de medición no constituyen una modificación del contrato
06/07/2020
Informe 57/19, de 24 de mayo de 2020, de la Junta Consultiva de Contratación Pública del Estado.

En el presente informe la JCCPE da respuesta a una consulta formulada por el Ayuntamiento de Benavente en relación con las variaciones de medición en los contratos de obras. El citado Ayuntamiento refiere una tendencia consistente en que, durante la ejecución de varios contratos de obras, se ha constatado la innecesaridad de ejecutar una parte de las unidades de obra inicialmente proyectadas. A este respecto, solicita a este órgano consultivo que clarifique si la normativa vigente acepta los defectos de medición sin someterlos a ninguna limitación y sin necesidad de tramitar un expediente administrativo; o si, por el contrario, se requiere la tramitación de una modificación contractual.

Desde el comienzo de su pronunciamiento la JCCPE llama la atención sobre el hecho de que las variaciones en las unidades de obra realmente ejecutadas sobre las previstas en las mediciones del proyecto no constituyen un supuesto de modificación del contrato. Esta distinción no solamente viene avalada por el tenor literal del artículo 242.4 (i) de la LCSP, de acuerdo con el cual los excesos de mediciones “no tendrán la consideración de modificaciones”, sino que también resulta evidente a la vista de los fines perseguidos por cada una de estas figuras. La Junta ya había defendido con anterioridad -en concreto, en su informe 27/2012- que la finalidad de esta figura es justamente “facilitar la ejecución de los contratos de obras al margen del régimen general de los modificados de los contratos, y que responde a las exigencias propias de este tipo contractual, pues permite un margen de desviación en las mediciones efectuadas en las unidades de obras ejecutadas de hasta un 10% del precio inicial”.

A continuación la JCCPE señala que la referencia a “variaciones” en las unidades realmente ejecutadas con respecto a las proyectadas engloba tanto el aumento como la disminución de las mismas. De este modo, la normativa vigente admite que se produzcan variaciones al alza o a la baja, siempre que cumplan con un único requisito: la alteración del número de unidades de obra no puede representar un incremento superior al 10% del precio primitivo del contrato. Las cautelas por evitar que se produzca un sobrecoste en la ejecución del contrato hacen que esta limitación opere en los supuestos de exceso de medición, pero no cuando se produce un defecto de medición. En este último caso la variación se acepta sin sujeción a límite alguno.

Finalmente, la JCCPE afirma que “ante la existencia de una pequeña discrepancia no ocasionada por el contratista en el número de unidades de obra se considera que no estamos ante una modificación contractual”. Tras constatar que la variación en las unidades de obra no supone una vulneración de la competencia ni contribuye a un crecimiento inadecuado del gasto público, especialmente cuando se produce a la baja, concluye que no resulta necesario tramitar un expediente de modificación del contrato.

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