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La falta de adjudicación en plazo no es susceptible de recurso especial
05/03/2013
Resolución Tribunal de Contratación Pública de la Comunidad de Madrid 26/2013
  •  Más información: Resolución 26/2013 (documento adjunto)

Ante la inactividad del órgano de contratación, un licitador presentó un escrito ante el Ayuntamiento de Móstoles solicitando que se formulara propuesta de adjudicación del contrato de "Suministro de vehículo de rescate y salvamento con grúa, para el Servicio de Extinción de Incendios y Salvamento del Ayuntamiento de Móstoles".

El día 26 de octubre de 2012, se presenta recurso de alzada contra el acto presunto correspondiente a la resolución que, según se aduce, se debió dictar el día 1 de agosto de 2012, para la adjudicación del contrato. Tampoco en esta ocasión el órgano de contratación se pronuncia resolviendo el recurso, por lo que la recurrente, previa la presentación del anuncio a que se refiere el artículo 44 del TRLCSP, interpone recurso especial en materia de contratación con fecha 4 de febrero de 2012, contra la inactividad del órgano de contratación, solicitando que se declare adjudicado el contrato a INCIPRESA, SAU.
Por su parte el órgano de contratación, en el informe preceptivo previsto en el artículo 46.2 del TRLCSP, manifiesta que procede la inadmisión del recurso al no estar el acto recurrido entre los enumerados en el TRLCSP como susceptibles de impugnación a través del recurso especial en materia de contratación.

El Tribunal realiza un exhaustivo análisis de la naturaleza desestimatoria del silencio adminsitarivo de los procedimientos de contratación pública .

Además afirma que "En este contexto normativo lo primero que debe señalarse en relación con el caso concreto que nos ocupa, que los procedimientos de licitación contractuales, no son procedimientos iniciados a solicitud de los interesados, sino que es el órgano de contratación a quien corresponde iniciar de oficio el correspondiente procedimiento motivando, como indica el artículo 109 del TRLCSP, la necesidad del contrato. Así desde esta óptica este Tribunal entiende que no se genera un acto presunto que pudiera ser susceptible de recurso. Pero es que además, por otro lado cabría plantearse la posibilidad de considerar de aplicación el artículo 44 de la LRJ-PAC y considerar que el efecto de la falta de actuación es generar un acto presunto desestimatorio, en virtud del apartado 1 del citado precepto. Ahora bien el procedimiento de adjudicación contractual de concurrencia competitiva tiene su propia naturaleza distinta de la de los procedimientos a que se refiere el citado precepto, si bien la Junta Consultiva de Contratación Administrativa de las Islas Baleares en informe 4/2005, de 28 de abril señala que “Por aplicación del artículo 44 de la LRJ-PAC si el procedimiento de adjudicación no se resuelve en el plazo de tres meses a contar desde la apertura del procedimiento (artículo 89 del LCAP) los licitadores podrán entender denegada sus
ofertas por silencio administrativo, con el derecho de los empresarios admitidos a concurso, a retirar sus proposiciones y a que se les devuelva o cancele la garantía que hubieran prestado”.

 

Entiende este Tribunal que en este caso, debe aplicarse como ley especial el TRLCSP, de manera que la falta de resolución del procedimiento en el plazo establecido, considerando su naturaleza denegatoria, tiene únicamente el efecto previsto en el artículo 161 “De no producirse la adjudicación dentro de los plazos señalados, los licitadores tendrán derecho a retirar su proposición”, sin que por lo tanto sea dado a este Tribunal examinar la adecuación a derecho o no de la denegación presunta, que como decimos solo puede producir el efecto legalmente previsto en el TRLCSP, como ley especial aplicable al supuesto, de liberar a los licitadores de la propuesta efectuada. Todo ello sin perjuicio en su caso de una eventual indemnización por los perjuicios ocasionados de acuerdo con el régimen general de responsabilidad patrimonial de las Administraciones Públicas, de ejercitarse la correspondiente pretensión.     Por último respecto de la posibilidad interponer recurso especial contra lainactividad de la Administración, aplicando la Ley 29/1889, de 13 de junio, reguladora del recurso contencioso administrativo, que permite tal posibilidad en su artículo 25.2, aunque el recurso especial en materia de contratación puede ser considerado como cuasijurisdiccional, lo cierto es que se trata de un recurso especial procedente solo contra determinados actos dictados en los procedimientos de contratación pública, sin que le sean de aplicación directa las normas de la jurisdicción contencioso administrativa, no siendo posible extender el ámbito objetivo de aplicación del recurso a actos no contemplados en el TRLCSP, expresamente o por analogía, como susceptibles del mismo.

 

Sobre la base de todo lo anterior el Tribunal inadmite el recurso.