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Informes de la JCCPE y la CCCPA sobre las relaciones del régimen general de la LCSP con el procedimiento simplificado
15/06/2020
El Informe 9/2019, de 26 de febrero de 2020, de la CCCPA y el informe 50/19, de 16 de marzo de 2020, de la JCCPE, abordan aspectos sobra la vigencia del régimen general de contratación pública previsto en la LCSP a aspectos no expresamente regulados.

En primer lugar, veamos el informe 50/19 de la JCCPE. En el mismo, se plantean cuestiones sobre la obligatoriedad de uso de medios electrónicos en todo el procedimiento supersimplificado del artículo 159.6 LCSP, o si por el contrario las disposiciones del artículo 159.4.c) –“las proposiciones deberán presentarse necesaria y únicamente en el registro indicado en el anuncio de licitación”– permiten la tramitación no electrónica.

Esta cuestión se resuelve haciendo una revisión de algunos informes de la JCCPE, de forma que, de inicio, se parte lo establecido en los informes 1/2018 como en el 2/2018, ambos de 1 de marzo de 2018 por la JCCPE, en el sentido de que “las disposiciones adicionales 15a y 16a no dejaban lugar a dudas sobre la necesidad de utilizar la tramitación electrónica en todo el procedimiento de selección del contratista”. No obstante, la propia Junta reconoce que existen determinadas cuestiones que sí han debido ser objeto de interpretación por parte de la JCCPE. Así, el órgano consultivo conviene las deficiencias de la redacción de la norma en algunos aspectos, ya que “hay determinadas referencias del artículo 159.4 LCSP que suscitan algunas dudas como, por ejemplo, la que alude a la presentación de la proposición en un sobre o la que indica que las proposiciones deberán presentarse necesaria y únicamente en el registro indicado en el anuncio de licitación una primera reprimenda al legislador”.

Conviene recordar, en este sentido, que la redacción del artículo 159 fue modificada con posterioridad al pronunciamiento, y al amparo de las modificaciones realizadas con motivo del Estado de Alarma, los RDL 15 y 16/2020 llevaron a cabo una mejora técnica en la modificación del artículo 159.4, de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, que sin embargo no afecta a su apartado c.

En todo caso la JCCPE entiende que “estas referencias pueden interpretarse sin dificultad, bien como una omisión legal, la primera, por preterir la expresión “o archivo electrónico”, bien como una referencia al registro electrónico correspondiente, la segunda, en las formas descritas en las disposiciones adicionales 15a y 16a de la LCSP”.

Además, el órgano consultivo recuerda que la tramitación electrónica constituye la regla general en los procedimientos de selección del contratista al amparo de lo dispuesto en las DA 15a y 16a de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público. Esta regla es igualmente aplicable al procedimiento abierto simplificado, con mayor razón aun si tenemos en consideración que la celeridad es un elemento central de su justificación, y que está ínsita en su propia naturaleza.

De esta forma, se concluye que debe entenderse que en todo lo no previsto específicamente para el procedimiento abierto simplificado, serán de aplicación las disposiciones de generales de la LCSP, y del mismo modo, el uso del procedimiento “supersimplificado”, que se plantea en el caso, no puede tampoco excepcionar, debido a omisiones o imprecisiones en el articulado que lo regula, la aplicación de las disposiciones generales de las DA 15ª y 16ª.

El segundo informe comentado, correspondiente al Informe 9/2019, de 26 de febrero de 2020, de la CCCPA, se plantea una cuestión similar, aunque a nuestro juicio con matices interesantes. En este caso, se plantea si en el procedimiento simplificado, en el caso de que el adjudicatario no cumpliera con el requerimiento de presentar garantía definitiva en el plazo señalado, sería de aplicación la penalidad del 3 por ciento del presupuesto base de licitación, IVA excluido, que contiene el artículo 150.2, párrafo segundo, y que se corresponde con el régimen general, o si por el contrario la omisión de esta posibilidad en el artículo 159.4.f)4o, párrafo cuarto,

“En caso de que en el plazo otorgado al efecto el candidato propuesto como adjudicatario no presente la garantía definitiva, se efectuará propuesta de adjudicación a favor del siguiente candidato en puntuación, otorgándole el correspondiente plazo para constituir la citada garantía definitiva”.

Pues bien, la CCCPA señala que esta cuestión ha sido tratada en los diferentes modelos de pliegos tipo de clausulas administrativas particulares que han sido elaborados por las distintas Comunidades Autónomas, entre ellas, Andalucía, Aragón o Madrid. Así, y tras un análisis de los modelos de pliegos citados, y basándose casi exclusivamente en los mismos –lo cual podría hacernos reconsiderar algunas cuestiones relativas a la naturaleza jurídica de estos instrumentos si su contenido sirve para fundamentar, de forma exclusiva, un pronunciamiento tal de un órgano consultivo–, concluye que:

“[…] en coherencia con el modelo de pliego de cláusulas administrativas particulares para el procedimiento abierto simplificado previsto en la administración de la Comunidad Autónoma de Andalucía recomendado por esta Comisión Consultiva de Contratación Pública, que no debe establecerse diferenciación alguna en este aspecto entre el procedimiento abierto y el procedimiento abierto simplificado y, en consecuencia, la previsión recogida en el artículo 150.2 LCSP, que se enmarca dentro de las normas generales de la adjudicación de los contratos, debe aplicarse tanto en un procedimiento abierto como en un abierto simplificado.”

En definitiva, ambos informes profundizan sobre la necesidad de aplicación del régimen general de la LCSP a los procedimientos simplificados, de forma que debe entenderse que en todo lo no previsto específicamente para el procedimiento abierto simplificado, serán de aplicación las disposiciones de generales de la LCSP.