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Indebida valoración criterio precio.
28/01/2013
Acuerdo 22/2012 de 28 de junio del Tribunal Administrativo de Contratos Públicos de Aragón

Se presenta recurso especial frente a la adjudicación del contrato denominado «Suministro y montaje de mobiliario para 75 alojamientos en Alcañiz (Teruel)», convocado por Fomento de Alcañiz, S.L.U.

Las cuestiones de fondo planteadas en el recurso son dos, en primer lugar si la aplicación del criterio de valoración precio contenido en el Pliego de Condiciones se realizó correctamente, y, en segundo lugar, la falta de motivación de la adjudicación.
A estos efectos, las cláusulas 4 y 7 del Pliego de Condiciones establecen como criterios de valoración la oferta económica (hasta 90 puntos) y la mejor adaptación de la calidad y diseño hasta 10 puntos, señalando que se valorarán dos cuestiones fundamentales:
«1) La calidad ofrecida, la resistencia al uso y la facilidad de sustitución del mobiliario ofertado.
2) La mejor adaptación del mobiliario ofertado al diseño, color y funcionalidad del programa previsto»

Argumenta la recurrente que el Pliego no concretaba la fórmula matemática para asignar la puntuación correspondiente a la ofertaeconómica, y que el sistema de valoración del criterio precio finalmente seguido por Fomenta no es correcto, por no tener carácter proporcional, resultando así una puntuación incorrecta, que le perjudica.

En cuanto a las consecuencias de la falta de concreción de la fórmula para la asignación de la puntuación correspondiente al criterio precio, es doctrina reiterada de este Tribunal desde su Acuerdo 14/2011, de 19 de julio, que una vez aceptado y consentido el Pliego—ley por la que se rige el procedimiento licitatorio— el mismo deviene firme, y no cabe ya cuestionar ninguno de sus extremos, conforme a la jurisprudencia consolidada por el Tribunal Supremo, siempre que no se aprecien vicios determinantes de nulidad de pleno derecho.

Y esto es lo que sucede en el caso que nos ocupa, dado que la indebida configuración de los criterios de adjudicación, al no incluir la fórmula aplicable al criterio precio podría alterar los principios inherentes a toda licitación pública de igualdad de trato y transparencia, e implicaría un vicio de nulidad de pleno derecho ex artículo 62.1.a) de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común (en adelante LRJPAC).

No obstante, tratándose del criterio precio, sería posible corregir la ausencia de ponderación del mismo aplicando una regla de proporcionalidad lineal que garantice el principio de igualdad, tal y como solicita la recurrente. De tal manera que la máxima puntuación por este criterio se atribuya quien oferte el precio más bajo, tal y como se ha practicado por el órgano de contratación y, ante la ausencia de reglas de ponderación del criterio, se aplique un sistema de medición proporcional lineal, sin que sea correcta la valoración practicada por Fomenta.
Se admite por ello la pretensión formulada por el recurrente en este punto.
En este caso concreto, examinada el acta de adjudicación, puede apreciarse una insuficiente motivación por cuanto solo se acompaña la valoración de la oferta técnica (sin desglosar la puntuación) y no de la económica —que es la que discute el recurrente—, que puede poner en cuestión la actuación del órgano de contratación. A juicio de este Tribunal no se ha motivado de forma suficiente la adjudicación efectuada, máxime cuando existen distintos subcriterios. Resultaría por ello necesario anular la adjudicación y retrotraer las actuaciones a ese momento procedimental para cumplimentar adecuadamente este trámite esencial, por lo que procede, igualmente, admitir este motivo de recurso.