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Inclusión en los Pliegos contractuales de cláusulas sociales para defender intereses generales y reducir los efectos de la ultraactividad de convenios colectivos en el funcionamiento de servicios públicos gestionados mediante contrato
01/10/2014
Informe 16/2014, de la Junta Consultiva de Contratación Administrativa de la Comunidad Autónoma de Aragón, de 1 de octubre de 2014

Este Informe de la JCCA de Aragón  se pronuncia acerca de la posibilidad de incluir de ciertas cláusulas de carácter social en los Pliegos Administrativos al objeto de defender los intereses generales, en concreto en orden a reducir los efectos negativos que puede tener la ultraactividad de los convenios colectivos en el funcionamiento de los servicios públicos gestionados mediante contratos.

Se reconoce que una de las circunstancias que ha generado un amplio debate social son las consecuencias que pueden llevar aparejadas las modificaciones de las condiciones laborales, en particular las salariales, de los trabajadores de empresas afectadas por la finalización de la «ultraactividad» de los Convenios que les habían venido resultando de aplicación.

Las cláusulas cuya inclusión en los Pliegos municipales se pretende y que se someten a juicio de la Junta Consultiva buscan hacer frente a las consecuencias que esta circunstancia puede tener en relación con los trabajadores que prestan servicios en actividades contratadas por una Administración, en concreto por un Ayuntamiento.

En concreto el tenor literal de las cláusulas es el siguiente:

Cláusula 1.- Durante todo el periodo de ejecución del contrato, la empresa contratista está obligada a no minorar unilateralmente las condiciones de trabajo que, en materia de jornada y salario, y en términos anualizados, así como a cualquier mejora sobre la legislación laboral básica aplicable que correspondan en cada momento a los trabajadores adscritos al contrato en función del convenio colectivo que resulte de aplicación al presentarse la oferta, salvo acuerdo explicito entre empresa y la representación de los trabajadores.

Cláusula 2.- De no respetarse esta obligación, se impondrá una penalidad cuyo importe se calculará aplicando al presupuesto del contrato el porcentaje en que haya minorado el salario/hora convenio del trabajador adscrito al contrato cuya reducción se haya operado en mayor medida hasta el límite del 10%. De superar la reducción salario/hora el 10%, o en el caso de que el contratista no facilitara la información requerida para acreditar el cumplimiento de la obligación establecida en esta cláusula, se considerará incumplida una obligación esencial del contrato incurriendo el contratista en causa de resolución.

Cláusula 3.- El incumplimiento de estas cláusulas mencionadas podrán considerarse como una de las causas, junto a otras que se establezcan en el informe del Observatorio, por las cuales el Ayuntamiento decida la no prorroga de las anualidades previstas en los contratos»

Para abordar el análisis de la legitimidad de las cláusulas indicadas, en el informe se hace una interesante reseña acerca de la progresiva integración de aspectos sociales en la contratación pública que se ha vivido en los últimos años, ya como criterio de selección del contratista, ya como criterio de adjudicación de los contratos, como cláusula de preferencia o reserva, o como condición especial de ejecución. Se recuerdan distintos documentos de carácter europeo, nacional, autonómico y local que han analizado esta posibilidad. Así, en lo concerniente a las «condiciones especiales de ejecución de los contratos», invoca su Informe 6/2009, de 15 de abril, cuyas consideraciones generales considera plenamente vigentes.

Además, en el aspecto de contexto, el Informe llama la atención acerca de que el nuevo paquete legislativo de la Unión Europea en el que se contiene el nuevo marco normativo de los contratos públicos: Directivas 23, 24 y 25, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 26 de febrero de 2014, incorpora, por primera vez en el Derecho europeo, una regulación especifica sobre la ejecución de los contratos que, en materia de condiciones especiales de ejecución, incorpora novedades destacables.

Así las cosas, la Junta Consultiva tras analizar por menudo la redacción de las cláusulas que se someten a su juicio, llega a la conclusión de que la inclusión en los Pliegos de Cláusulas Administrativas Particulares de condiciones especiales de ejecución en virtud de las que se obligue a las empresas adjudicatarias a no minorar las condiciones de trabajo (jornada, salario y mejoras sobre legislación laboral básica) de los trabajadores adscritos a los contratos en que éstas se incorporan, en función del convenio colectivo que resulte de aplicación al presentarse la oferta, no vulnera el ordenamiento jurídico español ni el Derecho de la Unión Europea, siempre que no sea discriminatoria y se respete el principio de publicidad.

En todo caso, indica que la decisión sobre la concreta incorporación en una licitación de esta tipo de cláusulas, salvo que se adopte una norma reglamentaria de obligado cumplimiento en tal sentido, corresponderá al órgano de contratación, que es el que ha de valorar las circunstancias de la concreta licitación.