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Imposibilidad (no procedencia) de acudir a la tramitación de emergencia para contratar unas mejoras/reformas/adecuaciones con las empresas que resultaron adjudicatarias de las mismas
21/12/2020

Informe 14/19, de 21 de julio de 2020, de la Comisión Consultiva de Contratación Pública de Andalucía, sobre la posibilidad de acudir a la tramitación de emergencia para contratar unas mejoras/reformas/adecuaciones con las empresas que resultaron adjudicatarias de las mismas.

La Alcaldesa de Villanueva de Córdoba solicita informe en relación aun contrato con objeto de reforma y adecuación del matadero municipal. Tras realizar una primera modificación contractual que no supera el 10% del valor estimado del contrato, se identifican una serie de mejoras adicionales que deberían implantarse para lo cual se tendría que licitar un nuevo contrato por superar el máximo establecido para modificaciones contractuales no sustanciales. El ayuntamiento pregunta si, atendiendo a que la campaña de matanza comienza en el mes de diciembre, y que la tramitación del correspondiente expediente licitatorio demoraría en exceso la apertura del matadero municipal, si podría amparar su actuación en un contrato de emergencia bajo la modalidad de situaciones que supongan grave peligro. Y en caso de no ser procedente dicha actuación, qué procedimiento sería el apropiado.

La Comisión Consultiva de Contratación Pública de Andalucía (CCCPA en adelante), reiterando en primer lugar la imposibilidad de prestar asesoría jurídica sobre cuestiones particulares que caracteriza a estos órganos, debiendo ceñirse por tanto su actuación a interpretaciones generales, comienza recordando el contenido del artículo 120.1 de la Ley 9/2017, que regula los supuestos que permiten acudir a este tipo de tramitación extraordinaria. Atendiendo a su contenido, que explicita que podrá acudirse al trámite de emergencia “Cuando la Administración tenga que actuar de manera inmediata a causa de acontecimientos catastróficos, de situaciones que supongan grave peligro o de necesidades que afecten a la defensa nacional”, las actuaciones de mejora/adecuaciones/reformas que deben acometerse a instancias de sanidad, independientemente de si las mismas pudieron ser previstas o no, tendrían difícil encaje en el artículo 120 LCSP, más aún si tenemos en cuenta que los supuestos de hecho que legitiman este tipo de tramitación extraordinaria debe ser interpretado de manera restrictiva.

Cabría plantearse más bien, según la CCCPA, si estaríamos en presencia de una modificación de estos contratos ya adjudicados y en fase de ejecución, en concreto aquellas que se modifican por razones de interés público (art. 203 LCSP). En concreto, dice la CCCPA, que aunque ya se hayan realizado modificaciones previstas por valor del 10% del valor estimado del contrato, cabría plantearse si las nuevas prestaciones podrían concebirse como modificaciones no previstas, reguladas en el artículo 205.2 LCSP. Este precepto permitiría realizar las modificaciones cuando:

a- Cuando deviniera necesario añadir obras, suministros o servicios adicionales a los inicialmente contratados, siempre y cuando el cambio de contratista no fuera posible por razones de tipo económico o técnico y, asimismo, que el cambio de contratista generara inconvenientes significativos o un aumento sustancial de costes para el órgano de contratación. En este caso, la alteración de la cuantía de la modificación del contrato no debe exceder, aislada o conjuntamente con otras modificaciones acordadas conforme al artículo 205 de la LCSP, del 50 por ciento de su precio inicial, IVA excluido.

b- Cuando la necesidad de modificar un contrato vigente se derive de circunstancias sobrevenidas y que fueran imprevisibles en el momento en que tuvo lugar la licitación. Para este supuesto se hace preciso que la necesidad de la modificación se derive de circunstancias que una Administración diligente no hubiera podido prever; que la modificación no altere la naturaleza global del contrato; y, por último, que la modificación del contrato implique una alteración en su cuantía que no exceda, aislada o conjuntamente con otras modificaciones acordadas conforme al artículo 205 de la LCSP, del 50 por ciento de su precio inicial, IVA excluido.

c- Cuando las modificaciones no sean sustanciales. En este caso se tendrá que justificar especialmente la necesidad de las mismas, indicando las razones por las que esas prestaciones no se incluyeron en el contrato inicial.

En estos casos, el margen del 50% podría permitir introducir este tipo de modificaciones si el órgano de contratación aprecia que se cumplan los presupuestos de hecho habilitantes. Por último, la CCCPA menciona otros procedimientos, como el negociado sin publicidad o el abierto simplificado, que permiten acortar los trámites de la licitación, y que podrían ser estudiados por la entidad adjudicadora.